La ofensiva del gobierno de Javier Milei contra la Ley de Etiquetado Frontal volvió a abrir un debate que parecía saldado desde 2021. A 5 años de su aprobación, la Casa Rosada impulsa la derogación de una de las principales políticas de salud pública vinculadas a la alimentación y coloca en una situación incómoda a varios legisladores que en su momento la respaldaron con entusiasmo. Entre ellos aparecen nombres conocidos del NEA como el correntino Carlos ‘Camau’ Espínola y el chaqueño Víctor Zimmermann, que votaron a favor de la norma cuando fue debatida en el Senado. Hoy, ambos forman parte del grupo de legisladores que habitualmente acompañan las iniciativas del oficialismo y podrían convertirse en piezas clave para sepultar la ley que inicialmente apoyaron.
La situación recuerda lo ocurrido semanas atrás con el régimen de Zona Fría, cuando varios aliados del Gobierno votaron en contra de beneficios que ellos mismos habían respaldado años antes. Ahora el escenario se repite con una ley que obtuvo uno de los consensos más amplios de los últimos tiempos: 64 votos afirmativos y apenas 3 negativos en la Cámara Alta.
Una ley nacida para informar al consumidor
La Ley 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable, más conocida como Ley de Etiquetado Frontal, fue sancionada en 2021 luego de años de debate entre especialistas, organizaciones de consumidores, universidades y sectores de la industria alimentaria. La normativa obliga a que los productos envasados exhiban octógonos negros cuando presentan excesos de azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales o calorías. También establece advertencias especiales para alimentos que contienen edulcorantes o cafeína y restringe la publicidad dirigida a niños y adolescentes.
La lógica detrás de la ley es brindar información clara y visible para que las personas puedan tomar decisiones de consumo más conscientes. Su aprobación estuvo respaldada por organismos internacionales como la Organización Panamericana de la Salud, que considera al sistema de octógonos uno de los mecanismos más eficaces para advertir sobre productos con perfiles nutricionales poco saludables. Además, la norma surgió en un contexto donde más de un tercio de los niños y adolescentes argentinos presentaban sobrepeso u obesidad, una situación asociada a enfermedades cardiovasculares, diabetes y otros problemas de salud.
Los argumentos de Milei para eliminar los octógonos
Desde el oficialismo sostienen que la ley no produjo los resultados esperados y que terminó generando efectos contraproducentes. Entre los principales argumentos aparecen tres ejes. El primero es que los sellos están presentes en una enorme cantidad de productos y que, al volverse omnipresentes, pierden capacidad de advertencia. El segundo es que el sistema actual no incentiva suficientemente a las empresas a reformular sus alimentos para reducir azúcares, grasas o sodio.
El tercero tiene que ver con cuestiones comerciales. Los impulsores de la derogación afirman que el esquema argentino difiere de los criterios utilizados por otros países del Mercosur y que esto genera dificultades para exportadores y fabricantes. También señalan que la adecuación de envases y procesos implicó costos adicionales para muchas empresas, especialmente pequeñas y medianas. Sin embargo, la finalidad de la ley nunca fue beneficiar a la industria sino proteger el derecho de los consumidores a conocer qué contienen los alimentos que compran.
Una medida hecha para quién y votada por quienes
Las críticas más fuertes al proyecto de derogación apuntan precisamente a este punto. La exdiputada Brenda Austin afirmó que detrás de la iniciativa existe una vieja presión de las grandes compañías alimentarias, que resistieron la ley desde sus comienzos. Durante el debate de 2021, numerosas empresas argumentaron que los octógonos podían afectar ventas, modificar hábitos de consumo y obligarlas a realizar inversiones para reformular productos y rediseñar envases. Pero justamente, ese es uno de los objetivos de quienes defienden la norma: generar incentivos para mejorar la calidad nutricional de los alimentos y transparentar información que antes quedaba escondida en tablas técnicas difíciles de interpretar.
La reciente decisión del Gobierno de eliminar regulaciones históricas sobre la producción de margarinas también alimentó sospechas entre organizaciones de consumidores y profesionales de la salud, que observan una orientación general hacia la desregulación del sector alimentario. Por eso, distintos sectores académicos salieron a rechazar la derogación. La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata sostuvo que la ley constituye una herramienta fundamental para la salud pública y advirtió que eliminarla significaría un retroceso en la lucha contra la obesidad, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares.
Si el proyecto avanza en el Senado, uno de los focos estará puesto sobre legisladores que años atrás defendieron la norma. Además de Camau Espínola y Víctor Zimmermann, el interrogante alcanza también a otros aliados habituales de Milei, entre ellos legisladores del PRO, la UCR y bloques provinciales que acompañaron la sanción original. La discusión promete transformarse en una prueba política incómoda. Porque más allá de los argumentos técnicos o comerciales, el debate expone una pregunta difícil de esquivar: si los octógonos eran necesarios para informar a los consumidores en 2021, ¿qué cambió desde entonces?
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