El sector de la construcción en el NEA vive una de las crisis más profundas de las últimas décadas. Según datos oficiales de empleo registrado a agosto de 2025, la región perdió el 41,6% de sus puestos en comparación con agosto de 2023, consolidándose como la más afectada del país.
La situación es especialmente crítica en Chaco, donde la caída alcanza el 50%, lo que equivale a 4.154 empleos menos en el sector. En Corrientes, Formosa y Misiones el panorama no es distinto: la falta de inversión y la paralización de obras públicas nacionales dejaron a miles de familias sin sustento.
Aunque el NEA mostró un leve rebote interanual entre 2024 y 2025, con un crecimiento del 15,8% (+2.442 empleos), el repunte no logra revertir el colapso estructural acumulado. De hecho, en agosto de este año, la región fue la única del país con una baja mensual frente a julio (-1,4%, es decir, 259 puestos menos).
El impacto nacional: 87 mil empleos menos
A nivel nacional, la construcción perdió 87.326 puestos registrados en los últimos dos años, una contracción del 19,6% en comparación con agosto de 2023. Todas las provincias sufrieron retrocesos. Después del NEA (-41,6%), las regiones más golpeadas fueron el NOA (-23,3%), Cuyo (-22,0%), Patagonia (-19,4%) y Pampeana (-16,3%).
El caso más extremo se registró en La Rioja, con una caída del 74,4%, seguida por Santa Cruz (-70,1%). En tanto, la provincia de Buenos Aires lideró la pérdida en términos absolutos, con 25.861 empleos menos.
Aunque el sector encadenó dos leves subas mensuales consecutivas hasta agosto (+0,4%), todavía se encuentra muy lejos de los niveles previos a la recesión iniciada en 2023.
El freno a la obra pública: una parálisis con impacto social
El derrumbe del empleo en la construcción tiene una causa evidente: la paralización de la obra pública nacional durante el gobierno de Javier Milei. Según una investigación de la Red Federal de Periodismo e Innovación (RFPI), basada en datos de Chequeado, más de la mitad de las obras heredadas de la gestión de Alberto Fernández (54%) no tuvieron ningún avance en los primeros meses de la actual administración.
De las 2.700 obras inconclusas al final de 2023, unas 1.400 permanecen completamente detenidas. Hasta mayo de 2025, solo 330 proyectos fueron finalizados por el gobierno de La Libertad Avanza, y apenas 78 avanzan según lo planificado.
Las provincias más afectadas son Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, aunque la parálisis también alcanza a obras esenciales en el NEA, como sistemas cloacales en Corrientes, tramos de rutas estratégicas en Chaco y Misiones y proyectos de agua potable en zonas rurales.
Consecuencias en la vida cotidiana
El impacto del freno no se mide solo en números. La falta de hospitales, rutas y obras sanitarias golpea de forma directa la vida diaria de miles de familias. En Corrientes, por ejemplo, más de 100 mil metros cúbicos diarios de líquidos cloacales permanecen sin tratar, mientras que en Santa Fe hay barrios sin agua potable durante el verano y en el sur del país siguen intransitables tramos de la ruta 40.
“La no ejecución de obras conspira contra el desarrollo económico y social del país”, advirtió Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco). Por su parte, Juan Pablo Peñaloza, de la Asociación Gremial de Profesionales de Vialidad Nacional, sostuvo que paralizar la obra pública “es frenar el crecimiento, aumentar la siniestralidad vial y encarecer el costo de vida”.
El costo social y económico del ajuste
Mientras el Gobierno nacional justifica el freno con el argumento de combatir la corrupción, los especialistas recuerdan que la transparencia no se logra paralizando obras, sino mejorando los mecanismos de control y sanción. El parate de la obra pública, sumado a la recesión general y la pérdida de poder adquisitivo, agrava la situación social en el NEA, donde la construcción era uno de los sectores que más empleo directo e indirecto generaba.
El colapso del 41,6% en dos años deja un saldo preocupante: obreros sin trabajo, economías locales paralizadas y provincias enteras sin infraestructura básica. El futuro del sector dependerá de si el Estado nacional decide reactivar la inversión o mantener el rumbo de ajuste que, por ahora, solo profundiza la desigualdad territorial.
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