La Justicia chaqueña avanza en una causa que investiga presuntas maniobras financieras irregulares con fondos públicos de la Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña. El expediente apunta a operaciones bursátiles realizadas por más de $1.700 millones mediante la compra de cheques sin garantía de cobro, en una operatoria de alto riesgo que ahora derivó en la imputación de un funcionario municipal.
El funcionario involucrado es Diego Landriscina, quien fig0uraba como autorizado para operar con los recursos municipales en el mercado bursátil. Según la investigación, las inversiones se habrían realizado en el segmento conocido como NOGA (No Garantizado), una modalidad financiera que terminó dejando fondos públicos comprometidos y bajo disputa judicial.
La causa quedó en manos del fiscal Marcelo Soto, del Equipo0, quien citó a Landriscina a declaración indagatoria este martes 12 de mayo. La convocatoria judicial marca un punto de inflexión en el expediente, ya que implica que la fiscalía considera que existen elementos suficientes para atribuirle una presunta responsabilidad penal.
Una operatoria bajo sospecha
La investigación judicial busca determinar cómo se autorizaron las operaciones financieras que involucraron fondos municipales y terminaron en una compleja situación económica para el municipio. De acuerdo con la causa, parte del dinero quedó atrapado tras el embargo de aproximadamente $1.900 millones contra la Bolsa de Comercio vinculada a las operaciones.
Desde el entorno del funcionario sostienen que Landriscina no autorizó las operaciones cuestionadas y pidieron la realización de pericias informáticas para determinar responsabilidades. “No autorizó las operaciones”, insistió la defensa, en medio del avance de la causa judicial.
El caso también generó fuerte repercusión política en Sáenz Peña, ya que semanas atrás el intendente Bruno Cipolini había anunciado un acuerdo para recuperar el dinero en cuotas actualizadas. Sin embargo, para la fiscalía ese entendimiento económico no elimina posibles responsabilidades administrativas o penales sobre el manejo de los recursos públicos.
La investigación podría ampliarse
La indagatoria de Landriscina podría abrir una nueva etapa en la causa. Fuentes judiciales señalan que la declaración del funcionario será clave para determinar si la investigación avanza sobre otros actores del entramado financiero y administrativo que permitió las operaciones.
En Sáenz Peña, el expediente ya es conocido como la “Causa Bolsa”, debido a la utilización de instrumentos bursátiles para administrar fondos municipales. El caso volvió a poner en debate los controles sobre el uso de dinero público y las inversiones financieras realizadas por municipios en contextos de fuerte inestabilidad económica.
La investigación continúa y no se descartan nuevas imputaciones en las próximas semanas, mientras la Justicia intenta reconstruir cómo se ejecutaron las operaciones y quiénes participaron en la autorización de los movimientos financieros bajo sospecha.
Fuente: Perfil
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