En marzo, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) propuso a la Argentina una línea especial de financiamiento directo para las provincias. El esquema permitía a cada distrito acceder a préstamos sin engrosar el endeudamiento nacional. En aquel momento, el Gobierno rechazó la propuesta.
Sin embargo, tras una reunión en la Casa Rosada entre el presidente del BID, Ilan Goldfajn, y Javier Milei junto a su gabinete económico, la administración cambió de postura. Ahora, la Casa Rosada impulsa la activación de esos créditos, pero con una condición central: que sea el Ejecutivo quien defina qué provincias pueden recibirlos.
Fondos como moneda de negociación con los gobernadores
Los préstamos están diseñados para proyectos de infraestructura y desarrollo, con plazos de aprobación de hasta seis meses. No obstante, fuentes vinculadas al organismo señalaron que el Gobierno pidió que la lista de beneficiarios dependa de una decisión política nacional, lo que despertó sorpresa en el BID.
El cambio de estrategia refleja la intención de Milei de transformar una herramienta de desarrollo en un recurso para disciplinar y negociar con los gobernadores, en un contexto de tensiones crecientes y pérdida de respaldo político.
Apoyos condicionados y riesgos del acuerdo con el BID
El BID ya comprometió desembolsos por USD 3.000 millones en 2025, dentro de un paquete de financiamiento que podría llegar a USD 10.000 millones hasta 2028. El organismo destacó pilares como la estabilidad macroeconómica, la apertura al sector privado y la reducción de la pobreza.
Pero, al insistir en manejar de manera discrecional qué provincias acceden a los recursos, el Gobierno argentino pone en duda la transparencia del proceso y abre la puerta a un uso clientelar de fondos internacionales.
Con información de Infobae.
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