En un duro comunicado conjunto titulado “Trabajo, Federalismo y Desarrollo: el camino hacia una verdadera modernización”, el Gobernador de Formosa, Gildo Insfrán y sus pares de Buenos Aires, Tierra del Fuego, Santiago del Estero, La Rioja y La Pampa manifestaron su pleno rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno Nacional y llamaron a las distintas fuerzas políticas a votar en contra de la iniciativa.
Los mandatarios aseguraron que reconocen la necesidad de encarar reformas y actualizar la legislación laboral frente a los cambios tecnológicos, productivos y sociales. Sin embargo, advirtieron que “ninguna reforma puede orientarse al desmantelamiento de derechos conquistados ni a la reducción de protecciones”, sino que debe avanzar hacia nuevas garantías en un mercado laboral cada vez más inestable y en el que casi 30 empresas cierran por día a raíz de un estancamiento de la actividad económica y la apertura indiscriminada de las importaciones.
Según señalaron, la propuesta oficial —presentada como una “modernización”— debilita derechos individuales y colectivos en un contexto de creciente incertidumbre laboral, y se enmarca en una política económica que, afirman, provocó caída de la actividad, retracción del consumo, cierre de empresas y aumento del desempleo y la precarización.
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“Lejos de resolver los problemas estructurales del empleo, el proyecto los agrava”, sostuvieron. Además, remarcaron que no se oponen al cambio, sino “a este paquete de medidas que nada tiene de moderno y consolida la desprotección”.
También rechazaron el argumento oficial de que la reforma ayudará a crear empleo. Aseguraron que la evidencia de anteriores procesos de flexibilización laboral demuestra que no generan más trabajo ni promueven la formalización, sino que facilitan despidos, reducen estándares de protección y trasladan riesgos a los trabajadores. En ese sentido, manifestaron especial preocupación por la posibilidad de que se habiliten mecanismos que permitan reducciones salariales o limitaciones de derechos en situaciones de enfermedad.
Una reforma que atenta contra las provincias y un modelo anti industrial
Otro de los ejes del comunicado fue el carácter “profundamente antifederal” que, según los mandatarios, tiene la reforma. Advirtieron que sus efectos impactarán directamente sobre economías regionales ya golpeadas y que no se contemplaron instancias de diálogo con los gobiernos subnacionales. “En un país federal, las transformaciones estructurales requieren consensos amplios y respeto por la diversidad territorial”, plantearon. El debate del proyecto, vale remarcar, se enmarca en lo que se prevé una baja de la recaudación en los próximos tres meses a raíz de la recesión, lo cual afectará a las arcas nacionales y provinciales.
Asimismo, los mandatarios sostuvieron que la informalidad laboral —uno de los principales problemas estructurales del país— no se resuelve recortando derechos, sino a través de políticas activas de desarrollo productivo, incentivos a la formalización, innovación normativa y una estrategia que promueva la producción, el mercado interno y el empleo de calidad.
En esa línea, afirmaron que desde la asunción del actual Gobierno se perdieron 21 mil empresas y casi 300 mil puestos de trabajo, con niveles mínimos de utilización de la capacidad instalada y, por primera vez, inversión extranjera negativa. Para revertir ese escenario, consideraron necesarias políticas federales de desarrollo e industrialización.
Finalmente, los gobernadores reiteraron su rechazo al proyecto de reforma laboral y a la orientación económica que lo sustenta, y convocaron a todas las fuerzas políticas a defender “un activo central de la sociedad argentina”: el sistema de derechos sociales y laborales construido a lo largo de décadas.
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