Mientras el Gobierno de Javier Milei presenta el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada como una iniciativa destinada a reforzar el derecho de propiedad y eliminar restricciones sobre la compra de tierras, especialistas convocados por el Senado plantearon que la discusión excede ampliamente el mercado inmobiliario.
Según expusieron, la propuesta implica revisar herramientas que durante años permitieron al Estado controlar quién adquiere tierras rurales, especialmente en zonas de frontera, donde confluyen recursos estratégicos, corredores internacionales y desafíos crecientes vinculados a la seguridad.
Qué modifica el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada
El proyecto presentado por el Gobierno de Javier Milei incluye la derogación de artículos fundamentales de la Ley 26.737, conocida como Ley de Tierras Rurales.
Entre otros cambios, elimina el límite del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales a nivel nacional, provincial y departamental; suprime restricciones sobre la compra de inmuebles ubicados en zonas de seguridad y próximos a cuerpos de agua; elimina controles administrativos sobre las operaciones y desmantela organismos encargados de supervisar la aplicación de la normativa.
Además, el proyecto también propone derogar disposiciones históricas vinculadas a la seguridad de fronteras, vigentes desde 1944, que establecen limitaciones para la adquisición de inmuebles en áreas consideradas estratégicas para la defensa nacional.
Fronteras: las organizaciones criminales avanzan ante la débil presencia estatal
El sociólogo Marcelo Bergman, expuso ante los senadores que Argentina posee una de las fronteras terrestres más extensas de la región, con miles de kilómetros difíciles de controlar y numerosos pasos formales e informales. En ese contexto, explicó que el país cumple actualmente un papel de tránsito dentro de las rutas internacionales del narcotráfico.
«No sabemos exactamente cuánto, pero pasa una buena cantidad de droga por el país que luego termina en Europa, en Australia u otros destinos», señaló.
A partir de ese diagnóstico, explicó que las organizaciones criminales no buscan únicamente mover mercancías ilegales, sino consolidar presencia territorial en aquellos lugares que les permiten asegurar corredores logísticos, proteger cargamentos y sostener otras actividades ilícitas.
«Las zonas de frontera son muy apetecibles porque funcionan como santuarios. Son espacios de paso de droga —proveniente de Paraguay o Bolivia— hacia nuestro país y desde aquí hacia otros mercados o hacia el consumo interno. Allí también se generan laboratorios de procesamiento», afirmó.
El investigador agregó que la experiencia reciente de distintos países latinoamericanos muestra cómo la consolidación territorial de organizaciones criminales suele comenzar en áreas fronterizas caracterizadas por una débil presencia estatal.
«Hay evidencia que muestra que cuanto más porosa es la frontera, mayor es el desarrollo de estas economías ilegales», advirtió.
Desde esa perspectiva, Bergman sostuvo que la modificación del régimen de compra de tierras podría representar un nuevo factor de vulnerabilidad: «Esta ley, en lo que respecta a las zonas de frontera, viene a quitar regulación y permite que grupos extranjeros —cuyo origen de fondos no podemos trazar— adquieran tierras y controlen espacios territoriales».
El NEA ya enfrenta un escenario sensible
Las advertencias formuladas durante el debate en el Senado adquieren una dimensión particular cuando se observan los datos más recientes sobre la extranjerización de tierras en el noreste argentino.
Un relevamiento del Observatorio de Tierras del Conicet y la Universidad de Buenos Aires, elaborado a partir de información oficial del Registro Nacional de Tierras Rurales, revela que siete departamentos de Misiones y Corrientes ya superan el límite del 15% de tierras en manos extranjeras establecido por la Ley 26.737.
El caso más significativo es el de la localidad misionera de Puerto Iguazú, donde el 40% de las 286.378 hectáreas del departamento pertenece a propietarios extranjeros. Vale señalar que este territorio integra el área de la Triple Frontera, uno de los puntos geográficos más sensibles del Cono Sur por su intensa circulación de personas y mercancías.
El informe también ubica por encima del límite legal a las localidades de Montecarlo (18%), Libertador General San Martín (17%), Eldorado (16%) y Concepción (16%).
En Corrientes, el panorama también resulta llamativo. Ituzaingó registra un 34% de su superficie en manos extranjeras, mientras que Berón de Astrada alcanza el 33%, más del doble del porcentaje permitido por la normativa vigente.
En ese contexto, el informe identifica que la región forma parte de un fenómeno de alcance nacional. De los 36 departamentos argentinos que superan el límite de extranjerización previsto por la Ley de Tierras, varios se encuentran precisamente en el NEA.
ADEMÁS EN NEA HOY:
Departamentos en Misiones y Corrientes superan el límite de tierras en manos de extranjeros
