El Gobierno Nacional, encabezado por Javier Milei, anunció la privatización de Corredores Viales, que además incluye la licitación de más de 8.500 kilómetros de rutas nacionales. Cuando el Presidente anunció el fin de la obra pública, una de sus ideas era que los privados se encarguen de la misma. Si bien el Ministerio de Economía asegura que la medida promoverá la eficiencia y la reducción del déficit fiscal, muchos se preguntan si este cambio no traerá problemas a las provincias más alejadas de la Capital Federal.
Volver al futuro: la privatización
El Gobierno Nacional avanza con un proceso que no es del todo nuevo, y que tiene un aire a déjà vu. A través de un decreto publicado la semana pasada, el Ministerio de Economía comenzó a licitar tramos clave de la Red Federal de Concesiones. Entre estos tramos, se encuentran rutas vitales que atraviesan provincias del Norte Grande, el Litoral y la Patagonia. Estas regiones tienen grandes producciones agropecuarias, pero necesitan si o si de las rutas para la comercialización de sus productos.
Como en los 90’, el sistema se trata de una concesión de la obra pública por peaje. Es decir que las empresas privadas se tienen que encargar del mantenimiento y operación de las rutas a cambio del peaje a los usuarios. La duda es si esta vez, las empresas privadas se harían cargo de sus responsabilidades, o si otra vez los privados van a evitar construir nuevas rutas e ignorar el estado general de los caminos.
Las provincias tienen una realidad muy distinta
Si bien el Gobierno de Javier Milei cree que esta medida promoverá una «red vial moderna, segura y eficiente», las provincias no están muy seguras de eso. Entre ellas, las provincias del Litoral, como Misiones, Corrientes y Entre Ríos, que dependen en gran medida de rutas como la 12 y la 14 (vías clave para el Mercosur). Las mismas ya están sintiendo los efectos negativos de la falta de obra pública.
La Confederación Económica de Misiones (CEM) y la Federación Económica de Corrientes (FEC), también pidieron soluciones inmediatas. El mal estado de estas rutas ya genera consecuencias directas: accidentes, cargas más costosas para los transportistas, y una desconexión abismal y creciente entre las provincias productoras y los mercados.
Jorge Gómez, titular de la FEC, expresó con cautela que, si bien la licitación de las rutas puede ser un paso hacia la mejora, aún falta información sobre cómo se garantizará la calidad del servicio, el mantenimiento constante y la reducción de accidentes en las rutas que, hasta ahora, no están concesionadas. La falta de respuestas hace que muchos empresarios y dirigentes provinciales se cuestionen si, en el mediano y largo plazo, este modelo de concesión va a traer alguno de los beneficios prometidos.
La conectividad regional
Uno de los grandes reclamos de los gobernadores de las provincias tiene que ver con la necesidad de mejorar la conectividad y la infraestructura vial en zonas rurales. La dependencia de las rutas nacionales no es sólo un tema de transporte, sino también de competitividad. Los más alejados de las grandes ciudades ven cómo los costos logísticos aumentan de manera desmedida y no pueden competir.
Tomemos como ejemplo la Ruta 12. Esta ruta es vital para el transporte de productos como yerba, madera y cítricos. Sin una intervención rápida en el mantenimiento de las rutas, muchas de las provincias del litoral (y otras) verán cómo sus productos pierden competitividad frente a otros mercados internacionales. Además, el aumento de los costos de transporte podría terminar trasladándose a los precios finales, es decir, mayor costo para los compradores.
La crisis de las rutas
El problema de la infraestructura vial no es nuevo, y tampoco lo es la queja constante de las provincias sobre la falta de inversión. Sin embargo, lo que preocupa ahora es la falta de claridad sobre cómo se manejará la distribución de los recursos y la ejecución de las obras. Aunque el Gobierno se compromete a mejorar la infraestructura, lo cierto es que las provincias temen quedar nuevamente en el olvido.
Fabián Catanzaro, del gremio de Vialidad Nacional, señaló que el verdadero problema es el modelo que se aplica, y no el nombre de la empresa encargada de la gestión de las rutas. Según Catanzaro, lo que se necesita es un cambio estructural en la forma de gestionar la infraestructura vial, y no simplemente delegar en empresas privadas lo que debería ser una responsabilidad del Estado.
Qué pasa con la desconfianza y los corredores viales
El Gobierno insiste en que este es un paso necesario para reducir el déficit fiscal y mejorar la eficiencia en la gestión de las rutas. Pero, a medida que la medida se implementa, muchas provincias sienten que están quedando fuera de un modelo que no responde a sus necesidades. Si bien la licitación de las rutas más importantes es vista con buenos ojos por algunos sectores, no se sabe que va a pasar con la totalidad de la red vial.
En general, las provincias esperan que este proceso de privatización no termine en una mayor concentración de recursos en las regiones más transitadas, mientras que las provincias periféricas se quedan con una infraestructura deteriorada y, lo peor, sin recursos para mejorarla.
Lo más importante es que no hay respuestas sobre cómo se distribuirán los recursos y cómo se garantizará el mantenimiento de las rutas. Si el Gobierno no contempla un plan de obras públicas que incluya a todas las provincias, el futuro del transporte y la competitividad de muchas regiones se ve negro. Las provincias, como siempre, parecen ser las más afectadas por una política que se decide sin tenerlas en cuenta.
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