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Viernes 14 de febrero de 2025
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A pesar de la prorroga de la suspensión de desalojos, familias campesinas son echadas de sus tierras

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La provincia de Misiones cuenta con la Ley XII N°28, que suspende las ejecuciones de sentencias de desalojos y remates de inmuebles destinados a vivienda única y familiar o producción agropecuaria si se verifica una ocupación superior a ocho años. Esta suspensión rige tanto en predios urbanos como rurales, sean terrenos fiscales o privados.

La suspensión se basa en la necesidad de que la provincia dé soluciones a las familias afectadas por el déficit habitacional, evitando que se vulnere el derecho a la vivienda a las mismas.

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La norma, propulsada por el bloque legislativo «Tierra, Techo y Trabajo«, viene siendo prorrogada desde hace varios años justamente atendiendo a que no se avanza en una solución al déficit habitacional en la provincia, razón por lo cual el año pasado se aprobó una nueva prórroga que va hasta diciembre del 2024.

A pesar de ello, en los últimos meses se han dado varias sentencias de desalojo en el interior de la provincia, lo que atenta con agravar la situación de estas familias que ya la están viendo negras por la crisis económica que se vive a nivel nacional.

Tierras para vivir

Desde NEA HOY se informó sobre el caso de las 40 familias de Colonia Isolina, próxima a San Ignacio, que podrían perder sus viviendas por una demanda de desalojo de un ex trabajador de la empresa Uracay S.A. que compró el terreno en los 80s sabiendo que las familias vivían allí.

En Paraje San Lorenzo 2, inmediaciones de Colonia Wanda, el desalojo se hizo efectivo con el accionar de las fuerzas de seguridad, que violentamente desalojaron a familias que vivían diez años en terrenos reclamados por la empresa Arauco S.A.

Según cuentan las familias, las fuerzas de seguridad ingresaron al predio sin permiso ni previo aviso junto con personal de la propia empresa diciendo contar con una orden del Juzgado Civil, Comercial y Laboral de Puerto Iguazú, aunque sin demostrar credencial ni orden alguna.

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En diálogo con NEA HOY, Eduardo Garcete afirmó haber comprado las tierras hace unos diez años a un vecino, y que a su vez él cedió una porción de esa tierra a otras familias que le ayudaron a montar la casa. Entre todos, plantaban tabaco o criaban bueyes o hacían carbón para ganar algo de dinero, pero que todo ese trabajo fue perdido por el desalojo.

«Perdí la muda de trabajo, perdí mi planta, mis herramientas, perdí todo, y no recibí preaviso ni nada, solo una semana antes vinieron de ecología con Sergio Palavecino, un ñandú de ahí de Arauco«, enumeró Eduardo, «y ya hice la denuncia, pero acá nunca nadie hace nada, y queda todo así«.

MCL

Así también les pasó a otras 112 familias que desde hace más de 15 años utilizan unas hectáreas de tierra cerca de Montecarlo para plantar sus huertas, tanto para autoconsumo como para vender y hacer dinero con las que les sobran.

En este caso la denuncia fue hecha en el el Juzgado en lo Civil y Comercial N°1 bajo el Expediente 112356/2016. 

De acuerdo a Alejandro Vera, uno de los damnificados, muchas de las familias se habían dedicado a la tarefa, pero después de que cerrara una empresa local del sector y se quedaran sin trabajo comenzaron a comprar y ocupar la tierra para sembrar sus alimentos.

«Nosotros seguimos trabajando la tierra y vamos a seguir trabajando la tierra, porque eso no es ningún delito«, aseguró Vera, «como bien sabemos la situación está difícil y, si no hay trabajo, hay que trabajar la tierra para los alimentos, porque sin alimento los chicos tampoco pueden asistir al aula, no van a poder estudiar«.

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Vera afirmó que, a pesar de que los demandantes dicen ser dueños de esa tierra, no presentaron titularidad que lo compruebe. En este caso, el juez respondió la apelación que hicieron las familias a su favor, desestimando la demanda de desalojo.

Capacitación a los juzgados

La Ley XII N°28 contempla en su segundo artículo que «previo a dictar sentencia de desalojo, el juez debe requerir al Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional que informe si el demandado se encuentra empadronado» en el Padrón Provincial de Beneficiarios.

A su vez, dice que para que la demanda de desalojo quede nula, basta con que la o el ocupante se presente y se acredite como tal en los 15 días después de la notificación de desalojo.

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