El Senado de la Nación prevé debatir este jueves, desde el mediodía, el proyecto de ley de «Inviolabilidad de la Propiedad Privada», una de las iniciativas impulsadas por el Gobierno de Javier Milei que ya obtuvo dictamen de mayoría en comisiones tras varios meses de discusión.
Mientras el oficialismo sostiene que la norma busca fortalecer las garantías sobre el derecho de propiedad, distintos sectores políticos, organizaciones ambientalistas, especialistas y referentes sociales advierten que varios de sus artículos implican un cambio profundo en la regulación del territorio argentino y podrían afectar la soberanía nacional. En ese sentido, podría hasta permitir la connivencia con funcionarios públicos que ante una compra ilegal solamente tendrían que guardar silencio, mientras que en la actualidad están obligados a expresar una autorización para avanzar con una adquisición.
La derogación de la Ley de Tierras, uno de los principales cuestionamientos
Uno de los puntos más controvertidos del proyecto es la derogación de la Ley 26.737 de Tierras Rurales, vigente desde 2011. La legislación actual establece que las personas físicas o jurídicas extranjeras no pueden superar el 15% de la titularidad de las tierras rurales del país, además de fijar límites por nacionalidad y por extensión territorial.
Con la reforma impulsada por el Ejecutivo, esas restricciones desaparecerían, permitiendo que capitales extranjeros puedan adquirir tierras sin esos topes legales. Para los críticos, esto abre la posibilidad de una mayor extranjerización de recursos estratégicos, ya que muchas de esas superficies contienen reservas de agua dulce, litio, petróleo, gas, minerales y áreas de alto valor productivo.
Otro de los cuestionamientos apunta a la flexibilización de las restricciones sobre la adquisición de inmuebles ubicados en zonas de seguridad de frontera. Actualmente, la compra de tierras en esos sectores requiere autorizaciones especiales debido a su importancia para la defensa y el control territorial.
Quienes rechazan el proyecto sostienen que eliminar esas limitaciones podría favorecer el ingreso de intereses extranjeros sobre áreas consideradas estratégicas y dificultar las tareas de control por parte del Estado argentino. Según esta mirada, la soberanía no solo se vincula con la posesión formal del territorio, sino también con la capacidad efectiva del Estado para administrar espacios sensibles desde el punto de vista geopolítico.
Las críticas también alcanzan los cambios propuestos sobre la Ley de Manejo del Fuego. El proyecto elimina restricciones que actualmente impiden modificar el uso de los terrenos afectados por incendios durante determinados plazos y que se hacen para prevenir incendios intencionales con el objetivo de adueñarse de algún territorio.
Organizaciones ambientalistas advierten que esta modificación podría incentivar maniobras especulativas sobre tierras incendiadas y facilitar la adquisición de grandes extensiones por parte de desarrolladores inmobiliarios o empresas interesadas en la explotación de recursos naturales. En ese escenario, sostienen que ecosistemas estratégicos como bosques nativos, humedales y otras áreas de alto valor ambiental quedarían más expuestos a procesos de privatización y explotación.
Aunque el proyecto lleva el nombre de «Inviolabilidad de la Propiedad Privada», buena parte del debate gira en torno al modelo de administración del territorio y de los recursos naturales. Para sus detractores, la combinación de la derogación de la Ley de Tierras Rurales, la flexibilización de las normas sobre zonas de frontera y las modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego configura un escenario que podría debilitar la capacidad del Estado para preservar áreas estratégicas y proteger bienes comunes. Con esas posiciones enfrentadas, el Senado iniciará este jueves una discusión que trasciende el derecho de propiedad y pone en el centro del debate el alcance de la soberanía sobre el territorio argentino.
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