El deterioro de las rutas nacionales dejó de ser una advertencia técnica para convertirse en un problema estructural que impacta de lleno en la seguridad vial, la producción y la integración territorial del país. Según un informe de la Federación del Personal de Vialidad Nacional (Fepevina), entre el 65% y el 70% de la red vial nacional se encuentra actualmente en mal estado, como consecuencia directa de la paralización de la obra pública impulsada por el gobierno de Javier Milei.
Desde la asunción del presidente libertario, el mantenimiento de la infraestructura vial fue prácticamente suspendido bajo el argumento del ajuste fiscal. La decisión tuvo efectos inmediatos: rutas sin conservación preventiva, obras frenadas y un deterioro acelerado que multiplica los riesgos para quienes transitan a diario por los corredores nacionales.
El gremio de Vialidad Nacional advirtió que las políticas oficiales no solo afectan la circulación, sino que golpean la integración regional y la logística productiva, encareciendo costos y profundizando desigualdades territoriales. “Persistir en este rumbo no es ajuste ni modernización: es abandono”, señalaron desde Fepevina.
Vaciamiento de Vialidad Nacional
El informe también pone el foco en el proceso de desmantelamiento de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), que se inició tras el intento de disolución del organismo mediante el Decreto 461/2025. Si bien esa medida fue frenada por el Poder Judicial y el Congreso, el sindicato denuncia que el vaciamiento continúa por otras vías.
Entre ellas, se destacan la expulsión de personal técnico altamente calificado, el congelamiento salarial, los retiros voluntarios forzados y una asfixia presupuestaria sostenida. Según Fepevina, más de 800 trabajadores especializados ya fueron desplazados y se proyecta la salida de otros 900, lo que compromete seriamente la capacidad operativa del organismo.
A este escenario se suma el Presupuesto 2026, que —según el gremio— consolida una caída real cercana al 75% respecto de 2023 para Vialidad Nacional. Una reducción que se vuelve aún más polémica si se tiene en cuenta que los fondos específicos del Impuesto a los Combustibles Líquidos, creados para financiar rutas, siguen recaudándose pero no se ejecutan. “Los usuarios pagan, pero las obras no se hacen”, denunció el sindicato.
Más muertes y desigualdad
Fepevina alertó que el abandono del mantenimiento vial tiene consecuencias directas y medibles: más siniestros, más muertes y mayor desigualdad territorial. Entre 2022 y 2023, las víctimas fatales por hechos viales aumentaron un 14%, alcanzando las 4.369 muertes anuales, según datos oficiales.
“El deterioro vial mata, y lo hace de forma regresiva, afectando especialmente a jóvenes y regiones periféricas”, subrayaron desde el gremio. Además, remarcaron que la falta de mantenimiento preventivo acelera el paso de fallas menores a colapsos estructurales, lo que no solo eleva el riesgo sino que multiplica los costos futuros de reparación.
Para el personal de Vialidad, el rumbo elegido por el Gobierno de Javier Milei apunta a vaciar al Estado de su capacidad vial y avanzar hacia esquemas de concesión sin control público. Un modelo que, lejos de resolver el problema, profundiza la dependencia y deja a amplias zonas del país libradas al abandono.
Mientras tanto, cada kilómetro de ruta sin mantenimiento se convierte en una deuda técnica, económica y social que el ajuste no elimina, sino que posterga y agrava.
Con información de La Nueva Mañana.
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