La destrucción del tejido productivo argentino ya no puede leerse como un fenómeno aislado ni coyuntural. Es, según advierten distintos análisis, una tendencia persistente y en aceleración. Un relevamiento de una consultora privada, elaborado sobre la base de datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), revela que en el último año desaparecieron 13.571 empresas empleadoras en todo el país.
El dato no solo es contundente por su magnitud —una caída del 2,5% del total— sino también por su extensión territorial: el retroceso se registra de manera generalizada en prácticamente todas las jurisdicciones. No hay excepciones. No hay «islas» de crecimiento que compensen el derrumbe. Si se amplía la mirada y se toma como punto de partida noviembre de 2023 —antes del inicio de la gestión de Javier Milei— el panorama es todavía más preocupante: en ese período desaparecieron 24.046 empresas empleadoras, lo que representa una contracción del 4,4%.
Un aspecto alarmante es la persistencia del fenómeno: con febrero de 2026 ya son 23 meses consecutivos de caída interanual en la cantidad de empleadores. Y peor aún, desde agosto de 2025 la velocidad de destrucción se viene acelerando, lo que indica que lejos de encontrar un piso, la crisis se profundiza.

El impacto de la era Milei
En términos concretos, el país pasó de tener 512.317 firmas con trabajadores registrados a apenas 499.246 en febrero de 2026. Es decir, miles de unidades productivas menos, miles de persianas bajas, miles de proyectos truncos.
Lejos de tratarse de grandes conglomerados, la mayoría de las empresas que desaparecen son pequeñas y medianas, las verdaderas generadoras de empleo en la Argentina. Es ahí donde el impacto social se vuelve más profundo y silencioso.
El informe también identifica a los sectores más afectados. El rubro de transporte y almacenamiento encabeza la lista, con más de 3.300 empleadores menos, lo que evidencia el freno en la actividad económica y la circulación de bienes. En paralelo, la destrucción de empleo acompaña este proceso. En los primeros meses de la actual gestión se perdieron más de 219.000 puestos de trabajo registrados en unidades productivas. El ajuste no solo cerró empresas: también vació plantillas.
Paradójicamente, las mayores pérdidas de empleo se dieron en las empresas de mayor tamaño, con más de 500 trabajadores, lo que revela que la crisis no distingue escalas. Sin embargo, el cierre masivo de pymes multiplica el daño estructural, porque son más difíciles de recuperar.

Importaciones y cambio de modelo
El deterioro del entramado productivo no ocurre en el vacío. Coincide con un cambio profundo en el modelo económico, donde la apertura comercial gana terreno y la producción local retrocede. Diversos estudios privados advierten que la importación de bienes finales creció de forma acelerada, desplazando a la industria nacional. Empresas que antes producían hoy importan. O directamente cierran.
Casos en sectores como calzado, línea blanca, automotriz, alimentos o electrónica muestran una misma lógica: achicamiento, despidos, suspensiones y reconversión hacia modelos basados en la comercialización de productos extranjeros. El resultado es un círculo vicioso: menos producción local implica menos empleo, menor consumo interno y, en consecuencia, más cierres de empresas.

Los números son claros y el diagnóstico empieza a repetirse: la Argentina atraviesa un proceso de desindustrialización en marcha. No se trata solo de una recesión, sino de una transformación estructural que redefine el perfil productivo del país. La pregunta de fondo es si este camino tiene retorno. Porque cada empresa que cierra no es solo un número en una estadística: es capacidad productiva que se pierde, conocimiento que se diluye y empleo que difícilmente se recupere en el corto plazo.
Mientras tanto, los datos siguen marcando la misma dirección: menos empresas, menos trabajo y una economía cada vez más dependiente del exterior. Una combinación que, lejos de ordenar, parece estar desarmando pieza por pieza el entramado productivo nacional.
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