El Ministerio de la Producción y Ambiente de Formosa aseguró que los controles, monitoreos y sanciones aplicadas permiten evitar que los desmontes ilegales avancen de manera descontrolada en la provincia. Desde el organismo señalaron que los datos oficiales muestran una realidad distinta a la planteada por algunos informes que agrupan a distintas jurisdicciones del norte argentino.
La cartera provincial también respondió al reciente informe de Greenpeace, al advertir que la organización presenta cifras generales de varias provincias sin diferenciar la situación particular de cada territorio.
Formosa sostiene un esquema de control para frenar los desmontes ilegales
Ante la problemática de los desmontes ilegales, el Gobierno de Formosa afirmó que mantiene un sistema permanente de monitoreo, inspecciones y aplicación de sanciones para controlar el uso del suelo y proteger los recursos naturales.
Desde el Ministerio de la Producción y Ambiente remarcaron que las intervenciones sobre bosques nativos están sujetas a controles provinciales y que, cuando se detectan incumplimientos, se aplican las medidas administrativas correspondientes. En ese marco, la provincia destacó que los desmontes ilegales no avanzan de manera descontrolada debido al seguimiento estatal.
Según explicó el director del Registro, Control y Fiscalización, el ingeniero agrónomo Wilson Dutra, de las 4.375 hectáreas señaladas en los informes, unas 3.078 hectáreas —cerca del 70%— corresponden a desarrollos productivos autorizados.
De acuerdo con los registros provinciales, estas superficies atravesaron evaluaciones de impacto ambiental antes de obtener el Permiso de Cambio de Uso de Suelo (PCUS). El volumen autorizado se concentra en 21 permisos, con un promedio de unas 146 hectáreas por proyecto.
El organismo provincial señaló además que la política ambiental formoseña combina la conservación de los ecosistemas con el desarrollo productivo regulado, mediante herramientas como los controles territoriales y la normativa vigente sobre bosques nativos.
Greenpeace y una mirada general sobre los desmontes
La discusión tomó fuerza tras la publicación de un informe de Greenpeace que alertó sobre desmontes registrados durante los primeros meses del año en distintas provincias del norte argentino, entre ellas Formosa, Chaco, Salta y Santiago del Estero.
Ante ese relevamiento, el Ministerio de la Producción y Ambiente de Formosa cuestionó que las cifras sean presentadas de manera conjunta, sin diferenciar con precisión la situación de cada jurisdicción. Según plantearon, este enfoque construye una mirada general sobre la región que deja en segundo plano las particularidades y los mecanismos de control existentes en cada provincia.
La principal objeción apunta justamente a esa falta de diferenciación: al reunir los datos de distintas jurisdicciones, el informe “mete a todos en la misma bolsa”, sin contemplar que existen diferentes políticas de fiscalización, niveles de control y procedimientos para detectar y sancionar desmontes ilegales.
Greenpeace señaló que durante el primer semestre del año se detectaron más de 40 mil hectáreas desmontadas en distintas provincias del norte argentino. Sin embargo, la presentación conjunta de esos datos no permite conocer por sí sola cuánto corresponde a cada jurisdicción ni cuál es la situación específica de Formosa.
Controles y sanciones ante los desmontes ilegales
Frente a este escenario, los antecedentes de fiscalización ambiental también forman parte del panorama de Formosa. En los últimos años, los organismos provinciales realizaron procedimientos y aplicaron sanciones por desmontes ilegales, incluidas multas de importantes montos, luego de investigaciones administrativas llevadas adelante por el Ministerio de la Producción y Ambiente.
A estos controles se suma el monitoreo satelital, que permite detectar intervenciones no autorizadas y determinar sus características. Según explicó Dutra, parte de las 1.297 hectáreas identificadas fuera de los permisos corresponden a “microdesmontes”, superficies de menor escala que fueron detectadas mediante imágenes de los satélites Landsat y Sentinel.
De esta manera, la discusión no pasa únicamente por contabilizar las hectáreas afectadas, sino también por observar qué controles existen, cómo se detectan las intervenciones ilegales y qué medidas se toman ante los incumplimientos. En el caso de Formosa, los datos oficiales y los procedimientos de fiscalización buscan mostrar una realidad que no puede equipararse automáticamente con la de otras jurisdicciones.
El debate ambiental vuelve así a poner en primer plano la importancia de analizar los desmontes con cifras desagregadas, diferenciando entre superficies autorizadas, intervenciones ilegales y los mecanismos utilizados para detectarlas y sancionarlas.
Fuente: Agenfor y Greenpeace
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