El gobierno de Javier Milei atraviesa uno de sus momentos más complejos desde su asunción. A la persistente fragilidad económica, reflejada en una inflación que volvió a acelerarse en marzo, se suman investigaciones judiciales que avanzan sobre exfuncionarios y figuras cercanas al oficialismo. En ese contexto, el Presidente profundizó en los últimos días una ofensiva sistemática contra el periodismo, con un nivel de agresividad y volumen inédito incluso para sus propios antecedentes.
Durante el fin de semana de Pascuas, la actividad del mandatario en la red social X alcanzó un punto extremo: según un relevamiento del diario La Nación, Javier Milei publicó 86 tuits propios contra periodistas y replicó otros 874 mensajes de cuentas afines. En total, más de 900 intervenciones dirigidas a desacreditar a la prensa en apenas cuatro días. No se trató solo de una continuidad discursiva, sino de una escalada cuantitativa y cualitativa que consolidó un patrón: instalar la idea de que el periodismo actúa como un actor delictivo o conspirativo.
Esa narrativa fue reforzada días después en una entrevista en la TV Pública, donde el Presidente afirmó que “el 95% de los periodistas son delincuentes” y que “envenenan a la gente”. Lejos de tratarse de una frase aislada, sus declaraciones se inscriben en una construcción discursiva más amplia que busca erosionar la credibilidad de los medios en su conjunto, sin distinción de líneas editoriales ni trayectorias profesionales.
🇦🇷 Javier Milei: El 95% de los periodistas son DELINCUENTES @JMilei pic.twitter.com/TLCAeC71sF
— Tv Pública Libertaria (@Tv_Libertaria) April 13, 2026
Los ataques también se personalizan. Uno de los blancos recurrentes fue el periodista Joaquín Morales Solá, a quien Milei calificó como “basura humana” tras una columna crítica. En paralelo, el mandatario arremetió contra Nacho Girón, de Infobae, a quien acusó de ser un “mentiroso serial” por citar fuentes de Casa Rosada en su cobertura del AmCham Summit. El cuestionamiento, en este caso, no solo fue personal sino también metodológico: puso en duda una práctica habitual del periodismo político como es el uso de fuentes reservadas.
Esta basura inmunda asquerosa sigue citando fuentes de Casa Rosada mientras que nadie de peso habla con él…
Un mentiroso serial…— Javier Milei (@JMilei) April 15, 2026
Milei redobla ataques al periodismo en medio de la crisis del Gobierno
La virulencia de estas embestidas no ocurre en el vacío: coincide con una serie de hechos que incomodan al Gobierno y que han sido objeto de cobertura periodística en las últimas semanas.
A esto se suma el avance judicial en el denominado caso de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), donde el juez Ariel Lijo citó a indagatoria a 35 personas —entre exfuncionarios, empresarios y operadores— por presuntas maniobras de corrupción en la adjudicación de insumos médicos. Entre los implicados aparece Diego Spagnuolo, figura vinculada al oficialismo desde sus inicios. La causa investiga un esquema de direccionamiento de contratos y posibles retornos que habría afectado recursos destinados a sectores vulnerables.
En paralelo, se agravan los cuestionamientos a la figura del Jefe de Gabinete Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito y el uso de fondos públicos para actividades de recreación privada. Si bien estos temas aún se encuentran en distintas etapas de investigación, forman parte de un escenario que tensiona la narrativa oficial.
El objetivo de Milei: desacreditar al periodismo para condicionar el debate público
En este contexto, la escalada de agresiones de Javier Milei contra el periodismo deja de ser un rasgo discursivo para convertirse en una herramienta política. Mientras se acumulan datos económicos adversos y avanzan investigaciones que comprometen a figuras del oficialismo, el Gobierno opta por confrontar con quienes informan sobre esos hechos.
La estrategia no solo busca deslegitimar las voces críticas, sino también condicionar el debate público en un momento de creciente tensión social. La pregunta que queda abierta es hasta qué punto esta dinámica puede sostenerse sin afectar aún más la calidad institucional y el derecho de la sociedad a estar informada.
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