Día tras día con cada nueva noticia de los incendios forestales, los bomberos y brigadistas aparecen poniendo el cuerpo a la tragedia y poniendo en peligro su vida para hacerle frente al fuego. Su labor es invaluable, pero no es reconocido como tal: salarios de pobreza, contratos precarios y un Gobierno Nacional que recorta presupuesto mientras, como mucho, agradece por redes sociales.
Aunque las lluvias trajeron algo de alivio en sectores puntuales, el fuego sigue activo en zonas como El Hoyo, Puerto Patriada, Lago Menéndez, el Parque Nacional Los Alerces y otros puntos de la Comarca Andina. En el territorio trabajan más de 580 personas entre brigadistas, bomberos voluntarios, fuerzas de seguridad y equipos de apoyo de distintas provincias, según informó el Gobernador de Chubut, Ignacio Torres. Desde Nación, aseguraron que hay 295 brigadistas nacionales y 15 medios aéreos operativos. Los números, sin embargo, no logran tapar la precariedad estructural del sistema.
Salarios insuficientes para tareas de alto riesgo
Los brigadistas que dependen del Estado nacional cobran entre 600.000 y 860.000 pesos mensuales. Hay que tener en cuenta que el costo de la Canasta Básica Total para una familia tipo de 4 personas se ubicaría en enero de 2026 cerca de los $1.300.000 y el costo energético que implica vivir en el sur del país. Son trabajadores que enfrentan columnas de fuego de hasta 20 metros, jornadas que pueden extenderse hasta la madrugada y un desgaste físico y psicológico permanente. Pero lo hacen sin horas extras, sin estabilidad laboral y con contratos de apenas 3 meses.
«Nuestra situación viene precaria y sin resolución desde hace mucho tiempo. Estamos pidiendo lo esencial: un salario digno, una planta permanente, estabilidad; y una jubilación acorde. Necesitamos las respuestas de manera urgente», pidieron en un video que subió a Instagram Fabián Lagos, brigadista del Parque Nacional Nahuel Huapi, junto a colegas de los parques nacionales Laguna Blanca y Los Alerces. Esta situación se agravó aún más con la decisión del Gobierno de Javier Milei de no reabrir paritarias desde 2022 y de excluir al sector de las negociaciones salariales en 2024. El resultado es un salario inferior incluso al de un administrativo de la misma área.
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Presupuesto recortado y emergencia permanente
Además del ajuste en los salarios, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego sufrió un recorte del 69% de su presupuesto respecto de 2023. Organizaciones ambientalistas denunciaron además que el Gobierno no ejecutó la totalidad de las partidas asignadas ni en 2024 ni en 2025, mientras que el Presupuesto 2026 proyecta nuevos recortes. La consecuencia directa es menos personal, menos equipamiento y menos capacidad de respuesta. Según denunciaron los propios trabajadores, la planta de combatientes se redujo de 430 a 360 personas, entre despidos y renuncias forzadas por salarios que no alcanzan para vivir. Casi el 70% de los brigadistas tiene otro empleo para subsistir.
Esto se suma a la disolución del Fideicomiso Financiero y de Administración del Fondo Nacional del Manejo del Fuego, una decisión que se tomó en el Gobierno de Javier Milei el último día de las facultades delegadas. El Fondo Nacional del Manejo del Fuego fue creado por la Ley 26.815 en 2013 como una herramienta central para financiar acciones de prevención, presupresión y combate de incendios forestales y rurales. Se nutría de partidas del Presupuesto Nacional, aportes de organismos internacionales y, especialmente, de una contribución obligatoria del 3% sobre las primas de seguros (excepto vida), que garantizaba recursos relativamente estables para el sistema. Sin embargo, en julio de 2025 el Gobierno Nacional oficializó su disolución mediante el Decreto 463/2025, firmado por Javier Milei, Guillermo Francos y Luis Caputo.
La respuesta política
En medio de los incendios, el Presidente, desde su cuenta de X, agradeció a brigadistas y bomberos por su “heroísmo”, mientras destacaba el supuesto despliegue de recursos nacionales. No viajó a la zona afectada, no llamó al gobernador de Chubut y, para peor, compartió imágenes generadas con inteligencia artificial que lo mostraban en un escenario que nunca pisó. “Trabajamos en condiciones de riesgo extremo y seguimos siendo invisibilizados”, denunciaron los brigadistas por su cuenta.
Diputados patagónicos de Unión por la Patria presentaron un proyecto para actualizar de manera urgente los salarios del sector y declarar la emergencia ígnea, ambiental y socioeconómica en la región. La iniciativa propone un reconocimiento extraordinario por al menos 180 días para quienes están abocados a la emergencia, contemplando el riesgo que implica su labor. Hasta ahora, el oficialismo no opinó al respecto.
Pero el problema es que la situación excede la coyuntura de Chubut, el Servicio Meteorológico Nacional advirtió que 16 provincias están en situación crítica por riesgo de incendios, entre ellas, Chaco y Corrientes. Sin embargo, la respuesta del Gobierno sigue anclada en el ajuste y la desresponsabilización del Estado. Los incendios en la Patagonia son una tragedia ambiental que son combatidos por trabajadores esenciales empujados a la precariedad y el Gobierno Nacional solamente ofrece un discurso que glorifica el sacrificio individual mientras niega derechos básicos.
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