En apenas un mes, Manuel Adorni pasó de ser el funcionario mejor valorado del gobierno de Javier Milei a convertirse en el epicentro de una tormenta judicial que no parece amainar. Lo que comenzó con la revelación de que su esposa viajó en el avión presidencial a Nueva York derivó en una investigación penal por enriquecimiento ilícito que hoy acumula propiedades, préstamos opacos y testigos que dicen no conocer al ministro.
Las causas: tres frentes abiertos
El fiscal federal Gerardo Pollicita lleva adelante las dos causas centrales bajo el juzgado de Ariel Lijo. La primera investiga el viaje en jet privado a Punta del Este realizado en febrero, cuyo costo habría sido afrontado por Marcelo Grandío, periodista amigo del funcionario con contratos vigentes en la televisión pública. La segunda, y más grave, apunta al crecimiento patrimonial de la familia Adorni durante el ejercicio de la función pública.
Hay además una tercera causa a cargo del juez Daniel Rafecas, que examina el uso del avión presidencial para el traslado de la esposa del ministro al exterior. El nudo de la investigación gira en torno a dos propiedades adquiridas por el matrimonio Adorni-Angeletti desde que él asumió: una casa en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, y un departamento de 200 metros cuadrados en Caballito escriturado por 230.000 dólares, cifra que tasadores privados sitúan en al menos 500.000. Lo llamativo es que el 87% del valor declarado proviene de un préstamo privado de dos mujeres jubiladas que, consultadas por la prensa, negaron conocer al funcionario.
La escribana que certificó ambas operaciones, Adriana Nechevenko, visitó la Casa Rosada al menos siete veces antes de concretarlas y tiene antecedentes como testigo en el megajuicio de 2014 por tráfico de efedrina. Está citada para declarar el 8 de abril.
En paralelo, la fiscalía investiga un posible viaje al Caribe a fines de 2024 que Adorni negó públicamente, aunque los registros migratorios muestran movimientos inconsistentes con esa negativa. El funcionario, por su parte, contrató al abogado penalista Matías Ledesma para organizar su defensa ante una eventual indagatoria.
El episodio del vuelo: una declaración interrumpida en vivo
Uno de los momentos más llamativos de la causa ocurrió durante la declaración testimonial de la secretaria del piloto que organizó el viaje a Uruguay. Mientras ella relataba ante el fiscal que Grandío le había pedido que ese vuelo no quedara facturado, comenzaron a llegarle mensajes del propio Grandío, que se había enterado en tiempo real de lo que ella estaba diciendo. La Justicia reaccionó con una orden de restricción de contacto entre ambos.
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¿Tiene fueros? ¿Puede el Congreso removerlo?
A diferencia de un legislador, el jefe de Gabinete no goza de fueros de ningún tipo. Puede ser procesado, imputado y eventualmente condenado por la Justicia ordinaria sin necesidad de trámite previo alguno. El Presidente puede, además, prescindir de sus servicios en cualquier momento sin explicaciones.
Pero la Constitución también habilita al Congreso a actuar por sus propios medios. El artículo 101 establece un mecanismo de dos etapas: cualquiera de las cámaras puede interpelar al jefe de Gabinete y aplicarle una moción de censura con mayoría absoluta de sus miembros. Si esa censura prospera, se habilita la remoción, pero para ejecutarla se requiere mayoría absoluta en ambas cámaras simultáneamente, un umbral que la oposición actual no alcanza.
El bloque de Unión por la Patria ya presentó un proyecto de interpelación. Sin embargo, en 32 años de vigencia del artículo 101, este mecanismo nunca llegó a aplicarse. La herramienta existe, pero su uso efectivo depende de una aritmética parlamentaria que hoy no favorece a quienes la impulsan.
El gobierno sostiene, pero el desgaste crece
Javier Milei y su hermana Karina resolvieron mantener a Adorni en el cargo, argumentando que su salida sería interpretada como una concesión a la presión mediática. Sin embargo, las fracturas internas son visibles: el exjefe del bloque libertario Oscar Zago pidió públicamente la renuncia, y el biógrafo oficial del presidente, Nicolás Márquez, hizo lo propio. Según encuestas recientes, casi ocho de cada diez argentinos consideran que el funcionario debe dar explicaciones públicas sobre el origen de sus fondos.
La semana que comienza es crucial. La declaración de la escribana ante el fiscal podría abrir nuevos frentes o consolidar los ya existentes. La causa avanza con su propia lógica, independientemente de lo que decida la política.
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