Venezuela atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia reciente luego de la captura del presidente Nicolás Maduro en un operativo militar de Estados Unidos, hecho que derivó en la declaración de un estado de conmoción exterior y una escalada de tensiones internas, regionales e internacionales.
Desde el lunes pasado rige en el país el Decreto N° 5.200, firmado por la presidenta interina Delcy Rodríguez, que establece un estado de excepción por 90 días prorrogables. La medida habilita facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo, entre ellas la movilización total de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), el refuerzo de la presencia militar en infraestructuras estratégicas —como servicios públicos y la industria petrolera— y severas restricciones a la circulación y a la protesta social.
Controles, detenciones y restricciones a derechos
En Caracas y otras ciudades se multiplicaron los puntos de control con operativos de seguridad que incluyen requisas a peatones y conductores, inspección de teléfonos celulares y detenciones preventivas bajo la acusación de “alterar el orden público”. El decreto también faculta al Estado a requisar bienes, cerrar fronteras y suspender manifestaciones, en el marco de un esquema de control reforzado.
Aunque el Gobierno de Venezuela aseguró que no se suspenderán derechos considerados intangibles —como el derecho a la vida, el debido proceso y la prohibición de la tortura—, organismos de derechos humanos advierten sobre un uso discrecional del poder y un clima de creciente persecución.
Periodistas detenidos y denuncias del gremio
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció la detención de al menos 14 periodistas, entre ellos corresponsales de medios internacionales, durante la jura de la nueva Asamblea Nacional y la asunción de Rodríguez como presidenta interina. Si bien la mayoría fue liberada horas después, uno de los trabajadores de prensa fue deportado a Colombia.
Según el gremio, las fuerzas de seguridad prohibieron la transmisión en vivo y la toma de imágenes, y obligaron a los comunicadores a entregar sus teléfonos. Actualmente, 23 periodistas continúan detenidos en Venezuela, varios de ellos desde hace meses.
Rechazo de la ONU a la incursión estadounidense
El operativo militar de Estados Unidos, que culminó con la captura de Nicolás Maduro y su traslado a Nueva York, fue duramente cuestionado por la Organización de las Naciones Unidas. El Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, advirtió que la acción “violó principios básicos del derecho internacional”, al implicar el uso de la fuerza contra la integridad territorial y la independencia política de un Estado.
Desde la ONU señalaron que la rendición de cuentas por delitos graves no puede lograrse mediante intervenciones militares unilaterales, y recordaron que existen mecanismos de cooperación judicial internacional para casos como narcotráfico o crímenes de lesa humanidad.
Impacto humanitario y escenario incierto
La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) recordó que, incluso antes de esta crisis, casi ocho millones de venezolanos necesitaban asistencia humanitaria, mientras que ACNUR informó que, por el momento, no se registran desplazamientos masivos, aunque la situación se mantiene bajo monitoreo constante.
En paralelo, el ataque estadounidense en Caracas dejó al menos 55 militares muertos, según listas oficiales de Venezuela y Cuba, aunque el propio gobierno venezolano reconoció que la cifra total podría superar los 80 fallecidos, sin descartar víctimas civiles aún no registradas.
Maduro, detenido en Estados Unidos
Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, permanecen bajo custodia federal en el Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn, una prisión de máxima seguridad. Ambos enfrentan cargos vinculados al narcotráfico y violaciones a los derechos humanos, acusaciones que Maduro rechazó ante los tribunales, calificando su captura como un “secuestro”.
Mientras el proceso judicial avanza en Estados Unidos, Venezuela permanece bajo un estado de excepción con fuerte presencia militar, restricciones civiles y creciente presión internacional, en un contexto que abre interrogantes profundos sobre el futuro político, institucional y humanitario del país.
Con información de Perfil, Ámbito y BAE Negocios.
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