El cierre de la centenaria textil ALAL desató un profundo conflicto laboral y social en la ciudad de Goya, luego de que más de 240 trabajadores recibieran telegramas de despido sin preaviso. Ante esta situación, los empleados se movilizaron frente a la planta fabril, que permanece cerrada, para reclamar el pago completo de las indemnizaciones correspondientes.
Según relataron los trabajadores, la empresa formalizó los despidos de manera intempestiva, lo que habilita el reclamo del resarcimiento total establecido en el Artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. Los ceses laborales afectan tanto a la planta de Goya como a la que la firma posee en Villa Ángela, Chaco.
Silvio Ortiz, obrero con 31 años de antigüedad en la empresa, describió el desconcierto previo a los despidos. Explicó que parte del personal continuó asistiendo a la fábrica con jornadas reducidas y cambios en los turnos, sin recibir información clara sobre el futuro laboral. “Ingresé a trabajar con jornada de cuatro horas y después nos indicaron que tomáramos el franco correspondiente, todo sin explicaciones”, señaló.
Ortiz también relató que días antes del envío de los telegramas la empresa solicitó los domicilios particulares de los empleados, sin brindar motivos. “Nos pedían las direcciones y no sabíamos para qué era. El lunes siguiente empezaron a llegar las cartas documento. Primero a un portero y después entendimos que eran para todos”, expresó.
De acuerdo con los testimonios recogidos durante la protesta, cerca de 200 trabajadores fueron despedidos solo en la planta de Goya. “Acá dejamos vida y trabajo de muchos años. Siempre nos pusimos la camiseta de ALAL. La noticia cayó de golpe y fue muy dura”, afirmó Ortiz.
El reclamo central de los empleados apunta a la falta total de preaviso y a la exigencia de una indemnización completa. “Queremos lo que nos corresponde por ley, porque nadie nos avisó y todo llegó de sorpresa”, remarcó el trabajador despedido.
Más allá de la situación individual de los empleados, los trabajadores alertaron sobre el impacto económico que el cierre de la textil tendrá en la ciudad. “Esto no afecta solo a quienes trabajábamos en la planta, también a los comercios, proveedores y a toda la economía local”, advirtió Ortiz. La manifestación se desarrolló de manera pacífica mientras el conflicto avanza por vías administrativas y judiciales.
El caso escaló además al plano político. Diputados nacionales del PJ presentaron un proyecto de resolución para expresar su rechazo al cierre de la empresa y advertir sobre sus consecuencias sociales y productivas. Los legisladores Nancy Sand, Raúl Hadad y Christian Zulli señalaron que no se trata de un hecho aislado, sino de una muestra del proceso de desindustrialización que atraviesa el país, profundizado —según sostuvieron— por la apertura de importaciones y la falta de políticas activas para las pequeñas y medianas empresas.
En el mismo sentido, la Federación Empresarial de Corrientes (FECORR) manifestó su “profunda preocupación” por la situación y alertó sobre el efecto multiplicador negativo del cierre en la economía regional. Si bien respaldó reformas laborales y tributarias, cuestionó la liberalización comercial sin mecanismos de protección y reclamó una intervención estatal que resguarde el empleo y la producción.
Con información de Época.
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