Desde la empresa Servicios Energéticos del Chaco Empresa del Estado Provincial (SECHEEP) explicaron que es imperativo que los usuarios comprendan que el incremento en los montos de las facturas de luz no responde a una decisión local, sino a una política de ajuste nacional. El Presidente de la prestataria chaqueña, José Bistoletti, puntualizó que es necesario distinguir entre el Valor Agregado de Distribución (VAD), que es el único recurso que perciben las empresas provinciales, y el valor de la energía propiamente dicho, el cual es fijado por la Nación.
Bistoletti señaló que el impacto ha sido “duro y muy marcado”, con un aumento que en 2024 rondó el 470% y que continúa incrementándose en el presente año. A pesar de esta situación, el funcionario destacó que la distribuidora local no ha incrementado su tarifa propia en más de dos años, manejándose con valores de diciembre de 2023. Esta situación financiera hace que sea “verdaderamente muy difícil” mantener la calidad del servicio y realizar las inversiones necesarias que aún no se han trasladado a las facturas.
El titular de SECHEEP reconoció que la política implementada por el Gobierno nacional de eliminar los subsidios y llevar los servicios a su «valor real» ha sido “muy cruda”. Según su análisis, esta medida se siente con mayor fuerza en provincias como las del NEA, que se encuentran alejadas de la zona central del país y dependen enteramente de las definiciones de la Secretaría de Energía de la Nación.
Finalmente, Bistoletti lamentó que, aunque se intente explicar el origen de los costos, los usuarios perciben a la distribuidora como la responsable directa de los aumentos debido al membrete de la factura. “Todo ese aumento lo percibe como que fuese para la distribuidora”, explicó, cuando en realidad el margen de las empresas provinciales se ve reducido ante la imposibilidad de aplicar sus propios incrementos frente al peso del costo nacional de la energía.
En la misma línea, el ingeniero Fernando De Vido, Presidente del directorio de REFSA (Formosa), fue categórico al afirmar que “ni REFSA ni la provincia son responsables de los elevados costos en la generación y transporte de la energía”. De Vido denunció que el Gobierno nacional aumentó el megavatio de potencia de 80 mil pesos en diciembre de 2023 a 8 millones de pesos actualmente, lo que representa un incremento de 100 veces en el valor de la energía. Además, advirtió que gran parte del pago de los vecinos se transfiere directamente a Nación en concepto de costo de energía, transporte e IVA (21%), sumado a una reducción drástica en los topes de consumo subsidiado.
Por su parte, Carlos Minucci, Secretario general de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía (APSEE), coincidió en que el encarecimiento tarifario responde a la decisión nacional de trasladar todo el costo al usuario sin topes definidos. Minucci alertó sobre la dolarización del sistema, señalando que “nosotros pagamos en pesos, pero nos cobran en dólares”, lo que ha provocado que facturas de hogares pasen de 30.000 a 200.000 pesos o más con el mismo consumo. Según el referente de APSEE, esta situación es “insostenible” y responde a una necesidad de recaudación nacional que está afectando tanto a familias como a empresas en todo el país.
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