El Gobierno nacional oficializó un recorte de $2.557.311.667 en el presupuesto destinado a la conservación y funcionamiento de áreas protegidas en todo el país. La medida, instrumentada a través de la Decisión Administrativa 20/2026 y publicada en el Boletín Oficial, lleva las firmas del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y del Ministro de Economía, Luis Caputo.
El ajuste impacta de manera directa en la Administración de Parques Nacionales (APN), organismo responsable de la gestión de 46 parques nacionales, reservas y monumentos naturales. Según se desprende de la normativa, la reducción afecta partidas sensibles vinculadas al funcionamiento cotidiano, como combustible, patrullajes, mantenimiento de infraestructura y programas de conservación ambiental.
Entre las áreas más afectadas aparece el Parque Nacional Nahuel Huapi, con una quita de $190,8 millones. También se registraron recortes significativos en el Parque Nacional Lanín (-$156,9 millones) y en el Parque Nacional Los Glaciares (-$77,4 millones). En el Litoral, el impacto alcanza al Parque Nacional Iguazú, uno de los principales destinos turísticos del país y hogar de las Cataratas del Iguazú, que sufrió un recorte de $41,7 millones en sus recursos operativos.
La reducción presupuestaria no se limita a regiones específicas, sino que se extiende a todo el territorio nacional. En el norte argentino, el ajuste afecta parques como Calilegua, Baritú, El Rey, Los Cardones, Río Pilcomayo, El Impenetrable, Copo y Aconquija. En el centro del país, las quitas alcanzan a áreas como Quebrada del Condorito, Ansenuza, Talampaya y Sierra de las Quijadas.
En paralelo, la Patagonia también registra impactos en unidades clave como Laguna Blanca, Lago Puelo, Monte León, Perito Moreno e Islote Lobos, además de áreas marinas protegidas. En la provincia de Buenos Aires, el recorte alcanza a Campos del Tuyú y Ciervo de los Pantanos, mientras que en el Litoral también se ven afectadas áreas como Iberá, Mburucuyá, El Palmar y el Pre-Delta.
Uno de los puntos más sensibles del ajuste es su impacto sobre las tareas de campo. Guardaparques y trabajadores del sistema advierten que la reducción de fondos compromete la capacidad operativa para realizar patrullajes, controlar actividades ilegales y sostener acciones de conservación. Además, se verán limitados los recursos destinados a la prevención y combate de incendios forestales, en un contexto donde los eventos extremos son cada vez más frecuentes.
El recorte también pone en riesgo la infraestructura destinada al turismo y la educación ambiental, dos pilares del sistema de áreas protegidas. La menor disponibilidad de recursos podría traducirse en servicios reducidos para visitantes y en la paralización de proyectos de preservación.
De este modo, la decisión del Gobierno nacional introduce un fuerte ajuste sobre uno de los sistemas de conservación más importantes del país, con impacto directo tanto en la protección de la biodiversidad como en las economías regionales que dependen del turismo vinculado a los parques nacionales.
Fuente: Misiones Online
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