En plena discusión sobre la sostenibilidad fiscal y el costo del endeudamiento, un dato llama la atención: lo que Argentina destina solo en un mes al pago de intereses de la deuda pública sería suficiente para multiplicar la inversión social en áreas clave como jubilaciones, salud, educación, subsidios o asistencia alimentaria. Esta comparación desnuda la tensión entre la política de priorizar deuda y las necesidades sociales más urgentes.
Un superávit que no alcanza: la trampa del déficit financiero
Julio dejó un dato: el superávit primario creció un 41% interanual. Es una señal positiva para el gobierno de Javier Milei, en medio de un escenario económico cargado de incertidumbre. Implica que, en lo que hace a la gestión cotidiana de los ingresos y gastos, el Estado está mostrando “disciplina” fiscal. Sin embargo, la noticia se diluye rápidamente cuando miramos el resultado financiero: la primera aparición del déficit en lo que va del año.
Aquí conviene detenerse. El superávit primario es ese “respiro” que obtiene el fisco cuando logra que los ingresos superen a los gastos corrientes, sin contar los pagos de deuda. En otras palabras, es el reflejo más puro de la política fiscal del gobierno. Pero el déficit financiero, que surge al sumar los intereses de la deuda, muestra la foto completa: aunque el Estado haya hecho los deberes en lo operativo, los compromisos pasados siguen pesando y pueden liquidar cualquier esfuerzo.
El resultado de julio deja una advertencia clara. No alcanza con ordenar las cuentas corrientes si el peso de la deuda es tan alto que convierte los superávits en ilusorios. El pago de intereses disparó el déficit financiero. Es un recordatorio de que la sostenibilidad fiscal no depende solo de ajustar gastos e ingresos, sino también de la calidad y el costo del endeudamiento.
El riesgo es caer en una especie de espejismo: mostrar números primarios positivos mientras la bola de nieve de la deuda crece. Y en ese punto, la discusión deja de ser meramente técnica. Se trata de decidir qué modelo de financiamiento queremos sostener y qué grado de autonomía fiscal estamos dispuestos a defender.
Celebrar el superávit primario de julio es válido, pero ingenuo si no se asume que la verdadera batalla se libra en el frente financiero. Mientras los intereses de la deuda sigan pesando más que el esfuerzo fiscal, el equilibrio seguirá siendo un objetivo siempre postergado.
El costo de un mes de intereses, lo que implican $17,8 billones
Si se amplía la mirada al costo anualizado, el gasto en intereses capitalizados, es decir, que aún no se pagan —de aproximadamente $17,8 billones— muestra un contraste aún más dramático, de acuerdo con las estimaciones, los pagos mensuales de intereses podrían financiar:
- Infraestructura social: equivalen a 22 planes Procrear completos, es decir, un plan de viviendas sociales anual multiplicado 22 veces.
- Subsidios a transporte y energía: cubrirían más de 4 años de subsidios.
- Alimentación: financiarían casi 7 años de la Tarjeta Alimentar, un programa clave para garantizar la seguridad alimentaria.
- Jubilaciones: cubriría más de 5 años de aumentos jubilatorios como el que fue vetado recientemente.
- Asignación Universal por Hijo (AUH): alcanzaría para sostener 35 meses de AUH, es decir, casi 3 años completos.
- Educación universitaria: equivale a financiar 6 presupuestos anuales completos de las universidades nacionales.
- Salud pública: podría sostener 7 años del sistema de salud nacional.
- Infraestructura: nuevamente, financiaría 22 planes Procrear anuales, con viviendas, rutas y obras sociales.
La elección política de destinar recursos a deuda no es neutra: cada peso que va a intereses representa un recorte en áreas sociales estratégicas. Lo que hoy se presenta como disciplina fiscal tiene un costo directo en la calidad de vida de millones de personas.
En lugar de ser una herramienta de estabilidad, la deuda se convierte en un mecanismo de transferencia regresiva: recursos que podrían mejorar jubilaciones, reforzar la educación pública, sostener la salud o ampliar la infraestructura, se desvían al pago financiero.
La pregunta no es si pagar o no la deuda —una discusión compleja en sí misma— sino a qué costo y con qué prioridades. En un país con pobreza creciente, inflación persistente y servicios públicos debilitados, la comparación es clara: el ajuste no es técnico, es social.
Por Rubén G. Serruya
Licenciado en Economía de la UNNE. Secretario del Bloque Legislativo Frente Grande. Secretario de Derechos Humanos de la CTA de los Trabajadores. Coordinador de la Tecnicatura Superior en Administración Económico Financiera de la UEGP N° 157 “Foro Social del Nea”. Columnista económico de Radio Nuestra Voz, Radio Mágica, Radio Puerto, Revista Bohemia, Chaco Stream.
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