El paro de colectivos del jueves 8 de enero no fue un hecho aislado ni un “capricho gremial”, como suele instalarse en parte de la opinión pública. Fue la expresión visible de un conflicto estructural que viene deteriorando, desde hace meses, la calidad de vida de los choferes y también de los usuarios del transporte urbano en Corrientes.
Las empresas ERSA y Transporte Ciudad de Corrientes (TCL), concesionarias del servicio, adeudan salarios, incumplen acuerdos paritarios, pagan gran parte de los sueldos “en negro” y no realizan aportes básicos como obra social y jubilación. Sin embargo, continúan operando con el aval de la Municipalidad de Corrientes, que lejos de sancionar o intervenir, sigue inyectando fondos públicos para sostener un servicio cada vez más deficitario.
Un salario acordado que nunca llegó
Desde el gremio Unión de Conductores de la República Argentina (UCRA) explicaron que existe un acuerdo firmado que fija un sueldo básico inicial conformado de $1.370.000, al que deben sumarse ítems como nocturnidad y adicionales.
“Ese monto ya tenía que haberse cobrado en diciembre, no se pagó en diciembre, no se pagó en enero”, remarcaron desde el sindicato.
A esto se suma que las empresas venían amparándose en un procedimiento preventivo de crisis, que ya venció, pero que igualmente siguen utilizando como excusa para justificar el incumplimiento salarial. Según los trabajadores, no existe hoy ningún sustento legal que avale la modalidad de pago que aplican ERSA y TCL.
Sueldos en negro, descuentos arbitrarios y aportes inexistentes
Uno de los puntos más graves denunciados por el gremio es que alrededor del 90% del salario se paga en negro, una práctica que no solo precariza a los choferes sino que impacta directamente en su futuro previsional y en el acceso a la salud.
“No están pagando las obras sociales. Ninguna obra social está sirviendo para los compañeros. La empresa te descuenta la cuota, pero no paga a los prestadores”, explicaron desde UCRA. La misma situación se repite con los aportes jubilatorios: choferes que inician trámites ante ANSES y ARCA descubren que no hay depósitos realizados.
Reuniones que se postergan y un conflicto que se “bicicletea”
El paro del 8 de enero se realizó con la expectativa de destrabar el conflicto en una reunión bilateral entre gremios y empresas. Sin embargo, lejos de avanzar, los encuentros se postergaron una y otra vez. “Esto es la bicicleta”, definieron desde el sindicato, al describir una estrategia sistemática para dilatar soluciones mientras el desgaste recae sobre los trabajadores y los usuarios.
Para los choferes, el trasfondo del conflicto es claro: existe una convivencia entre las empresas y el Estado municipal que permite que estas irregularidades se sostengan en el tiempo.
“Es un matrimonio entre los poderosos y el que liga los platos rotos son los usuarios y los trabajadores”, señalaron desde UCRA.
“Ponen muchísimo dinero y el empresario quiere más y no pone el servicio en la calle”, advirtieron desde el gremio, al tiempo que plantearon una pregunta que empieza a resonar con fuerza: si el municipio aporta más del 90% de los fondos, ¿por qué no hacerse cargo directamente del servicio?
Tarifas impagables y usuarios expulsados del sistema
Mientras tanto, el boleto sigue subiendo y amenaza con hacerlo nuevamente. Desde el sector sindical alertan que un boleto de 2.300 o 2.500 pesos terminaría de vaciar los colectivos.
“¿Quién va a subir al colectivo con ese precio?”, se preguntan, al señalar que el encarecimiento del transporte público está empujando a los usuarios hacia remises, Uber, moto Uber y otras alternativas.
Otra de las contradicciones expuestas por el gremio es el uso discrecional del argumento de la “crisis”. Mientras aseguran no tener fondos para pagar salarios, las empresas ofrecieron indemnizaciones millonarias a entre 30 y 40 choferes para que renunciaran, con montos que iban de 20 a 40 millones de pesos, en cuotas.
Mientras parte de la sociedad sigue culpando a los choferes por los paros, el conflicto del transporte en Corrientes deja una certeza incómoda: los verdaderos responsables no están al volante, sino en los escritorios empresariales y en un Estado municipal que, lejos de regular, legitima un modelo que castiga a trabajadores y usuarios por igual.
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