Argentina atraviesa uno de los momentos más delicados en materia laboral de los últimos años. Desde la asunción del gobierno de Javier Milei, se estima que el país perdió más de 291 mil empleos: 100 mil en el sector público, 169 mil en el privado y más de 20 mil en el trabajo doméstico (según datos aportados por la Secretaría de Trabajo y la consultora «Mateconomía»). A esto se suma una fuerte contracción de la actividad económica, con la construcción en caída del 23,2% y la industria retrocediendo un 7,7%, según datos recientes.
En este escenario de recesión, el Ejecutivo nacional impulsa una reforma laboral que promete «flexibilizar» las condiciones de contratación, reducir cargas patronales y eliminar sanciones por empleo no registrado. Sin embargo, los antecedentes de este tipo de medidas en otros países muestran un resultado opuesto al esperado: más despidos, mayor informalidad y pérdida de derechos.
El espejismo de la «flexibilización»
Las reformas laborales regresivas aplicadas en países como Italia, Colombia, India o Indonesia facilitaron los despidos, promovieron la contratación temporal y debilitaron las negociaciones colectivas. Lejos de fomentar el empleo, esas políticas derivaron en una mayor inestabilidad y en un deterioro de las condiciones de trabajo.
El mismo camino podría repetirse en Argentina si la reforma avanza en la dirección anunciada. La experiencia reciente demuestra que bajar costos laborales no garantiza más empleo. De hecho, las primeras medidas del actual Gobierno de Javier Milei (como la eliminación de multas por trabajadores no registrados) no generaron un aumento del trabajo formal, sino una reducción del empleo en blanco y un crecimiento de la informalidad, de acuerdo a un informe presentado en el programa «La Ley de la Selva» que conduce Alejandro Bercovich.
En dicho programa, el periodista y economista mencionó que en distintos países del mundo pospandemia se discuten reformas laborales de sentido contrario: reconocimiento de derechos para trabajadores de plataformas digitales, regulación del teletrabajo, ampliación de licencias por paternidad y derecho a la desconexión. España, Portugal, Chile y Bélgica son ejemplos de naciones que buscan modernizar sus marcos laborales sin resignar derechos, adaptándolos a las nuevas formas de empleo.
Argentina, en cambio, parece avanzar hacia un esquema que abarata la fuerza de trabajo y reduce las garantías para los sectores más vulnerables. Diversos economistas advierten que el verdadero problema no está en las leyes laborales, sino en la falta de dinamismo económico.
Un modelo de producción a bajo costo
Detrás de la reforma también se vislumbra un objetivo geopolítico: reposicionar a América del Sur como una región de producción barata para Estados Unidos, aprovechando salarios deprimidos y condiciones laborales más flexibles. De concretarse, el plan podría consolidar un modelo extractivista y financiero, en detrimento de la industria local y del empleo de calidad.
En síntesis, mientras el país acumula despidos y cae la actividad, la reforma laboral aparece como una respuesta que no ataca el problema de fondo. Por el contrario, podría profundizar la pérdida de derechos y consolidar un mercado laboral más desigual, con menos trabajo formal y más precarización.
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