La media sanción en Diputados de la llamada «ley de modernización laboral» impulsada por el gobierno nacional encendió las alarmas en varias provincias argentinas. Siete de ellas —Formosa, Buenos Aires, La Pampa, La Rioja, Misiones, Santiago del Estero y Tierra del Fuego— ya dieron un paso concreto: firmaron una carta de intención para trabajar de manera coordinada en la elaboración de normativa provincial que preserve su capacidad de fiscalizar las condiciones laborales dentro de sus territorios.
Gustavo Mariani, asesor del Ministerio de Trabajo bonaerense y abogado laboralista con casi cuatro décadas de ejercicio profesional, explicó en exclusiva a NEA HOY el alcance de esta iniciativa y los motivos que la impulsaron.
El corazón del problema: el artículo 20
El punto de conflicto central se encuentra en el artículo 20 de la reforma, que modifica el artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo. Hasta ahora, esa norma obligaba a los empleadores a llevar un libro especial con información detallada sobre cada trabajador: fecha de ingreso, categoría laboral, remuneraciones, horarios y toda la evolución del vínculo contractual a lo largo del tiempo.
Puntos centrales de la Reforma Laboral:
-La empresa dice cuándo te vas de vacaciones.
-La indemnización la pagás de tu sueldo.
-Pueden imponerte más horas de trabajo que después compensás cuando quiere la empresa.
-Pueden pagarte con cuasimonedas o incluso comida.
— Camblorcete (@TemblordeBoedo) February 10, 2026
La reforma propone reemplazar esa obligación con un mecanismo mucho más acotado: bastará con la simple inscripción del alta del trabajador ante la AFIP. «Sin que pueda exigirse ningún otro requisito adicional«, según reza el texto analizado por Mariani.
Para el asesor bonaerense, esta modificación deja a los inspectores laborales provinciales prácticamente sin herramientas. «Voy a ir a ver al supermercado, a la metalúrgica, a la curtiembre, y me voy a encontrar con que el empleador me va a decir: ‘Yo acá tengo el alta de fulano en AFIP’. Pero ese trabajador ingresó hace cuatro años. ¿Qué hace hoy? ¿Cuánto cobra? ¿Qué horario cumple? ¿Y dónde consta?«, grafica Mariani.
El contrato de trabajo, señala, es un contrato dinámico. Un trabajador puede ingresar como aprendiz y, años después, ejercer como supervisor. Cada uno de esos cambios implica modificaciones en su categoría, su salario y su jornada. Sin un registro que refleje esa evolución, la inspección laboral se convierte, en palabras del propio Mariani, «en una acción sin fundamento legal«.
Facultades no delegadas: la respuesta provincial
La discusión tiene un trasfondo constitucional que las provincias no están dispuestas a ignorar. En la arquitectura del federalismo argentino, el poder de policía laboral —es decir, la facultad de controlar que se cumplan las condiciones en que se desarrollan los contratos de trabajo— nunca fue delegado al Estado Nacional. Es una atribución que cada provincia retiene para sí, del mismo modo que retiene su sistema de justicia, su régimen educativo o su régimen municipal.
Sobre esa base jurídica se asienta la carta de intención. Si la reforma nacional vacía de contenido el registro laboral que daba sustento a las inspecciones provinciales, las provincias pueden —y según Mariani, deben— legislar por su cuenta para suplir ese vacío. «Tenemos facultades para ello. El poder de control laboral no fue delegado a la Nación«, remarca el asesor.
La estrategia que proyectan las siete provincias firmantes es conformar, una vez que la ley sea aprobada definitivamente en el Senado, mesas técnicas con funcionarios de las respectivas carteras laborales para redactar proyectos de ley provinciales. La aspiración de máxima es que sean «leyes espejo«: normas similares entre sí, que establezcan qué registros deben llevar los empleadores para acreditar la evolución del vínculo laboral con cada trabajador.
La homogeneización, explica Mariani, responde también a las realidades del mundo laboral contemporáneo: empresas radicadas en una provincia con sucursales en otras, teletrabajadores que prestan servicios para empleadores de distintas jurisdicciones. Aunque también reconoce que cada territorio tiene sus particularidades.
Es un escándalo lo que acaba de pasar en la Argentina con la Reforma Laboral: El gobierno le sirve en bandeja los despidos a los empresarios metiéndole la mano en los bolsillos a los jubilados para pagar indemnizaciones. No pasa en ningún lugar del mundo. pic.twitter.com/m1p0qzhuGm
— El Prensero (@El_Prensero) February 20, 2026
«No es lo mismo la zona cordillerana, donde la señal de internet es dificultosa, que la Costa Atlántica, donde un inspector puede manejarse con un celular y una aplicación«, señala. Los registros, aclara, pueden ser en soporte digital o en papel. Lo que importa no es el formato sino la existencia de información que permita confrontar lo declarado con la realidad del contrato.
Un diagnóstico más amplio
Mariani no limita su análisis al artículo 20. Para el abogado laboralista, la reforma avanza sobre varios frentes simultáneos que, tomados en conjunto, debilitan estructuralmente el sistema de protección del trabajador: la eliminación de componentes remunerativos en el cálculo de indemnizaciones, la primacía de los convenios de empresa por sobre los de actividad —lo que en su visión permite que un empleador negocie condiciones a su medida—, y la disolución del fuero nacional del trabajo para trasladar los conflictos laborales a la justicia de la Ciudad de Buenos Aires.
En ese contexto, la carta de intención de las siete provincias aparece como una respuesta defensiva pero concreta: preservar, mediante legislación propia, la capacidad de garantizar que los derechos laborales no queden escritos solo en el papel del alta temprana de hace diez años.
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