Ante la realización de un nuevo comicio el próximo 31 de agosto en Corrientes, y a poco tiempo de las elecciones nacionales del 26 de octubre, resulta urgente volver a marcar el horizonte de la política local y nacional.
En los últimos días, la opinión pública volvió a sacudirse por hechos de corrupción que exhiben la degradación de la vida democrática en Argentina. El problema ya no es únicamente la existencia de escándalos, sino la naturalización de los mismos. Llegamos al punto de aceptar como rutina que los recursos del Estado se utilicen para negocios privados, mientras la mayoría de la población sobrevive entre la pobreza, la precariedad laboral y la falta de servicios esenciales.
«Están molestos porque les estamos afanando los choreos»: en medio del escándalo por las presuntas coimas, Milei encabeza un acto con candidatos en Junín https://t.co/pNyuXBN0va pic.twitter.com/Zkxw7dzeRg
— TN – Todo Noticias (@todonoticias) August 25, 2025
En el plano nacional, el gobierno de Javier Milei volvió a mostrar lo que provocan el fanatismo y la soberbia cuando se gobierna de espaldas a la gente. El escándalo de las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), donde se lucró con las necesidades de las personas más vulnerables, no fue un hecho aislado. Se suma a la represión violenta contra jubilados que exigen un aumento digno, al bloqueo del acceso a la información pública, al uso desmedido de la pauta oficial, las muertes vinculadas a la falta de regulación de medicamentos —como los casos de ANMAT y el fentanilo adulterado—, a los viajes de lujo financiados con fondos públicos y a la estafa internacional de la criptomoneda $Libra, que dejó a la Argentina en el centro del descrédito financiero global.
Todos estos escándalos, y tantos otros que nos llevaría unos cuántos párrafos más mencionarlos, ocurre mientras se recortan presupuestos de salud, educación y programas sociales, confirmando que el ajuste nunca fue contra la casta, sino contra las mayorías.
El panorama en Corrientes no es distinto. Con más de 20 años en el poder, el radicalismo encabezado por Gustavo Valdés construyó un esquema que parece inamovible.
La deuda multimillonaria que compromete el futuro de generaciones enteras, los sueldos en negro y los aumentos insignificantes para empleados públicos, las obras faraónicas con presupuestos inflados mientras escuelas y hospitales quedan desatendidos, las empresas de servicios -como la DPEC– al borde del colapso y una pobreza estructural que condena a gran parte de la población forman parte de una lógica de poder que se recicla para perpetuarse.
Vale marcar, incluso, que la desaparición de Loan Danilo Peña, en pleno contexto democrático, mostró de manera brutal las redes de complicidad entre el poder político, la justicia y las fuerzas de seguridad.
En la ciudad de Corrientes, el intendente Eduardo Tassano tampoco escapa a este esquema. El derrumbe del techo del Club de Regatas, institución que preside desde hace más de dos décadas, dejó al descubierto una trama de presunta corrupción y desvío de fondos que involucra a empresas cercanas al poder municipal. No es un hecho aislado: los intentos de privatización de espacios públicos, los negocios inmobiliarios que avanzan sobre la costanera y el incremento patrimonial de funcionarios sin explicación consolidan la imagen de una gestión que prioriza intereses privados por encima del bienestar colectivo.
El Papa Francisco advirtió en 2024 que “la indiferencia es el cáncer de la democracia”. Y ese es, quizás, el mayor riesgo: que la sociedad se acostumbre a la corrupción, la impunidad y el abuso de poder. Si aceptamos como normal que los gobernantes —sean libertarios, radicales o peronistas— se enriquezcan a costa del pueblo, no habrá salida posible.
Las próximas elecciones plantean una disyuntiva clara: cambiar los zapatos para caminar por el mismo sendero de la corrupción, la desigualdad y el fanatismo partidario, o animarse a abrir un camino nuevo que ponga en el centro el bien común, la justicia social y la transparencia.
El sentimiento de indefensión ante los actos de corrupción debe transformarse en compromiso ciudadano. No alcanza con votar cada cuatro años: es necesario involucrarse, supervisar y exigir transparencia a quienes gobiernan, sin importar su color político. Porque mientras sigamos delegando el poder ciegamente, volveremos a repetir errores cuyo impacto sufrimos a diario.
Hoy más que nunca, la política necesita un cambio profundo, no de nombres ni de slogans, sino de raíz: volver a poner al Estado al servicio de las mayorías y no de los negocios de unos pocos. La oportunidad está en las urnas, pero también en la decisión de cada ciudadano de no ser indiferente frente a la corrupción.
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