Mientras una nueva temporada de verano vuelve a encontrar a la Patagonia envuelta en llamas, desde el Congreso nacional impulsan la declaración de la Emergencia Ígnea, Ambiental y Socioeconómica en cuatro provincias del sur argentino. Según estimaciones oficiales y relevamientos locales, ya se superaron las 6.000 hectáreas arrasadas, con focos activos fuera de control, miles de evacuados, viviendas destruidas, animales calcinados y un impacto directo sobre economías regionales que dependen del turismo y la producción local. Solo en Chubut, el Gobernador Ignacio Torres confirmó que el incendio en la zona de Puerto Patriada (El Hoyo) afectó al menos 1.800 hectáreas y obligó a evacuar preventivamente a más de 30.000 turistas.
El proyecto mencionado es promovido por la diputada nacional Ana María Ianni (Unión por la Patria) ante el avance de incendios forestales de magnitud extraordinaria en Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Neuquén, en un contexto marcado por el retiro del Estado nacional y el recorte presupuestario en políticas de prevención.
La iniciativa legislativa propone declarar el Estado de Emergencia por 180 días, habilitando herramientas excepcionales para mitigar los daños ambientales y asistir a las poblaciones afectadas. Entre las medidas contempladas se incluyen la asignación extraordinaria de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), la duplicación de asignaciones sociales, alivio fiscal ante la ARCA y líneas de crédito blandas destinadas a la reconstrucción del capital de trabajo.
En paralelo, Diputados patagónicos solicitaron informes al Ministerio de Seguridad y a la Administración de Parques Nacionales para conocer el estado de ejecución de las partidas destinadas a la prevención de incendios durante 2025, el funcionamiento del sistema de alertas tempranas y las campañas de prevención implementadas para la temporada 2025-2026. El pedido también apunta a esclarecer si se dispusieron prohibiciones de fuego en áreas protegidas y zonas de reserva, y en qué fechas y lugares.
Pese al esfuerzo de brigadistas, bomberos y voluntarios, las condiciones climáticas extremas —vientos intensos, altas temperaturas y sequía— favorecieron la expansión del fuego. En las últimas horas se incorporaron medios aéreos, como un avión hidrante proveniente de Santiago del Estero y un Boeing 737 adaptado para combate de incendios, aunque vecinos y ambientalistas denuncian que la asistencia llegó tarde y de manera insuficiente.
Las críticas al Gobierno de Javier Milei se profundizan a medida que avanza la crisis. Legisladores de la oposición advierten que el Presupuesto 2026 prevé un recorte del 69% en los fondos destinados al Sistema Nacional de Manejo del Fuego respecto de 2023, lo que impacta directamente en la prevención, las horas de vuelo disponibles y el funcionamiento de los sistemas de alerta temprana. A ello se suma el traspaso del organismo a la órbita del Ministerio de Seguridad, una decisión que, según especialistas, desplazó la prevención y la planificación integral a un segundo plano.
Desde la Comarca Andina, vecinos relatan escenas de abandono estatal. En localidades como Epuyén y El Hoyo, pobladores debieron enfrentar el avance de las llamas con medios propios, mientras denunciaban la falta de coordinación y recursos. «No hubo asistencia del Estado y las casas estaban totalmente desprotegidas», señalaron residentes de la zona, donde los incendios se repiten con mayor intensidad desde hace algunos años.
La situación también amenaza áreas de alto valor ambiental, como el Parque Nacional Los Alerces, donde el fuego se aproxima peligrosamente a El Abuelo, un alerce milenario de más de 2.600 años. Ambientalistas alertan que la combinación de sequía prolongada, forestación con especies exóticas altamente inflamables y falta de inversión pública constituye un escenario crítico que se repite año tras año.
Mientras el Gobierno nacional insiste en el endurecimiento de penas y promete «tolerancia cero» frente a los incendios intencionales, desde el Congreso y las organizaciones ambientales reclaman políticas sostenidas de prevención, financiamiento adecuado y una presencia activa del Estado. La emergencia en la Patagonia expone, una vez más, que sin planificación ni recursos, el costo ambiental, social y económico de los incendios seguirá creciendo.
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