La cuarta Marcha Federal Universitaria volvió a poner en el centro de la escena el conflicto entre las universidades públicas y el gobierno de Javier Milei. Con movilizaciones en todo el país y una Plaza de Mayo colmada, la protesta reunió a miles de estudiantes, docentes, investigadores y trabajadores no docentes que reclamaron por el desfinanciamiento universitario, la pérdida salarial y el impacto del ajuste económico sobre la educación pública.
La comunidad universitaria mostró fuerza en las calles
La convocatoria tuvo un fuerte impacto político y social. Desde temprano comenzaron las concentraciones en distintos puntos de Buenos Aires y en las principales ciudades universitarias del interior.
Las columnas avanzaron con banderas de facultades, sindicatos y centros de estudiantes en una jornada que los organizadores calificaron como una movilización “multitudinaria y federal”, marcada por el rechazo al ajuste impulsado por el Gobierno nacional y la defensa de la universidad pública y gratuita.
El reclamo fue impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y los gremios docentes y no docentes. Las organizaciones denunciaron una situación “crítica” por la caída real del presupuesto universitario y advirtieron que muchas instituciones tienen dificultades para sostener gastos básicos de funcionamiento, programas de investigación y becas estudiantiles.
Un conflicto que se profundizó en los últimos dos años
La tensión entre las universidades y el Gobierno comenzó a escalar desde el inicio de la gestión de Javier Milei. Rectores, docentes y estudiantes sostienen que las partidas destinadas al sistema universitario quedaron muy por debajo de la inflación y provocaron un fuerte deterioro presupuestario en las casas de estudio.
Aunque durante 2024 y 2025 hubo actualizaciones parciales, las universidades aseguran que los incrementos fueron insuficientes frente al avance de los precios. La situación derivó en una pérdida sostenida del poder adquisitivo de docentes y trabajadores universitarios, además de problemas para sostener actividades académicas, científicas y de extensión.
Uno de los puntos más conflictivos fue la discusión por la Ley de Financiamiento Universitario, impulsada para garantizar recursos actualizados para las universidades nacionales. El Gobierno rechazó la iniciativa al considerar que afectaba el objetivo de déficit cero, una decisión que profundizó el conflicto con rectores y gremios universitarios.
Las autoridades universitarias sostienen que la crisis presupuestaria ya afecta áreas sensibles del sistema educativo. Entre los principales problemas mencionan el deterioro de laboratorios, el freno a investigaciones científicas, la reducción de becas y las dificultades para sostener hospitales universitarios y programas de asistencia estudiantil.
Salarios que pierden frente a la inflación
Uno de los reclamos centrales de la movilización fue la situación salarial de docentes y trabajadores universitarios. Los gremios denunciaron que los aumentos otorgados por el Gobierno quedaron lejos de la inflación acumulada y señalaron una fuerte caída del salario real en el sector educativo.
Desde las universidades también alertaron sobre la renuncia de profesionales e investigadores que no logran sostener sus ingresos. Según remarcaron los sindicatos, esta situación impacta directamente en la calidad educativa, la continuidad de proyectos científicos y la formación académica de miles de estudiantes.
La protesta también visibilizó el deterioro de las condiciones estudiantiles. Organizaciones universitarias denunciaron el congelamiento de becas, el aumento de los costos de alquiler y transporte y las dificultades económicas que enfrentan miles de jóvenes para continuar sus estudios superiores.
Una marcha federal que se replicó en todo el país
La marcha tuvo réplicas en distintas provincias y volvió a mostrar una importante participación juvenil. En Buenos Aires, miles de personas se movilizaron hacia Plaza de Mayo, mientras que en ciudades como Córdoba, Rosario, La Plata, Tucumán y Mendoza también hubo convocatorias masivas en defensa de la educación pública.
En el NEA, estudiantes y docentes de la UNNE participaron de actividades y movilizaciones en Corrientes y Resistencia para denunciar el impacto del ajuste sobre las universidades públicas de la región. Las jornadas incluyeron clases públicas, radios abiertas y actos frente a sedes universitarias.
Las imágenes de plazas colmadas y largas columnas volvieron a reflejar la capacidad de movilización del sistema universitario argentino. Para los organizadores, la convocatoria mostró que el conflicto sigue creciendo y que existe una fuerte defensa social de la universidad pública, gratuita y federal frente al ajuste nacional.
El Gobierno mantiene su postura
Desde el Gobierno nacional defendieron el ajuste y sostuvieron que las universidades recibieron actualizaciones presupuestarias. Funcionarios oficialistas también cuestionaron a sectores sindicales y políticos que participaron de las movilizaciones, al considerar que buscan “politizar” el conflicto universitario.
La cuarta Marcha Federal Universitaria dejó así una nueva señal de alerta sobre la situación de la educación superior en Argentina. Lejos de desactivarse, el conflicto entre las universidades y el Gobierno nacional parece profundizarse en medio del ajuste económico, la caída salarial y el reclamo por más presupuesto para sostener el sistema público universitario.
