Este domingo Argentina va a festejar “El Día del Niño” de nuevo, con su nombre oficial renovado, pero sin las garantías reales de protección que debería haber para millones de niños y niñas. Esto se debe a que, en silencio y pasando desapercibido, el Gobierno de Javier Milei ya firmó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) un recorte en el acceso a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y a las pensiones por discapacidad que se ejecutará a fin de año, después de las elecciones de medio término.
Esto no es una especulación: está escrito en el documento técnico oficial publicado por el FMI el 1° de agosto, tras la primera revisión del acuerdo firmado en abril. La idea detrás del recorte es alcanzar la meta de aumentar el superávit fiscal primario del 1,3% al 1,6% del PBI, un “esfuerzo adicional” exigido por el FMI para respaldar la transición al nuevo régimen cambiario y asegurar el repago de la deuda.
Hasta ahora, Milei había utilizado los aumentos de los montos de la AUH y la Tarjeta Alimentar como un escudo político frente a la crítica social. Incluso el FMI destacó ese “logro” en sus comunicados. Sin embargo, las cosas cambiaron y la letra chica del acuerdo establece que, a fines de diciembre de 2025, el Gobierno tiene que reducir el acceso a esos beneficios a través de controles más estrictos de elegibilidad y el uso de un registro social único, con asistencia técnica del Banco Mundial.
El compromiso firmado con el Fondo
En la parte del “Memorando de Políticas Económicas y Financieras”, el propio Gobierno Nacional reconoce: “Continuaremos nuestros esfuerzos para reducir los subsidios energéticos, asegurando una adecuada recuperación promedio de costos para la electricidad, y para mejorar la focalización, la gobernanza y la eficiencia de los programas sociales, facilitado por la integración de bases de datos sociales en un registro único. También aclara que se trata de una meta a alcanzar a «fines de diciembre de 2025».
Pero lo que nos compete en esta nota es que el acuerdo técnico firmado por el FMI y por Argentina establece que habrá: “habrá mejoras de eficiencia en los programas sociales, gracias a controles mejorados de elegibilidad para las pensiones por discapacidad y la Asignación Universal por Hijo (AUH), que se ven facilitados por la integración de diversos conjuntos de datos sociales en un único registro social”. No es casual que el plazo elegido sea a fines de diciembre. Con las elecciones de medio término a fines de octubre, el ajuste va a quedar escondido bajo la alfombra hasta que pase el clima electoral, evitando un costo político que podría reflejarse en las urnas.
Qué es la AUH y por qué es clave
La Asignación Universal por Hijo es una transferencia monetaria destinada a hijos menores de 18 años de trabajadores informales, desocupados o empleadas domésticas y es reconocida como una de las políticas públicas más efectivas contra la pobreza infantil. Según la Evaluación de Impacto de la AUH realizada por el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA en el 2022, su efecto en la indigencia infantil fue que redujo la incidencia en casi 16 puntos porcentuales entre 2018 y 2020.
Sin la AUH, la indigencia infantil habría alcanzado el 34% en esos 3 años en lugar del 18,5% que se registró, con pandemia y todo. La cobertura es masiva: más de un tercio de las niñas y niños de los sectores socioeconómicos más bajos del país la reciben, y el 96% de las titulares son mujeres, lo que también genera cierto impacto en la reducción de brechas de género. Además, la AUH está atada a condicionalidades educativas y sanitarias: el cobro requiere la acreditación de la asistencia escolar y de los controles de salud. Esto generó mejoras sostenidas en la escolarización, especialmente entre niñas y adolescentes.
El recorte encubierto
El mecanismo para reducir el alcance de la AUH y las pensiones por discapacidad será por medio de un registro social único llamado “Sistema de Indicadores Sociales” (SIS) que integrará todas las bases de datos de programas sociales bajo criterios de “focalización” más estrictos. Actualmente, el SIS, dependiente del Ministerio de Capital Humano, condensa mensualmente estadísticas sobre todas las áreas que abarca la cartera dirigida por Sandra Pettovello (pobreza, mercado de trabajo, seguridad social, educación, vivienda y salud), pero no se actualiza, al menos públicamente, desde mayo de 2024.
Aún así desde el Gobierno Nacional no han detallado aún si todo eso implica solo limitar nuevos ingresos o dar de baja beneficiarios actuales, pero la experiencia de políticas similares en América Latina muestra que la “focalización” suele traducirse en exclusiones masivas y en la creación de barreras burocráticas para el acceso. En el caso de las pensiones por discapacidad, la cláusula acordada con el FMI explica también por qué Milei vetó la Ley de Emergencia en Discapacidad aprobada por el Congreso, que hubiera implicado un aumento de entre el 0,25 % y el 0,48 % del PBI en nuevas altas.
Consecuencias para las infancias
De concretarse el recorte, miles de familias podrían perder su principal ingreso estable, en una época donde la pobreza infantil ya supera el 60%. Sin AUH, el acceso a la alimentación, la educación y la salud para millones de niñas y niños va a quedar en riesgo. No es un dato menor que la AUH permitió durante años amortiguar crisis económicas, sostener el consumo en economías regionales y garantizar un piso de dignidad para hogares sin ingresos formales. Que se la recorte o elimine podría provocar un aumento inmediato de la indigencia y un retroceso en indicadores educativos y de salud infantil que tardaron más de una década en consolidarse.
El desembolso de 2.000 millones de dólares aprobado por el Fondo el 1° de agosto fue presentado por el Gobierno como una victoria, pero el precio está escrito en el mismo documento: más ajuste social. La exigencia de aumentar el superávit fiscal se suma a otras recomendaciones del FMI, como reducir subsidios a la energía, reformar el sistema previsional y “profundizar la consolidación fiscal”.
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