El esquema de transferencias no automáticas del Gobierno nacional a provincias y CABA atraviesa uno de sus momentos más críticos en años. Un informe realizado por una consultora privada reveló que los datos de marzo de 2026 no dejan margen para interpretaciones optimistas: los envíos totalizaron apenas $115.956 millones, lo que implica un desplome real del 69,1% interanual y configura el peor marzo desde 2005.
Lejos de tratarse de un dato aislado, el retroceso se inscribe en una tendencia más amplia de retracción del gasto nacional hacia las jurisdicciones subnacionales. El primer trimestre cerró con $276.381 millones transferidos, una caída del 59,1% en términos reales y el segundo peor registro para este período en dos décadas.
Los Aportes del Tesoro Nacional volvieron a posicionarse como la principal herramienta de transferencia. En marzo se distribuyeron $47.000 millones, y en el trimestre acumularon $74.000 millones, con un crecimiento real del 28,7%. Sin embargo, el dato más significativo es otro: el fondo ATN mantiene un saldo sin distribuir de más de $180.000 millones. En un contexto de ajuste generalizado, la existencia de una masa de recursos sin ejecutar refuerza las críticas sobre la discrecionalidad en el manejo de estos fondos y su utilización como herramienta de negociación política.
En ese marco, la distribución de estos recursos muestra con claridad quiénes resultan beneficiados. Corrientes se posiciona como la principal receptora en lo que va del año, con $14.000 millones. Le siguen Misiones ($9.500 millones), Salta ($7.500 millones), Mendoza ($7.000 millones), Chubut ($6.500 millones) y Entre Ríos ($6.000 millones). Más atrás aparecen Jujuy ($5.000 millones) y un grupo de provincias —San Juan, Chaco, Neuquén y Santa Cruz— con $2.500 millones cada una, mientras que Catamarca cierra la lista con un monto en ese mismo orden.
El recorte no solo es significativo por su magnitud, sino también por su forma. En marzo, el 85% de los fondos se concentró en apenas tres programas: Aportes del Tesoro Nacional (ATN), Jornada Extendida y transferencias a cajas previsionales.
Este patrón deja en evidencia un doble fenómeno: por un lado, la reducción del volumen total de recursos; por otro, la virtual desaparición de una amplia gama de políticas públicas financiadas por la Nación en las provincias. El resto de las actividades apenas captó el 14,9% de los envíos.
Uno de los rasgos más preocupantes del informe es la fuerte desigualdad en la distribución de los fondos. Mientras algunas provincias registraron incrementos extraordinarios —incluso superiores al 1.000%— otras sufrieron caídas superiores al 90%. Esta disparidad no responde a criterios estructurales ni previsibles, sino a decisiones puntuales asociadas principalmente a la asignación de ATN, una herramienta históricamente cuestionada por su carácter discrecional. En los hechos, el sistema termina funcionando más como un mecanismo de asistencia selectiva que como una política federal de distribución equitativa de recursos.
En marzo, siete provincias concentraron el 66% de los envíos, con Buenos Aires a la cabeza (19,5%), seguida por Entre Ríos y Misiones. En el otro extremo, cinco distritos recibieron menos de $500 millones cada uno y apenas explicaron el 1% del total.
A nivel trimestral, la distorsión es aún más evidente. CABA concentró el 32,4% de los fondos, impulsada casi exclusivamente por el cumplimiento de una medida cautelar de la Corte Suprema, que explica el 98% de lo recibido por el distrito. Esto introduce un factor adicional: el peso de decisiones judiciales en la asignación de recursos, lo que refuerza la idea de un esquema fragmentado y condicionado.
El panorama que deja el primer trimestre de 2026 es claro: menos recursos, más concentración y una distribución profundamente desigual. El ajuste no solo reduce la capacidad de acción de las provincias, sino que también redefine la relación fiscal con la Nación, desplazando criterios automáticos por decisiones selectivas. En este contexto, el esquema de transferencias no automáticas deja de ser un complemento del federalismo para convertirse en un factor de tensión, donde la previsibilidad cede ante la discrecionalidad y la equidad queda relegada frente a la urgencia fiscal del Gobierno nacional.
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