El gobierno municipal de Corrientes enfrenta un dilema que expone las contradicciones de su gestión: mientras las empresas presionan por un boleto de $2.000 y los choferes reclaman salarios acordes a la escala nacional, la ciudadanía ya no soporta más aumentos que hacen del transporte un lujo inalcanzable. Tras haber postergado la suba para no pagar el costo electoral, la administración capitalina se encuentra ahora atrapada entre un servicio en crisis, concesionarias que amenazan con paralizar el sistema y usuarios que se sienten rehenes.
Tras el triunfo de Juan Pablo Valdés en la provincia y Claudio Polich en la capital, la discusión tarifaria volvió al primer plano. Hoy, con un boleto en $1.290, el empresariado presiona por llevarlo a $2.000, aunque el Ejecutivo municipal lo cerraría en $1.500, con un incremento adicional que ya estaría pactado para el 1° de enero de 2026. Todo, bajo el paraguas de la “emergencia del transporte” aprobada por el Concejo Deliberante que responde al actual intendente de Corrientes, Eduardo Tassano.
Choferes en conflicto: salarios que no se cumplen
El argumento oficial para justificar el aumento del boleto en Corrientes se apoyaría en el reclamo salarial de los choferes. Los trabajadores exigen el cumplimiento de la escala nacional, con un básico de $1.300.000, que con ítems y antigüedad puede superar los $2 millones.
“Si el jueves hasta las 18 no depositan eso, el viernes no sale nadie”, advirtió un colectivero a este medio, anticipando una posible paralización total del servicio. Las empresas ERSA, TCL y Miramar sostienen que no cuentan con fondos suficientes, aunque los trabajadores aseguran que la responsabilidad es de las patronales, que utilizan como excusa la crisis del sistema.
Un boleto que ya subió 545% en un año
La situación no es nueva. En apenas un año, el boleto de colectivos en Corrientes pasó de $200 en enero de 2024 a $1.290 en marzo de 2025, un aumento del 545%.
A pesar de estos incrementos, las empresas alegan pérdidas en la recaudación, con una caída del 27,3% en enero de 2025 respecto a diciembre de 2024. La explicación es sencilla: cada vez menos personas pueden pagar el colectivo, lo que empuja a miles de correntinos a optar por bicicletas, motocicletas o caminatas, mientras el servicio se deteriora con frecuencias irregulares y unidades en mal estado.
El impacto en las familias trabajadoras de Corrientes
El encarecimiento del transporte golpea de lleno a los bolsillos. Un trabajador que cobraba el salario mínimo en 2025 debe destinar casi un 18% de su sueldo mensual solo a viajes en colectivo, superando el costo de servicios básicos como electricidad o agua.
Este peso creciente hace que muchas familias deban elegir entre pagar el transporte o recortar otros gastos esenciales, en un contexto de inflación y aumentos generalizados en alimentos, combustibles y tarifas.
Aumento del boleto en Corrientes: un ajuste político con complicidades locales
La crisis del transporte en Corrientes no puede desligarse del ajuste del Gobierno nacional de Javier Milei, que retiró subsidios al interior. En lugar de reclamar la restitución de los fondos, tanto la Provincia como el Municipio —alineados políticamente con la Casa Rosada— eligieron trasladar el costo a los usuarios.
El resultado es un sistema de transporte que deja de ser un derecho social y se convierte en un lujo inalcanzable, mientras los choferes deben salir a la calle para cobrar sus sueldos y las empresas concesionarias siguen sin rendir cuentas claras.
La postergación del aumento hasta después de las elecciones confirma que el oficialismo buscó evitar el costo político. Ahora, sin la presión de los comicios, el bolsillo de los correntinos vuelve a ser la variable de ajuste.
El boleto a $1.500 (o a un mayor costo, dependiendo de las negociaciones que lleve adelante el gobierno municipal) no solo representa una tarifa más cara: es el símbolo de un modelo que privilegia a las empresas, relega a los trabajadores y condena a los usuarios a pagar más por un servicio cada vez peor.
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