El Gobierno de Javier Milei ordenó un nuevo incremento en el precio mayorista de la energía eléctrica que tendrá efectos directos en las tarifas que pagan los usuarios residenciales, comercios y pequeñas empresas de todo el país. La medida, oficializada a través de la Resolución 22/2026 de la Secretaría de Energía, establece nuevos precios estacionales que regirán entre el 1 de febrero y el 30 de abril de 2026, con un impacto promedio superior al 25%, muy por encima de la inflación.
Desde la Defensoría del Pueblo de Formosa, el titular del organismo, José Leonardo Gialluca, calificó la decisión como “un fuerte golpe al bolsillo de los asalariados, trabajadores, jubilados y pensionados”, y alertó que el ajuste vuelve a recaer sobre los sectores más vulnerables, especialmente en el Norte argentino.
Según explicó el defensor, mientras el Ejecutivo nacional anuncia beneficios acotados al consumo eléctrico —limitados a un tope de 550 kWh y solo para algunos meses de 2026—, por otro lado avanza con un aumento sustancial del Precio Mayorista de la Energía, lo que termina licuando cualquier alivio y profundizando el castigo a los usuarios residenciales del NEA y NOA.
“Seguimos sin una Tarifa Regional Diferenciada que represente una verdadera reparación energética para el Norte del país”, remarcó Gialluca, al cuestionar la desidia tanto del Poder Ejecutivo Nacional como del Congreso. En ese sentido, sostuvo que los subsidios focalizados y los esquemas de bloques de consumo no compensan los aumentos permanentes de los servicios públicos, sino que trasladan el peso del ajuste a los hogares.
La resolución oficial forma parte del proceso de “normalización progresiva” del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) que impulsa el gobierno libertario, con el objetivo declarado de trasladar los costos reales de generación al precio final de la tarifa. Sin embargo, el contexto no es menor: rige una emergencia económica y energética hasta julio de 2026, lo que vuelve más polémica la decisión de avanzar con nuevos tarifazos.
Entre los principales cambios dispuestos, se actualizan los precios estacionales de la energía y la potencia, se recalculan los cargos de potencia a cargo de las distribuidoras —con una refacturación retroactiva desde noviembre de 2025— y se incrementa el recargo del Fondo Nacional de la Energía Eléctrica, que pasa a $2.029 por MWh.
En paralelo, el aumento mayorista convive con la plena vigencia del Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados, que reemplaza los subsidios generalizados por un sistema de bloques de consumo. Si bien el bloque básico mantiene algún nivel de bonificación según ingresos y zona bioclimática, todo consumo excedente se paga a precio pleno de mercado, una situación especialmente crítica en regiones de altas temperaturas, donde reducir el consumo no siempre es una opción.
Desde la Defensoría advirtieron que el impacto del tarifazo será desigual, pero más severo en provincias del Norte, donde los ingresos son menores y el consumo eléctrico es una necesidad básica frente a las olas de calor. En ese marco, el organismo instó a los usuarios a informarse y asesorarse, y cuestionó a sectores políticos que intentan presentar el nuevo esquema como un beneficio cuando, en la práctica, consolida un nuevo ajuste.
Una vez más, bajo el discurso de la eficiencia y la previsibilidad, el gobierno nacional avanza en un modelo que prioriza la lógica de mercado y el recorte de subsidios, mientras millones de hogares enfrentan facturas cada vez más impagables. El tarifazo eléctrico se suma así a una cadena de aumentos que profundizan el deterioro del poder adquisitivo y agravan las desigualdades regionales.
Con información de la Defensoría del Pueblo.
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