El Defensor del Pueblo de Formosa, José Leonardo Gialluca, cuestionó la iniciativa del Gobierno de Javier Milei para eliminar el régimen específico de control sobre los planes de ahorro para autos 0 km. Advirtió que los nuevos suscriptores podrían quedar sin la fiscalización previa de la Inspección General de Justicia (IGJ).
Según señaló, la medida podría generar mayores riesgos frente a aumentos de cuotas, demoras en las entregas, cambios contractuales y otros incumplimientos que actualmente cuentan con un marco regulatorio específico.
La advertencia desde Formosa por los planes de ahorro
El Defensor del Pueblo de Formosa, José Leonardo Gialluca, manifestó su rechazo a la iniciativa impulsada por el Gobierno nacional para modificar el régimen que regula los planes de ahorro. Si bien cuestionó las fallas que históricamente tuvo el sistema, sostuvo que la solución debería ser mejorar los controles y no eliminar el organismo encargado de fiscalizarlo.
Uno de los principales cuestionamientos apunta al funcionamiento de las cuotas. Según explicó Gialluca, el sistema arrastra un fuerte descrédito entre los consumidores debido a los incrementos del valor de las unidades y a las dificultades que enfrentan los suscriptores para conocer con claridad cuánto terminarán pagando por el vehículo.
El funcionario advirtió que, sin un organismo específico de control, situaciones como subas abruptas de las cuotas, demoras en la entrega de vehículos, modificaciones unilaterales de contratos o cambios en las condiciones del modelo podrían terminar directamente en los tribunales.
Qué podría cambiar con la desregulación
De acuerdo con el planteo difundido por la Defensoría del Pueblo, uno de los principales cambios estaría relacionado con el rol de la Inspección General de Justicia (IGJ). El organismo dejaría de ejercer su fiscalización sobre los nuevos contratos de planes de ahorro si avanza la reforma.
Los contratos vigentes, en cambio, continuarían bajo el marco actual y la eventual modificación no tendría efecto retroactivo, por lo que desde el organismo formoseño recomendaron a quienes ya se encuentran suscriptos continuar pagando normalmente sus cuotas.
El escenario sería diferente para quienes ingresen a un plan después de la eventual aprobación de la reforma. Según Gialluca, la relación quedaría principalmente circunscripta a un acuerdo privado entre la empresa y el comprador, con menor intervención estatal específica.
Las recomendaciones para quienes quieran comprar un 0 km
Ante este escenario, desde la Defensoría del Pueblo recomendaron extremar las precauciones antes de suscribir un nuevo plan de ahorro. Una de las principales sugerencias es contratar únicamente con administradoras oficiales vinculadas a terminales automotrices, evitando intermediarios o empresas sin respaldo suficiente.
También remarcaron la importancia de revisar cuidadosamente la letra chica del contrato. Entre otros puntos, el comprador debería verificar cómo se calcula el aumento de la cuota, qué referencia se utiliza para determinar el valor del vehículo y cuáles son las condiciones para la adjudicación y entrega.
Otro aspecto central son los gastos asociados al retiro del automóvil. El organismo aconsejó solicitar por escrito el detalle de conceptos como flete, patentamiento y derecho de adjudicación, para evitar costos inesperados una vez adjudicada la unidad.
Finalmente, recomendaron conservar toda la documentación relacionada con la operación. Promesas de vendedores, ofertas, folletos y capturas de pantalla deberían guardarse y, en la medida de lo posible, incorporarse al contrato para que las condiciones ofrecidas comercialmente queden respaldadas por escrito.
Un sistema utilizado por miles de compradores
Gialluca remarcó además el peso que tienen los planes de ahorro dentro del mercado automotor argentino y alertó sobre las consecuencias que podría tener una apertura del sistema sin controles específicos.
En ese sentido, sostuvo que el objetivo debería ser corregir las dificultades existentes sin eliminar las herramientas de fiscalización, especialmente en un mercado donde el valor de las cuotas puede modificarse de manera significativa y donde los consumidores quedan expuestos a compromisos financieros de largo plazo.
Fuente: Defensoría del Pueblo de Formosa
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