El concejal de Resistencia por el bloque Frente Chaqueño, Federico Bolatti, difundió un informe en el que cuestiona el nuevo aumento del boleto de colectivos en Chaco y sostiene que la suba impulsada por el Gobierno provincial no responde a una necesidad técnica del sistema, sino a una decisión política. El planteo se inscribe en un contexto de crisis del transporte público, atravesado por la caída de pasajeros, el deterioro del servicio y la reducción de subsidios nacionales.
Según Bolatti, la política tarifaria aplicada desde 2024 profundizó un esquema regresivo. “Desde el 2024 el pasaje aumentó un 1.400%, mientras que la inflación fue del 160% y los salarios están estancados”, afirmó. En ese marco, cuestionó que la gestión de Leandro Zdero trate al transporte público “como una válvula de ajuste y no como un derecho básico”.
Menos usuarios y una lógica que agrava la crisis
El concejal advirtió que los fuertes incrementos del boleto tuvieron un impacto directo en la cantidad de pasajeros. De acuerdo con los datos que expone en su informe, el sistema pasó de registrar unos 30 millones de viajes anuales a una proyección de apenas 15 millones para 2025. “La gente se bajó del colectivo”, señaló.
A su entender, esta caída en la demanda empuja al Ejecutivo a una lógica que agrava la crisis: “como viaja menos gente y recaudo menos, subo más el precio”. El resultado, explicó, es un boleto que hoy representa alrededor del 25% de un salario mínimo y que, si alcanza los $1.885, “se llevará casi el 40% del ingreso mínimo de un trabajador”. “Nadie puede trabajar solo para pagarse el viaje”, remarcó.
Costos oficiales y una brecha sin explicación
Uno de los ejes centrales del informe se apoya en los números oficiales que utiliza el propio Gobierno para justificar el aumento. Según el Ministerio, el costo anual del sistema de transporte asciende a $44.127 millones, cifra que incluye salarios, combustible, mantenimiento y una ganancia razonable para las empresas.
Sin embargo, Bolatti señaló que, al sumar los subsidios provinciales ya comprometidos —$21.600 millones— más la recaudación estimada con un boleto a $1.885, los ingresos totales del sistema alcanzarían los $49.897 millones. “Hay una diferencia de $5.770 millones”, advirtió.
Para el edil, si los costos declarados ya están cubiertos, ese excedente no tiene justificación. “Si no se explica claramente, estamos ante un sobreprecio directo que se le entrega a las empresas por encima de lo que legalmente les corresponde”, afirmó, y lo definió como un “vuelto innecesario” que vuelve a salir del bolsillo de los usuarios.
El impacto en el Boleto Estudiantil Gratuito
El informe también alerta sobre las consecuencias del aumento en el Boleto Estudiantil Gratuito (BEG), una política fundamental para la inclusión educativa en la provincia. Bolatti recordó que desde su creación en 2015 el programa garantizaba hasta 60 pasajes mensuales, pero que actualmente el cupo se redujo a un máximo de 40. “Obliga a los chicos a elegir qué días ir a estudiar porque ‘no hay plata’”, señaló.
A la vez, subrayó una contradicción central: el aumento del boleto encarece el costo que el propio Estado debe afrontar por cada pasaje gratuito. Según sus estimaciones, llevar la tarifa a $1.885 implicaría un sobrecosto cercano a los $4.300 millones para el BEG. “Gastan más recursos públicos para beneficiar a las empresas mientras les dan menos pasajes a los estudiantes”, cuestionó.
La propuesta para evitar el aumento
Frente a este escenario, Bolatti planteó una alternativa: mantener el boleto en $1.300 sin aumentar el presupuesto ya asignado. “No pedimos más recursos, pedimos transparencia, eliminación de sobreprecios y sentido común económico”, sostuvo.
La propuesta se apoya en tres ejes: eliminar el excedente de $5.700 millones que considera injustificado, frenar la caída de usuarios para estabilizar la recaudación y aprovechar el ahorro que se generaría en el BEG al no aumentar la tarifa. Parte de ese margen, afirmó, permitiría incluso restituir pasajes recortados a los estudiantes.
En su conclusión, el concejal fue categórico: “La decisión de llevar el boleto a $1.885 no es una necesidad técnica del sistema, es una decisión política que privilegia el margen empresarial por sobre el acceso de la población al transporte”. Y cerró: “La diferencia entre los $1.885 del oficialismo y los $1.300 que proponemos no es una cuestión de costos, es una cuestión de transparencia y prioridad social”.
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