En medio de la polémica por el DNU 941/2025, mediante el cual el presidente Javier Milei impulsa una reforma integral del sistema de inteligencia, diputados nacionales presentaron un recurso de amparo para que la norma sea declarada inconstitucional y se suspenda su aplicación inmediata.
La presentación judicial fue realizada por Mónica Frade, Maximiliano Ferraro y Esteban Paulón, quienes advirtieron que el decreto concentra facultades excepcionales en la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) sin cumplir los requisitos constitucionales para el dictado de un DNU y con graves consecuencias para el sistema democrático.
Sin urgencia y con materias prohibidas
Uno de los principales cuestionamientos es que el decreto no acredita ninguna situación de urgencia, requisito indispensable según el artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional. Además, los legisladores sostienen que el DNU avanza sobre materias expresamente vedadas, como las penales y procesales penales, al habilitar al personal de inteligencia a realizar aprehensiones.
Según el amparo, esta situación constituye un abuso de poder, vulnera la división de poderes, el principio republicano y el principio de reserva de ley, además de contradecir estándares internacionales en materia de derechos humanos.
Junto a @MonicaFradeok y @EstebanPaulon presentamos una acción de amparo contra el DNU 941/2025 sobre la Ley de Inteligencia, solicitando que se declare su inconstitucionalidad y la nulidad absoluta e insanable.
Además, solicitamos una medida cautelar para la suspensión de los… pic.twitter.com/Z1kuMFtBLD
— maxi ferraro 🎗️ (@maxiferraro) January 5, 2026
El riesgo de vigilar al ciudadano como sospechoso
Los diputados alertaron que, de mantenerse vigente el decreto, se consolida un esquema en el cual el Estado pasa a observar al ciudadano como un sospechoso permanente, según las necesidades políticas del momento.
“De aprobarse este DNU estaremos ante un Estado que observará al ciudadano como a un sospechoso”, señalaron en el escrito.
Uno de los puntos más sensibles es la concentración en un único organismo de funciones de inteligencia estratégica y seguridad interior, lo que —advierten— habilita el uso de lógicas propias de la guerra o del enemigo externo contra la población civil.
Periodistas, opositores y protestas bajo la lupa
El amparo subraya que este tipo de esquemas ha derivado históricamente en persecuciones internas, donde pueden ser considerados “amenazas”:
- ciudadanos que reclaman derechos,
- periodistas que investigan,
- dirigentes opositores,
- organizaciones sociales.
Para los legisladores, equiparar una amenaza externa con un conflicto social interno es el paso previo a la conformación de un Estado policial, donde la discrecionalidad del Poder Ejecutivo reemplaza al control judicial.
Fondos reservados y zonas grises
Como antecedente preocupante, los diputados recordaron que el Ejecutivo ya asignó $26.118 millones en partidas secretas a la SIDE mediante el DNU 849/2025, al mismo tiempo que redujo recursos en áreas públicas sensibles.
Según el escrito, estas “zonas grises” presupuestarias, combinadas con facultades ampliadas y actividades encubiertas, son el terreno fértil para abusos de poder y violaciones de derechos fundamentales.
Inteligencia sin control judicial
Otro punto crítico es que el decreto establece que todas las actividades de inteligencia son encubiertas, lo que invierte el principio básico de un sistema democrático: el control judicial previo y efectivo.
Los diputados sostienen que un esquema de inteligencia democrática debe basarse en el criterio de “datos con propósito”, es decir, solo actuar frente a amenazas reales y validadas por la Justicia. En cambio, el DNU habilita la recolección y uso de información sin límites claros, ampliando el margen para la arbitrariedad.
Una advertencia institucional
En síntesis, el amparo plantea que el DNU de Javier Milei no solo es inconstitucional, sino que también reconfigura el rol del Estado frente a la ciudadanía, debilitando garantías básicas y habilitando prácticas incompatibles con una democracia plena.
La definición ahora quedará en manos de la Justicia, pero el debate ya expuso una preocupación central: hasta dónde puede llegar el poder del Ejecutivo sin controles, cuando la seguridad y la inteligencia se colocan por encima de los derechos individuales.
Con información de Parlamentario.
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