Lo que se promocionó como un proceso administrativo rutinario se convirtió en un calvario para miles de misioneros. Desde marzo de 2025, la ANDIS comenzó operativos masivos para «verificar requisitos» de Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez, pero la implementación en territorio reveló una serie de irregularidades que van desde lo absurdo hasta lo criminal.
«El problema que está sucediendo con respecto a las auditorías es que nos hemos encontrado primero con un proceso completamente irregular, citando a las personas en lugares totalmente inaccesibles, sin la presencia de personal médico, de personal capacitado y formado en la temática«, explica Soledad Varela, licenciada en Recursos Humanos y especialista en discapacidad, en entrevista exclusiva.
Las denuncias se multiplican: en San Ignacio, 25 de Mayo y San Pedro, los beneficiarios fueron citados en restaurantes abandonados, hostels y hasta plazas públicas. Las largas filas bajo el sol, la falta de sanitarios y la ausencia de profesionales médicos caracterizaron estos operativos que más parecían montajes improvisados que procedimientos oficiales.
🔴 Escandalosa auditoría de ANDIS en Misiones: horas de filas de discapacitados, desmayos e internaciones
Recuerden que le quitan las pensiones a la gente mientras cobran coimas. pic.twitter.com/qMDSFs7M8K
— Al Toque (@altoque_ok) September 4, 2025
En las últimas semanas, miles de personas con discapacidad, madres de siete hijos y otros beneficiarios de pensiones no contributivas (PNC) fueron convocados a “auditorías obligatorias” en lugares insólitos: plazas, galpones o incluso comercios abandonados. Estos espacios, además de no contar con condiciones mínimas de accesibilidad, generaban una situación de indignidad para quienes debían asistir.
Muchos acudieron por miedo a perder el único ingreso con el que sostienen su vida cotidiana. Otros, con la esperanza de recuperar la pensión que les habían quitado en los últimos meses. Solo en Misiones, más de 10.000 pensiones fueron dadas de baja de manera arbitraria, sin auditorías previas ni los procedimientos legales correspondientes. Esa incertidumbre se traduce en que hoy el resto de los pensionados viven con el temor constante de no cobrar el próximo mes.
Pero lo que encontraron en esos supuestos operativos distaba mucho de ser una auditoría. Personas con discapacidad, ancianos y madres de siete hijos eran recibidos por militantes de La Libertad Avanza sin formación pertinente, que luego de hacerlos esperar durante horas en largas filas, les entregaban un papel para firmar. Se trataba de una simple fotocopia: sin membrete oficial, sin datos del pensionado, sin firma de autoridad alguna más que la de un médico. Allí se les notificaba que tenían 30 días para presentar documentación si querían seguir cobrando la pensión.
El problema es que, cuando los beneficiarios se presentaron en ANSES u otros organismos con esa nota en la mano, se toparon con la sorpresa de que ninguna institución reconocía su validez. Nadie sabía de la existencia de ese documento, ni mucho menos de los trámites que supuestamente exigía.
Falsificaciones y documentos apócrifos
El escándalo escaló cuando se descubrió que los responsables de las auditorías utilizaron sellos y firmas falsificadas. El cardiólogo Leandro Peñaloza, de Pergamino, Buenos Aires, denunció públicamente que su sello y firma fueron utilizados sin autorización en las constancias emitidas en San Ignacio.
«El sello y la firma no son míos. Claramente hay una falsificación«, declaró el profesional en medios nacionales, anticipando que radicará una denuncia penal. Este caso expone la gravedad de un sistema que no solo carece de transparencia, sino que recurre a la falsificación de documentos oficiales.
Tatiana Antúnez, presidente del Consejo Provincial de Discapacidad de Misiones, denunciando las auditorías truchas de la @andiscapacidad
Militantes de @LLAmisiones en San Ignacio, haciendo de «auditores» sobre el capot de un auto.@lucasaromero tenía razón. pic.twitter.com/uN3CH8vJFm— Ezequiel Bermejo (@EzequielBermejo) August 31, 2025
Pero la problemática no termina ahí. Varela detalla: «El documento que te entregan, el papel que dice que figura los datos de la persona que se supone que hizo una auditoría, se sabe que es un papel que está escaneado, eso ya se comprobó con el cam scanner porque en una de las esquinas figura, o sea, que es un papel que es ilegal«.
Las personas que acudieron desesperadas a las oficinas de ANSES para presentar esta documentación se encontraron con el rechazo sistemático: «Las oficinas de ANSES le están rechazando esta nota porque ven que no es válida», confirma la especialista.
Militantes en lugar de médicos
Una de las denuncias más graves es la participación de militantes de La Libertad Avanza en lugar de profesionales médicos. Según testimonios recogidos, estos operativos fueron conducidos por personas sin formación en salud, lo que viola los protocolos básicos de cualquier evaluación médica.
«Contrataron militantes de La Libertad Avanza para realizar las auditorías. A la gente le decían que eran entrevistas«, reveló en medios locales Tatiana Antúnez, titular del Consejo Provincial de Discapacidad, quien confirmó que el referente de estos operativos es Fernando Cejas, contratado por PAMI.
El intendente de 25 de Mayo, Omar Wdowin, describió la situación como «caótica», estimando que citaron a casi 6.000 personas: «Hay chicos para hacer las auditorías. Los chicos dicen ser una empresa que vinieron a ordenar los datos«.
Desmitificando las «pensiones truchas» en personas con discapacidad
El discurso oficial ha instalado la idea de que existe un número masivo de «pensiones truchas», pero los datos desmienten esta narrativa. En Argentina, las personas con discapacidad representan el 15% de la población según el INDEC, mientras que a nivel nacional existen aproximadamente un millón de pensiones no contributivas.
«Esto es un discurso totalmente armado por el gobierno nacional tratando de que se desacredite el sector, y tratando de confundir a las personas haciéndoles creer como que ahora de repente aparecieron muchas personas con discapacidad, y esto no es así«, aclara Varela. «Primero porque no todas las personas con discapacidad cuentan con una pensión, hay una serie de requisitos a reunir, y segundo porque no son tantas las pensiones por discapacidad en comparación con otros lugares«.
Según datos oficiales, las Pensiones por Invalidez suman alrededor de un millón, es decir, alrededor del 2% de la población. Esto es mucho menor que el 15% de personas con discapacidad relevadas por el INDEC. En Misiones, las PNC representan apenas el 1,7% de la población. Ambas son cifras muy inferiores al promedio de personas con discapacidad en cualquier país de la región, donde superan el 7%. Estos números echan por tierra el argumento de que existe un fraude masivo, ya que, en todo caso, significa que hay mucho menos pensiones de que la debería haber.
El drama humano detrás de los números
Más allá de las irregularidades procedimentales, existe un drama humano que no puede ignorarse. Las PNC por invalidez representan, en muchos casos, el único ingreso de personas que no pueden acceder al mercado laboral formal.
«Una persona que recibe una pensión no contributiva no puede acceder al trabajo en blanco«, explica Varela. «En Argentina el 80% de las personas con discapacidad no consigue trabajo por un montón de barreras, de falsas creencias, de prejuicios que acompañan históricamente al sector«.
Hoy, las pensiones por discapacidad rondan los $270.000. Ese monto constituye el único ingreso posible para los beneficiarios, ya que la normativa les impide acceder a un empleo formal. Por eso resulta absurdo pensar que alguien elegiría quedarse con una pensión en lugar de trabajar, si tuviera la oportunidad de hacerlo. En la misma línea, se vuelve insostenible el discurso oficial que insiste en la existencia de miles y miles de “pensiones truchas”, ya que para sostenerlo habría que imaginar a miles de familias eligiendo vivir por 270 mil pesos al mes pudiendo vivir con más.
Las suspensiones arbitrarias han dejado a familias enteras sin recursos para costear tratamientos médicos y medicaciones esenciales. En San Ignacio, cinco personas se descompensaron durante las largas esperas, y una mujer sufrió un accidente cerebrovascular sin poder recibir asistencia médica en el lugar.
En Misiones arrancaron con Auditorías Truchas sacando pensiones a Discapacitados, imagínate lo que son capaz con las Reformas Laborales dps de Octubre.
Si sos Misionero no seas pavo chamigo en votar Hartdfield, va a ir al Congreso a levantar la mano para eso
Tenés 10 candidatos pic.twitter.com/8dF1zB3VOI— Nico Zayas (@nico_zayas23) September 2, 2025
La respuesta judicial
Ante la magnitud del escándalo, el gobernador Passalacqua decidió presentar un amparo directo ante la Corte Suprema de Justicia, el único órgano competente para mediar en conflictos entre Provincia y Nación. La presentación solicita el «inmediato restablecimiento del pago de las Pensiones No Contributivas por Invalidez«, el pago de retroactivos adeudados y la declaración de nulidad de todas las auditorías irregulares implementadas desde marzo.
«Estas irregularidades han derivado en la suspensión ilegítima de pensiones y beneficios vitales, afectando directamente la salud, alimentación y dignidad de beneficiarios y sus familias«, sostiene el escrito presentado por el Fiscal de Estado, Fidel Duarte.
Un proceso que debe cambiar
El caso de Misiones expone las fallas de un sistema que confunde auditoría con persecución. Como señala Varela: «Si se dieron en algún momento pensiones a personas que no correspondían, que se las quiten. Nosotros no estamos desde el sector de personas con discapacidad en contra de que se audite«.
«Lo que estamos diciendo es que en este proceso están cayendo personas con discapacidad que tienen una discapacidad visible, comprobable, que es palpable en muchos casos«, agrega la especialista.
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