El gobierno de Leandro Zdero volvió a quedar en el centro de la polémica tras desplegar un fuerte operativo de seguridad frente a la sede del Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos del Chaco (INSSSEP), en Resistencia, durante una nueva protesta de madres de niños con discapacidad y pacientes oncológicos que reclaman acceso a tratamientos y medicamentos vitales.
Según denunciaron los manifestantes, más de 50 efectivos policiales rodearon el edificio y controlaron las esquinas de la zona, en un escenario que describieron como “intimidatorio” y “desproporcionado”.
La movilización expuso una crisis sanitaria que se profundiza desde la asunción de Leandro Zdero en diciembre de 2023. Familias denuncian recortes en medicamentos de alto costo, suspensión de derivaciones a centros de alta complejidad y demoras sistemáticas en la entrega de tratamientos.
“Parecía un golpe comando a un banco”, graficó el abogado Ignacio Sinkovich, quien patrocina a varios pacientes en litigio contra la obra social provincial.
Ajuste, dilaciones y judicialización de la salud
Con más de 100 mil afiliados activos —docentes, personal sanitario, policías, jubilados y empleados públicos— el INSSSEP concentra entre el 70 y el 80% de la cobertura médica en la provincia. Sin embargo, denuncian que la Tesorería General del Chaco retiene y administra sus fondos, lo que impacta directamente en la prestación de servicios.
Desde 2024, pacientes y familiares alertan sobre un deterioro sostenido de la atención, con tratamientos interrumpidos y recetas que “se patean” semana tras semana.
“Es una estrategia de desgaste”, sostuvo Sinkovich. “A los pacientes les dicen que vuelvan mañana, después el lunes, después el miércoles. En enfermedades oncológicas o crónicas, esas demoras pueden ser irreversibles”. La situación derivó en una creciente judicialización: amparos, cautelares, multas y embargos contra el organismo para garantizar prestaciones que deberían brindarse sin discusión.
Presión sobre la Justicia y criminalización del reclamo
Uno de los puntos más graves señalados por las familias y sus abogados es la presunta presión del Ejecutivo provincial sobre el Poder Judicial. Sinkovich denunció una “persecución política” contra jueces que fallan a favor de los pacientes: “Ningún juez quiere exponerse a dictar una sentencia contra el gobierno porque es comprarse una jubilación anticipada”, afirmó, al referirse a ataques públicos y amedrentamientos.
Lejos de descomprimir el conflicto, el gobierno respondió con presencia policial y actas contravencionales contra manifestantes, una medida que las organizaciones interpretan como un intento de disciplinar la protesta social en lugar de resolver el problema de fondo. “La salud no se negocia”, repiten las madres que todos los martes se concentran frente al INSSSEP.
Un conflicto que sigue abierto en Chaco
Mientras el gobierno provincial insiste en garantizar que “nadie quedará sin atención”, la realidad que describen pacientes, médicos y trabajadores de la salud muestra un sistema en crisis: salarios congelados, contratos precarios, falta de insumos y una obra social al borde del colapso.
En ese contexto, el despliegue policial frente a un reclamo sanitario desesperado expone una decisión política clara: priorizar el control y el ajuste antes que el derecho a la salud.
La crisis del INSSSEP ya no es solo administrativa o presupuestaria. Es una emergencia humana que pone en riesgo vidas y que, lejos de resolverse, se profundiza semana tras semana en las calles de Chaco.
Con información de El Destape, Revista PPV y Chaco Ahora.
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