Durante más de un año, el Gobierno de Javier Milei sostuvo como principal bandera económica la desaceleración de la inflación. Fue, prácticamente, el único dato al que el oficialismo pudo aferrarse en medio de un proceso de ajuste inédito, recesión profunda, caída del consumo y deterioro acelerado del poder adquisitivo. Sin embargo, esa narrativa comenzó a resquebrajarse con fuerza: la inflación que el INDEC viene midiendo no refleja la realidad del costo de vida, y el propio Ejecutivo decidió frenar la actualización metodológica que hubiera expuesto un escenario mucho más crítico.
Lejos de tratarse de una discusión técnica o de tiempos administrativos, la postergación del nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC) revela una decisión política consciente: seguir utilizando una canasta de consumo basada en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) de 2004/2005, es decir, de hace más de 22 años, aun cuando existe una versión actualizada desde 2017/2018 lista para ser aplicada.
Un índice que mide un país que ya no existe
El IPC vigente pondera hábitos de consumo propios de comienzos de siglo. En esa canasta, por ejemplo, tienen más peso la telefonía fija, el envío de cartas, los locutorios o el alquiler de DVDs que servicios esenciales hoy, como internet, telefonía móvil, plataformas digitales o los costos reales de energía y vivienda.
La distorsión no es anecdótica. Según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el atraso metodológico generó una subestimación de la inflación cercana a los 40 puntos porcentuales durante los primeros dos años de gestión libertaria. Mientras el INDEC informó una inflación acumulada del 249,5% entre diciembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación “real”, calculada con la canasta actualizada, habría alcanzado el 288,2%.
La diferencia se concentra, no casualmente, en el período más duro del ajuste: el arranque del gobierno de Javier Milei, con megadevaluación, tarifazos y licuación de ingresos. En esos meses clave, la inflación real superó sistemáticamente a la oficial, especialmente en rubros como vivienda, servicios públicos y energía, los más golpeados por la política de reducción de subsidios.
Tarifas subponderadas y ajuste invisibilizado
Uno de los puntos centrales de la manipulación estadística es el peso de los servicios. Con la metodología vigente, los gastos en vivienda y servicios básicos tienen una incidencia artificialmente baja, cuando en la realidad ocupan una porción cada vez mayor del ingreso familiar. Mientras el IPC actual les asigna alrededor de un 6% de peso, la canasta 2017/18 eleva esa participación a más del 14%.
Esto explica por qué los tarifazos aplicados desde diciembre de 2023 no se reflejaron plenamente en el índice oficial.
Consultoras como PxQ advirtieron incluso que, con la nueva metodología, la inflación de enero de 2026 habría sido cercana al 3%, y no al 2,5% que anticipó el ministro Luis Caputo.
El freno al nuevo IPC y la confesión política
El nuevo índice estaba listo desde mediados de 2024. Así lo reconoció Joaquín Cottani, ex viceministro de Economía del propio Milei. También estaba consensuado con el Fondo Monetario Internacional, que incluso financió la asistencia técnica para su implementación. Sin embargo, el Gobierno decidió congelarlo.
Las explicaciones oficiales terminaron siendo una confesión. Caputo admitió que no estaban de acuerdo en aplicar el nuevo índice porque modificaba la ponderación de los servicios, justamente en un momento en que esos precios debían subir para reducir subsidios. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, fue todavía más explícito: cambiar el índice “no era razonable” porque podía afectar la comparabilidad y el relato de la baja inflacionaria.
Inflación a la baja, pero sólo en los papeles
Desde junio de 2025, la inflación mensual volvió a acelerarse de manera sostenida. Aun así, el Gobierno insiste en mostrar una desinflación que la vida cotidiana desmiente. El consumo se desploma, los alimentos vuelven a subir con fuerza, las tarifas siguen ajustándose y los ingresos corren muy por detrás.
En ese contexto, seguir midiendo la inflación con una canasta obsoleta no es neutralidad técnica, es manipulación política. No cambia los precios que pagan los hogares, pero sí construye un relato que busca legitimar el ajuste y minimizar sus consecuencias sociales.
La inflación fue, hasta ahora, el principal activo discursivo del gobierno libertario. Hoy, ese activo aparece sostenido por un índice que mide un país que ya no existe. Y la decisión de no actualizarlo expone algo más grave que un error metodológico: la voluntad explícita de esconder los números reales en medio del mayor ajuste económico de las últimas décadas.
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