Cada 7 de julio, Argentina recuerda la importancia de cuidar uno de sus recursos naturales más valiosos: el suelo. La fecha fue instituida en 1963 por decreto presidencial, en homenaje al científico estadounidense Hugh Hammond Bennett, pionero mundial en el estudio de la conservación de suelos y considerado el padre de esta disciplina. Sin embargo, más de sesenta años después de aquel decreto, el diagnóstico sobre el estado de los suelos argentinos sigue siendo alarmante.
Según relevamientos recientes, cerca del 85% de los suelos con uso agropecuario en el país presenta algún grado de erosión o pérdida de fertilidad. El fenómeno no distingue regiones: la Pampa húmeda, el NOA, el NEA y la Patagonia enfrentan procesos de degradación que amenazan tanto la seguridad alimentaria como la rentabilidad de miles de productores. Las causas son conocidas y se repiten desde hace décadas: agricultura sin manejo sustentable, sobrepastoreo, deforestación y una urbanización que avanza sin planificación sobre tierras productivas.
En nuestra región, el panorama resulta especialmente sensible. Los cultivos de invierno, como el trigo y el garbanzo, cumplen una doble función en los sistemas productivos del NOA y del norte argentino: protegen al suelo durante los meses fríos y, al mismo tiempo, generan un rédito económico para el productor. Especialistas coinciden en que este tipo de rotaciones, sumadas a la siembra directa y al uso racional de fertilizantes, son herramientas clave para frenar el deterioro. El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) continúa impulsando estas prácticas junto con cultivos de cobertura, abonos orgánicos y obras de control de escorrentía, en un intento por revertir una tendencia que golpea de lleno a las economías rurales.
El otro lado del suelo: bosques que desaparecen
La conservación del suelo no puede pensarse sin mirar lo que ocurre con los bosques nativos, su principal barrera de protección natural. Y en ese frente, la noticia es preocupante. Durante 2025, Argentina perdió más de 210.000 hectáreas de bosque nativo, un salto del 40% respecto al año anterior que rompe con la desaceleración lograda tras la sanción de la Ley de Bosques en 2007. Entre 2018 y 2024, el país ya había perdido alrededor de 1,4 millones de hectáreas, una superficie comparable a decenas de ciudades del tamaño de Buenos Aires.
El Gran Chaco Americano —del cual forman parte extensas áreas de Santiago del Estero, provincia limítrofe con el NEA— concentra buena parte de esa pérdida. Comunidades indígenas y campesinas de la zona vienen denunciando desde hace años que el avance de la frontera agropecuaria no solo arrasa con el monte nativo, sino que también trae aparejados conflictos, hostigamientos y intentos de desalojo. Organizaciones como Greenpeace han señalado en reiteradas ocasiones a grandes productores vinculados a la ganadería y la agroindustria como responsables de desmontes en zonas de mediano y alto valor de conservación, categorías que, según la normativa nacional, deberían tener restricciones estrictas.
Buena parte de esta controversia gira en torno a los llamados sistemas silvopastoriles, una práctica que combina ganadería y manejo forestal y que, bien aplicada, puede resultar sustentable. El problema, advierten especialistas del Conicet, es que muchas veces se utiliza esa denominación para encubrir un desmonte casi total, dejando apenas algunos árboles dispersos sin cumplir ninguna función forestal real. Los propios monitoreos oficiales ubican al aprovechamiento silvopastoril entre las principales causas de pérdida de bosque nativo a nivel nacional.
⚠️ AVANZA LA MAFIA DEL DESMONTE SOBRE PROPIEDAD PRIVADA
📣 Una topadora ingresó a un campo privado en Pampa Flores, Charata, Chaco tras violentar el candado del portón, a pesar de las denuncias las autoridades competentes llegaron tarde o directamente no actuaron.
👉 La… pic.twitter.com/7eG7HzxeIp
— mavica (@mavica7) July 4, 2026
Menos fondos, más presión sobre el territorio
El contexto no ayuda. La eliminación de fondos destinados a la protección de bosques nativos y la reducción presupuestaria del organismo nacional encargado de administrarlos generaron preocupación entre técnicos provinciales, que advierten sobre la dificultad creciente para controlar y sancionar desmontes irregulares. A esto se suma el debate por una posible reforma de la Ley de Bosques, que podría habilitar la tala en zonas hoy protegidas por su valor de conservación medio, afectando potencialmente a más de 30 millones de hectáreas en todo el país.
Para muchos investigadores, la salida no pasa únicamente por sancionar leyes más estrictas, sino por acompañar a las poblaciones locales que, con su arraigo, contribuyen naturalmente al mantenimiento de la cobertura boscosa y del suelo productivo.
Como resumía hace décadas el propio Bennett, la tierra es la base de todo lo que la humanidad produce y sostiene. Su frase conserva total vigencia: la sociedad entera depende de la productividad del suelo, y por lo tanto, la sociedad entera —Estado, productores, científicos y comunidades— debe asumir la responsabilidad de cuidarlo. En un año donde la deforestación crece y los fondos de protección se reducen, la conmemoración de este 7 de julio llega con más preguntas que certezas sobre el rumbo que está tomando el país.
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