El Gobierno nacional dio un paso decisivo para avanzar con la reforma laboral al formalizar el pedido de una sesión especial en el Senado para el próximo miércoles 11 de febrero. La convocatoria, impulsada por el bloque oficialista que conduce Patricia Bullrich, busca tratar de manera exclusiva el proyecto de Modernización Laboral, una de las iniciativas más ambiciosas del presidente Javier Milei en el actual período de sesiones extraordinarias.
El pedido cuenta con el respaldo de 44 de los 72 senadores y, según admitió la propia Bullrich, el oficialismo asegura tener los votos necesarios para aprobar la iniciativa. “Si no los tuviéramos, no convocaríamos”, sostuvo la presidenta del bloque, en un gesto que confirma la decisión política de avanzar sin dilaciones y con mínima exposición al debate público.
El movimiento del Senado reconfiguró el escenario político de manera inmediata. En paralelo a la oficialización de la sesión, los gobernadores decidieron suspender la reunión que tenían prevista en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), donde se esperaba un posicionamiento conjunto sobre el impacto de la reforma, especialmente en los puntos vinculados a la reducción del Impuesto a las Ganancias y su efecto directo sobre los recursos coparticipables.
Lejos de ser un hecho aislado, la suspensión del encuentro de mandatarios provinciales fue leída como una victoria táctica de la Casa Rosada, que ganó tiempo para intensificar negociaciones, presiones y ofrecimientos a las provincias más permeables al diálogo. La ausencia de un pronunciamiento conjunto evitó un costo político elevado para el Ejecutivo en la antesala de una votación clave.
Otro dato relevante de la convocatoria es lo que quedó afuera del temario. Pese a que se daba por descontado, no se incluyó la reforma de la Ley de Glaciares, ni tampoco —al menos por ahora— la designación de Fernando Iglesias como embajador en Bélgica. La decisión de limitar el debate exclusivamente a la reforma laboral refuerza la idea de una sesión diseñada a medida del oficialismo, para evitar fisuras y discusiones que puedan poner en riesgo el resultado.
En ese esquema, el apoyo del NEA resultó determinante. Los senadores Carlos Omar Arce (Frente Renovador Neo) y Martín Goerling Lara (PRO Misiones) firmaron el pedido de sesión junto a otros legisladores clave como Eduardo Vischi y Carlos “Camau” Espínola, consolidando el respaldo regional al proyecto del Ejecutivo. En el escrito, los firmantes invocan el Reglamento del Senado y aseguran representar a una mayoría suficiente para habilitar el tratamiento y la votación.
Pese a la magnitud de la reforma, el contenido final del proyecto sigue rodeado de hermetismo. Bullrich fue tajante al respecto: las modificaciones se conocerán recién el día del debate en el recinto. La falta de transparencia y la ausencia de discusión previa con sectores afectados —trabajadores, sindicatos y provincias— alimentan las críticas sobre un proceso legislativo exprés, orientado más a cumplir con la agenda del Gobierno que a construir consensos duraderos.
Con la sesión del 11 de febrero en el horizonte, el oficialismo apuesta a capitalizar su mayoría circunstancial y avanzar con una reforma que promete cambiar de manera profunda las reglas del trabajo en Argentina, en un clima de creciente tensión social, gremial y política.
Con información de Parlamentario, Página 12 y La Voz de Misiones.
ADEMÁS EN NEA HOY:
El Gobierno reglamentó la ley de Emergencia en Discapacidad tras la presión judicial
