La Justicia chaqueña ordenó la entrega inmediata de 30 cajas de medicamentos esenciales para un niño de 11 años con un cuadro de salud crítico, en un caso que vuelve a poner en el centro la crisis del sistema sanitario provincial. La medida apunta directamente contra la obra social estatal, el INSSSEP, por incumplir con la provisión en tiempo y forma.
El menor padece parálisis cerebral y síndromes epilépticos generalizados, por lo que necesita medicación mensual de manera continua e ininterrumpida para sobrevivir. Según la resolución judicial, la falta de entrega adecuada de los fármacos lo expone a riesgos severos, incluidas convulsiones recurrentes.
El fallo fue dictado por un juzgado civil de Resistencia, que consideró que la conducta de la obra social “compromete directamente la vida del menor” y ordenó garantizar no solo la entrega urgente, sino también la continuidad del tratamiento sin interrupciones.
Un caso que refleja el deterioro del sistema de salud
Detrás de la medida judicial aparece un contexto más amplio: denuncias por recortes, demoras y falta de cobertura médica en la provincia del Chaco desde el cambio de gestión. Familias de pacientes con discapacidad y enfermedades graves vienen alertando sobre una creciente dificultad para acceder a tratamientos esenciales.
En este caso, los padres del niño denunciaron que los pedidos de medicación llegaban tarde o incompletos, lo que generó un agravamiento del cuadro clínico. Incluso señalaron que no cuentan con recursos económicos para cubrir los costos por fuera del sistema.
El organismo involucrado, el INSSSEP, concentra entre el 70% y 80% de la cobertura sanitaria provincial, incluyendo a trabajadores estatales, jubilados y personal de salud, lo que amplifica el impacto de cualquier falla en su funcionamiento.
Denuncian recortes y cambios en la atención médica
Abogados y familiares advierten que la situación no es aislada. Denuncian recortes en medicamentos de alto costo y modificaciones en el sistema de derivaciones, especialmente para tratamientos complejos que antes se realizaban fuera de la provincia.
Según señalaron, pacientes que anteriormente eran atendidos en centros especializados de Buenos Aires ahora son derivados a instituciones locales que, aseguran, no cuentan con la complejidad necesaria para patologías graves.
Además, describen prácticas dilatorias en la entrega de medicamentos, con reiteradas postergaciones y falta de respuestas, lo que genera una situación de incertidumbre constante para quienes dependen de tratamientos para sostener su vida.
Un fallo que reabre el debate sobre el ajuste en salud
El caso se inscribe en un escenario más amplio de discusión sobre el impacto de las políticas de ajuste en el sistema sanitario, tanto a nivel provincial como nacional. En este marco, el fallo judicial aparece como un límite institucional frente a la vulneración del derecho a la salud.
La resolución no solo obliga a entregar la medicación requerida, sino que también establece que la obra social debe abstenerse de interrumpir o modificar las prestaciones médicas, al menos hasta que haya una sentencia definitiva.
Mientras tanto, el caso expone una realidad más profunda: pacientes y familias que deben recurrir a la Justicia para acceder a tratamientos básicos, en un contexto donde el sistema sanitario muestra señales de fragilidad creciente.
