La situación judicial del titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Andrés Vázquez, volvió a generar tensión dentro del Gobierno nacional luego de que la Justicia habilitara nuevas medidas de prueba en una causa por presunto enriquecimiento ilícito, lavado de activos y evasión tributaria.
La decisión fue tomada por el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, quien dio lugar a un pedido de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas para profundizar la pesquisa. El avance judicial se produce en un contexto sensible para la administración de Javier Milei, que en las últimas semanas enfrentó cuestionamientos por casos similares dentro de su gabinete.
Una trama de sociedades y bienes no declarados
Según el dictamen del fiscal Sergio Rodríguez, la investigación apunta a un presunto esquema de ocultamiento patrimonial que habría sido sostenido durante más de una década. La hipótesis sostiene que Vázquez utilizó una red de sociedades locales y offshore para administrar bienes y evitar declararlos ante los organismos de control.
En Argentina, la lupa está puesta sobre Consultora San Andrés, una firma vinculada al funcionario que, pese a no registrar empleados, habría sido utilizada para canalizar operaciones financieras, adquirir vehículos de alta gama y otorgar préstamos internos para la compra de inmuebles. A nivel internacional, la estructura se complejiza con la participación de sociedades radicadas en Panamá y en las Islas Vírgenes Británicas, que habrían servido como intermediarias para la adquisición de propiedades en Estados Unidos, particularmente en Miami.
Propiedades en Miami y operaciones bajo sospecha
La causa pone el foco en al menos tres inmuebles de lujo en Miami, adquiridos por un total de 2,1 millones de dólares. Entre ellos figuran unidades en el complejo Icon Brickell, sobre la avenida Brickell, y en el exclusivo Chateau Beach Residences, en Sunny Isles.
Uno de los puntos que más inquieta a los investigadores es la inconsistencia entre estas inversiones y las declaraciones patrimoniales del funcionario: al momento de concretar las compras, Vázquez habría informado activos líquidos por apenas 44.000 dólares ante el fisco. En paralelo, también se investigan operaciones inmobiliarias en Puerto Madero, donde se detectaron presuntas subvaluaciones en la compra de propiedades de alto valor, lo que podría constituir otra maniobra para justificar el origen de los fondos.
Nuevas medidas y posible indagatoria
Aunque el juez no fijó fecha para una eventual indagatoria, sí autorizó una batería de medidas que incluyen pedidos de información a organismos públicos y entidades privadas, tanto en Argentina como en el exterior. Entre ellas, figuran exhortos a bancos internacionales, registros de propiedad y plataformas inmobiliarias. El objetivo, según la fiscalía, es reconstruir un posible «mecanismo integrado de colocación y estratificación de activos», orientado a blanquear dinero de origen ilícito.
Desde el entorno oficial, el asesor presidencial Santiago Caputo salió a relativizar el avance judicial al sostener que se trata de una causa ya cerrada y con antecedentes de sobreseimiento. Sin embargo, los nuevos elementos incorporados por la PIA abrieron una línea de investigación distinta, lo que reactivó el expediente. El propio Presidente Milei había defendido previamente a Vázquez, destacando su conocimiento técnico en materia impositiva y relativizando el impacto de las causas judiciales en funcionarios públicos.
Un nuevo foco de conflicto
El caso se suma a otros episodios recientes que golpearon la imagen del Gobierno en materia de transparencia, particularmente aquellos vinculados a la tenencia de propiedades no declaradas en el exterior.
En este escenario, la evolución de la causa contra el titular de ARCA podría convertirse en un nuevo frente político y judicial para la Casa Rosada, en momentos donde la gestión busca sostener su agenda económica y su credibilidad institucional.
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