El domingo 1 de febrero se convocó a un banderazo federal en defensa del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas (PNCC), tras la confirmación de que el Ministerio de Salud de la Nación decidió no renovar los contratos de tres cardiólogos especializados que coordinaban el sistema, lo que derivó en la renuncia de otros cuatro profesionales del equipo médico.
La medida dejó sin especialistas a cargo a un programa que desde 2008 garantiza la detección temprana, derivación y tratamiento quirúrgico de bebés con malformaciones cardíacas, una patología que afecta a aproximadamente 7.000 recién nacidos por año en Argentina, la mitad de los cuales requiere cirugía para sobrevivir.
Las organizaciones Cardiocongénitas Argentina, junto a colectivos de familias y personal del Hospital Garrahan, convocaron a la movilización para exigir la reincorporación del equipo médico y el cumplimiento de la Ley 27.713, sancionada en 2023, que estableció el marco normativo del programa y eliminó el límite de edad para la atención de pacientes que requieren seguimiento de por vida.
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«Somos madres, padres y cuidadores que aprendimos palabras médicas que nunca quisimos aprender, que esperamos diagnósticos, traslados, cirugías, y que confiamos en un sistema de salud que, cuando funciona, salva vidas. Hoy hablamos porque ese sistema está dejando de funcionar«, expresaron en un comunicado las organizaciones convocantes.
El equipo desmantelado estaba integrado por María Eugenia Olivetti —quien coordinaba el programa—, junto a Willy Conejeros Parodi, Paula Campana, Carlos Fernando Rosental, Silvina Rosellot, Mariana Fernández y Tomás Schwaller. Estos especialistas gestionaban las alertas que llegaban desde todo el país a través del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SIISA), evaluaban la complejidad de cada caso y organizaban las derivaciones a alguno de los 15 centros especializados según disponibilidad y gravedad del paciente.
Según datos de la Federación Argentina de Cardiología, el Centro Coordinador del PNCC lograba realizar alrededor de 800 procedimientos quirúrgicos por año y atender más de 6.000 notificaciones en el mismo período. Antes del ajuste, la lista de espera para cirugías era prácticamente inexistente.
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El Ministerio de Salud, conducido por Mario Lugones, defendió la medida argumentando que durante 2025 el programa contaba con 13 personas para atender un promedio de 7,4 llamados diarios, lo que consideraron un «exceso de personal«. Aseguraron que el programa «sigue funcionando» y que su continuidad está «plenamente garantizada» a través del equipo administrativo y la coordinación médica del Hospital Garrahan.
Sin embargo, profesionales de la salud y familias rechazaron esa versión. El diputado nacional Pablo Yedlin, médico e impulsor de la ley que protege al PNCC, calificó la decisión como «un retraso sanitario gigantesco» y advirtió que sin coordinadores especializados se genera «un cuello de botella peligroso» que podría saturar al Garrahan con casos que antes se resolvían en nodos regionales.
La cardióloga pediátrica Alejandra Villa, primera coordinadora del programa entre 2010 y 2017, escribió una carta abierta denunciando que la medida «marca un punto de quiebre en un proceso que costó años construir». Villa destacó que el PNCC había logrado reducir la mortalidad infantil por cardiopatías y se había convertido en modelo de referencia internacional, citado por organismos como el BID.
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Las familias también denunciaron que ya se registran casos de bebés en lista de espera, como un niño de Río Negro que aguarda por una cirugía básica que se ha retrasado al punto de generar nuevas complicaciones por la demora.
El banderazo del 1 de febrero busca visibilizar que, aunque el programa no puede cerrarse formalmente sin derogar la ley que lo protege, el desmantelamiento del equipo médico especializado implica su vaciamiento funcional. «Al PNCC no lo pueden cerrar porque para eso tienen que derogar la ley votada hace tres años. Pero lo están desmantelando«, advirtió Wajsman.
La movilización se replicará en distintos puntos del país y representa una nueva confrontación entre organizaciones sociales y el Gobierno nacional por políticas de salud pública que, según denuncian, están siendo sistemáticamente desfinanciadas o desarticuladas.
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