El femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años hallada sin vida tras una semana de búsqueda en Córdoba, abrió una serie de interrogantes sobre la actuación de la Justicia, las fuerzas de seguridad y los mecanismos de prevención que debían protegerla. Mientras la investigación avanza sobre Claudio Gabriel Barrelier, único imputado por el crimen, familiares, organizaciones feministas y referentes políticos comenzaron a señalar una sucesión de decisiones previas que, según sostienen, podrían haber evitado el desenlace.
Uno de los puntos más cuestionados es que Barrelier había sido denunciado en 2025 por un hecho de privación ilegítima de la libertad contra una expareja. En aquella causa permaneció detenido durante apenas 20 días y luego recuperó la libertad bajo fianza. La investigación estuvo a cargo de la Fiscalía de Instrucción del Distrito III Turno 6°, que consideró que no existían riesgos procesales suficientes para mantener la detención.
La revelación de esos antecedentes volvió a instalar una pregunta: ¿qué ocurre cuando las denuncias por violencia son minimizadas o no reciben una respuesta adecuada del sistema judicial?
La familia de Agostina también apunta contra la actuación de los organismos encargados de la búsqueda. Según relataron públicamente, desde las primeras horas posteriores a la desaparición aportaron datos, nombres y lugares vinculados al principal sospechoso. Sin embargo, aseguran que no fueron escuchados con la urgencia que requería el caso.
Las críticas también alcanzaron a la conferencia de prensa brindada tras el hallazgo del cuerpo. Diversos sectores señalaron la ausencia de una mirada con perspectiva de género y cuestionaron que la investigación no hiciera inicialmente referencia al posible agravante de femicidio. Para los movimientos feministas, el lenguaje utilizado por las autoridades no es una cuestión menor: implica reconocer o invisibilizar una problemática estructural que continúa cobrándose vidas en todo el país.
El caso de Agostina volvió además a poner bajo la lupa el funcionamiento de los protocolos de búsqueda de niñas y adolescentes desaparecidas. Organizaciones especializadas advierten desde hace años que las primeras horas son fundamentales y reclaman que las fuerzas de seguridad abandonen hipótesis que suelen retrasar las investigaciones, como asumir que las jóvenes se ausentaron voluntariamente.
Ver esta publicación en Instagram
El caso expone una realidad que se repite en numerosas causas judiciales: denuncias previas, antecedentes de violencia, advertencias familiares y respuestas estatales que llegan tarde. El patrón aparece una y otra vez en expedientes de femicidios ocurridos en distintos puntos del país.
A horas de una nueva movilización de Ni Una Menos, la muerte de Agostina Vega volvió a encender un reclamo que atraviesa a gran parte de la sociedad: que las denuncias sean tomadas en serio, que los protocolos funcionen cuando todavía hay tiempo y que las instituciones respondan antes de que la violencia se convierta en una tragedia irreversible.
La investigación judicial determinará las responsabilidades penales por el crimen. Sin embargo, para la familia de Agostina y para quienes siguen el caso, la pregunta excede al acusado: también apunta a las decisiones, omisiones y fallas institucionales que permitieron que las alertas previas no fueran suficientes para evitar el peor desenlace.
ADEMÁS EN NEA HOY:
Convocan a una nueva marcha de Ni Una Menos en Formosa a 11 años del movimiento
