La avanzada del gobierno nacional para conseguir los votos necesarios que permitan sancionar la reforma laboral en sesiones extraordinarias abrió una nueva etapa de negociaciones con las provincias. En ese marco, Corrientes se convirtió en una pieza clave y su gobernador, Juan Pablo Valdés, en un interlocutor central de una discusión que excede largamente lo técnico y pone en juego recursos, territorio y memoria histórica.
Valdés iniciará una gira por Buenos Aires con un planteo concreto: compensar parte de la deuda que Nación mantiene con la provincia —especialmente con la caja previsional— mediante la transferencia de inmuebles nacionales considerados “en desuso”. Entre ellos aparece nuevamente el predio del ex Regimiento de Infantería Nº 9, ubicado en una de las zonas más codiciadas de la capital correntina, frente al puente interprovincial Chaco–Corrientes.
La propuesta no es nueva. Durante la presidencia de Mauricio Macri, el gobierno provincial de Gustavo Valdés ya había intentado avanzar en la cesión de esas tierras, sin éxito. Hoy, el escenario se reactualiza bajo un esquema distinto: la necesidad del oficialismo nacional de garantizar apoyos legislativos para una reforma laboral resistida por amplios sectores sindicales y políticos, y cuestionada incluso por el propio Juan Pablo Valdés debido a su impacto fiscal.
El gobernador correntino reconoce que no acuerda plenamente con la reforma, en particular por la pérdida de recursos que implicaría la modificación del Impuesto a las Ganancias, un tributo clave para las arcas provinciales. Sin embargo, en paralelo, habilita una negociación política en la que los votos en el Congreso aparecen asociados a compensaciones materiales, en este caso, tierras públicas.
La visita del ministro del Interior, Diego Santilli, a Corrientes terminó de confirmar ese esquema. Además de anunciar el envío de $3.000 millones en Aportes del Tesoro Nacional para atender la emergencia por inundaciones, el funcionario se comprometió a “analizar” la cesión del exRI-9 como parte de una eventual compensación por deudas. La promesa quedó atada a futuras reuniones en Buenos Aires, incluida una audiencia clave con el ministro de Economía, Luis Caputo.
Detrás del discurso de “pragmatismo” y “defensa de los intereses correntinos”, la negociación abre interrogantes profundos. El predio del ex Regimiento no es un terreno cualquiera: en su interior funciona un Espacio de Memoria donde operó un centro clandestino de detención durante la última dictadura militar. Organismos de derechos humanos y sectores de la sociedad civil han advertido históricamente sobre el riesgo de avanzar con proyectos inmobiliarios que desvirtúen o minimicen ese pasado.
El llamado Plan Costero “Aguas Brillantes”, impulsado desde el municipio capitalino (bajo signo radical hace decenas de años), prevé una intervención integral de más de 100 hectáreas del frente ribereño, incluyendo el ex Regimiento. Aunque el proyecto se presenta como una iniciativa de recuperación del espacio público, contempla también un 15% de aprovechamiento urbanístico privado, con desarrollos inmobiliarios de alto valor que reavivan temores sobre la mercantilización del patrimonio público y la memoria colectiva.
La contradicción política es evidente. Mientras la gestión de los Valdés amenazó —sin avances concretos— con judicializar en la Corte Suprema la deuda de Nación con Corrientes, su estrategia real parece orientarse a una negociación directa con el Ejecutivo nacional, aceptando tierras como “moneda de cambio” en un contexto de ajuste y escasez de recursos. Una salida que, lejos de resolver el problema estructural del financiamiento provincial, compromete activos estratégicos y reabre debates sensibles.
En definitiva, la negociación por el ex Regimiento 9 expone el costo político de la reforma laboral de Milei: votos a cambio de recursos, acuerdos bilaterales en un Senado fragmentado y decisiones que impactan sobre bienes públicos de alto valor simbólico. Para Corrientes, el riesgo no es solo fiscal o urbanístico, sino también histórico. Porque en la urgencia por cerrar números y saldar deudas, la memoria y el interés colectivo vuelven a quedar en la mesa de negociación.
Fuentes consultadas: El Litoral, Radio Continental Corrientes, Perfil y Corrientes Hoy.
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