Las Defensorías del Pueblo de Formosa, Buenos Aires, Santiago del Estero, Corrientes y el Municipio de Lanús, junto al Observatorio de Derechos Políticos y Electorales (ODEPOE), se pronunciaron en contra del proyecto de intervención federal en la provincia de Formosa.
En un comunicado difundido este miércoles, los organismos señalaron que “la intervención federal como mecanismo para restaurar derechos ante fraudes electorales, violencia institucional, imposibilidad de votar libremente o colapso del orden público que evita ejercer libertades garantizadas constitucionalmente, no puede ser excusa para desplazar a competidores políticos”.
También cuestionaron el uso del instrumento en el actual contexto político y advirtieron que “una intervención federal que no respete los lineamientos constitucionales, es más una ‘tutela política’ incompatible con principios del federalismo que se pretende proteger”.
En otro tramo del documento, afirmaron que “definir la legitimidad de la representación política de uno y de otro, en base a la idea de un pueblo sometido o de una voluntad popular coaptada, constituye un contrasentido”.
Las defensorías remarcaron además que la intervención federal está prevista en la Constitución Nacional para situaciones excepcionales como la ruptura del orden institucional o la imposibilidad de funcionamiento de las instituciones republicanas, y que su aplicación no debería implicar el apartamiento de autoridades electas.
Asimismo, las defensorías remarcaron que la figura de la intervención federal no cuenta con una reglamentación específica, lo que -según indicaron- deja margen a la discrecionalidad en su aplicación, y llamaron a priorizar el fortalecimiento institucional y el respeto al federalismo.
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Finalmente, el comunicado incorpora referencias a observaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde se señala que Argentina enfrenta “retos relevantes en materia de independencia judicial y sostenimiento de la institucionalidad”, tanto en derechos humanos como en derechos sociales y económicos.
El texto también cita preocupaciones sobre la “eliminación o reestructuración de programas destinados a la protección de la seguridad social, adultos mayores, jubilados, pensionados, personas con discapacidad, género, diversidad, memoria histórica y pueblos indígenas, entre otros”.
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