La grave situación que atraviesa Corrientes por las inundaciones llegó a la Cámara de Diputados de la Nación de la mano de un dato político que no pasó desapercibido: el reclamo de asistencia al Gobierno nacional no provino de la oposición dura, sino de legisladores libertarios y alineados al oficialismo nacional.
La diputada de La Libertad Avanza Virginia Gallardo, junto a su par Lisandro Almirón y Federico Tournier, presentó un proyecto de declaración para que se reconozca la Emergencia Hídrica en la provincia. A la iniciativa se sumó el radical Diógenes González, considerado uno de los hombres de mayor confianza del ex gobernador Gustavo Valdés, aliado estratégico de Javier Milei. El mensaje fue claro: la magnitud del desastre exige una respuesta nacional urgente.
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Las cifras que fundamentan el pedido son contundentes. En apenas una semana, algunas zonas de Corrientes acumularon cerca de 500 milímetros de lluvia, un volumen que superó todos los registros históricos y provocó desbordes en áreas que no suelen inundarse. Según los proyectos, casi 500 personas resultaron damnificadas y más de 400 debieron ser evacuadas, mientras la infraestructura de drenaje colapsó en distintos puntos de la provincia.
La declaración de emergencia permitiría acceder a partidas extraordinarias y agilizar mecanismos administrativos, algo que, en el actual esquema de ajuste y control del gasto, depende exclusivamente de la voluntad del Ejecutivo nacional. Allí es donde el reclamo se transforma en una piedra en el zapato político para Milei.
Con @virchugallardo presentamos un proyecto para declarar la Emergencia Hídrica en Corrientes.
El proyecto busca reforzar la asistencia a los damnificados, agilizar la recuperación y reconstrucción, normalizar la situación de los correntinos y restablecer la economía afectada. pic.twitter.com/rFuhivp8NA
— Lisandro Almirón (@lisandroalm) January 7, 2026
Un pedido incómodo en tiempos de recorte libertario
El planteo de los diputados correntinos se da en un contexto nacional atravesado por fuertes cuestionamientos al Gobierno por su política frente a desastres naturales. En las últimas semanas, los incendios en la Patagonia volvieron a poner bajo la lupa el desfinanciamiento del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, con recortes que, según especialistas y exfuncionarios, superan el 70% en términos reales respecto de 2023.
Las críticas se profundizaron luego de que el propio Milei agradeciera públicamente a los brigadistas sin haber viajado a la zona afectada -por medio de imágenes hechas con IA-, mientras organizaciones ambientales y trabajadores del sector denunciaron subejecución presupuestaria, precarización laboral y falta de recursos en medio de una emergencia que ya arrasó miles de hectáreas.
En ese marco, el pedido por Corrientes expone una tensión interna: legisladores del propio espacio libertario reclaman herramientas que el Gobierno ha venido restringiendo en nombre del equilibrio fiscal.
El antecedente que pesa: Bahía Blanca
La desconfianza sobre una eventual respuesta positiva del Ejecutivo no es infundada. En junio de 2025, Javier Milei vetó en su totalidad la Ley de Emergencia para Bahía Blanca, que había sido aprobada por el Congreso y contemplaba un fondo especial de $200.000 millones para la reconstrucción tras las inundaciones.
El Gobierno argumentó entonces que las medidas adoptadas eran suficientes y consideró innecesaria la creación de un fondo específico, aun frente a una catástrofe de magnitud. Ese antecedente funciona hoy como telón de fondo del reclamo correntino y refuerza la lectura política del pedido: la emergencia es real, pero la respuesta nacional no está garantizada.
Una jugada que deja expuesto al oficialismo de Milei
La particularidad del caso Corrientes es que el reclamo no proviene de gobernadores enfrentados con la Casa Rosada ni de bloques opositores, sino de aliados políticos de Milei, incluidos representantes de su propio espacio. Esa situación reduce el margen discursivo del Gobierno para desestimar el pedido sin costos políticos.
Si el Ejecutivo avanza con la asistencia, deberá explicar cómo compatibiliza esa decisión con su política de ajuste. Si, en cambio, el reclamo queda sin respuesta o pierde estado parlamentario, quedará en evidencia una contradicción entre el discurso federal y la práctica de recorte ante emergencias.
Por ahora, la emergencia hídrica de Corrientes no solo mantiene en vilo a miles de familias afectadas por las inundaciones, sino que también coloca al Gobierno nacional libertario ante un dilema político incómodo, en el que el ajuste choca de frente con la realidad de una provincia bajo el agua.
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