En una decisión que marca un rumbo completamente opuesto al adoptado por Argentina, Colombia sancionó una ambiciosa reforma laboral que amplía derechos de los trabajadores y busca combatir la informalidad a través de mayores protecciones y beneficios. La Ley 2460, firmada por el presidente Gustavo Petro en la histórica Quinta de Bolívar el pasado 25 de junio, contrasta drásticamente con las políticas de flexibilización que impulsa el gobierno argentino en un contexto de creciente desocupación e informalidad.
La ceremonia de sanción, cargada de simbolismo político, reunió a centenares de trabajadores y dirigentes sindicales, mientras Petro escribía en sus redes sociales: «Firmo ante Bolívar y el pueblo trabajador«. El acto no solo representó una victoria política para el mandatario izquierdista, sino que también estableció un modelo alternativo para enfrentar los desafíos del mercado laboral latinoamericano.
Una apuesta por la formalización
La reforma colombiana, que entró en vigor tras superar cuatro debates legislativos y un complejo proceso de conciliación entre Senado y Cámara de Representantes, introduce cambios sustanciales que van en dirección contraria a las tendencias de flexibilización que se observan en otros países de la región, particularmente en Argentina.
Entre las medidas más significativas se destaca el aumento progresivo del recargo dominical y festivo, que pasará del actual 75% al 80% en 2025, 90% en 2026 y 100% en 2027. Además, el recargo nocturno se extenderá dos horas más, aplicándose desde las 7:00 pm en lugar de las 9:00 pm actuales, una medida que beneficiará directamente a millones de trabajadores que realizan labores en horarios extendidos.
La normativa también establece que el contrato a término indefinido se convierte en la regla general, limitando la renovación de contratos a término fijo a máximo cuatro veces antes de que se transformen automáticamente en indefinidos. Esta medida apunta directamente a reducir la precariedad laboral, un flagelo que afecta al 56,8% de los trabajadores colombianos según el DANE.
Protección a sectores históricamente precarizados
Uno de los aspectos más innovadores de la reforma es la atención específica a sectores tradicionalmente marginados del mercado laboral formal. Las empleadas domésticas, por ejemplo, tendrán garantizada una jornada máxima de ocho horas, equiparándose con el resto de los trabajadores. Esta medida representa un avance significativo en un sector caracterizado por la informalidad y la ausencia de protecciones básicas.
Los estudiantes del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) también resultan beneficiados, ya que sus contratos de aprendizaje serán considerados relaciones laborales plenas con prestaciones legales. Los aprendices recibirán el 75% del salario mínimo durante la etapa lectiva y el 100% en la práctica, además de acceder a salud, pensión, ARL, primas y vacaciones.
La inclusión de las madres comunitarias y sustitutas en el régimen laboral formal, aunque con una implementación gradual de 12 meses, representa otro paso hacia la dignificación del trabajo de cuidado, tradicionalmente invisibilizado y precarizado.
Hoy es ley la reforma laboral. Gracias pueblo que nos enseñó su resistencia, rebeldía, su movilización inmensa, su ser constituyente. Gracias a ustedes, trabajadoras, trabajadores, jóvenes
Quizás es la primera victoria obrera, en este siglo, en el mundo pic.twitter.com/x54sy0DbuI
— Gustavo Petro (@petrogustavo) June 26, 2025
La nueva legislación también aborda fenómenos laborales emergentes, como el trabajo en plataformas digitales, reconociendo derechos laborales y estableciendo un auxilio de conectividad de 200.000 pesos para trabajadores que cumplan ciertas condiciones. Esta medida sitúa a Colombia a la vanguardia regional en la regulación de las nuevas formas de trabajo, mientras que en Argentina estas actividades permanecen en gran medida desreguladas.
Desafíos de implementación
Sin embargo, la reforma colombiana enfrenta desafíos importantes. Los analistas estiman que los costos laborales aumentarán entre un 6,8% y un 35%, lo que ha generado críticas en sectores empresariales que temen un impacto negativo en la competitividad. Pedro Viveros, experto en temas laborales, señala que aunque la reforma puede ofrecer mayores protecciones, «su efecto será limitado si no se aborda la informalidad».
Consciente de estos desafíos, el presidente Petro anunció la creación de un equipo especial en el Ministerio de Trabajo para garantizar el cumplimiento de la normativa. «El gran problema con esta ley, como muchas otras, es que no se aplica«, advirtió el mandatario durante la ceremonia de sanción, haciendo un llamado a evitar que la reforma «quede en letra muerta».
Milei dice que el trabajador compra dinero al empleador a cambio de trabajo; por lo tanto, se acabó la teoría de la explotación. Pero la explotación continúa si el empleador vende menos dinero al trabajador a cambio de su trabajo. Pensar que este imbécil es presidente de un país. pic.twitter.com/Xpj3Br7Z31
— Andrés 💪🕊 🍁 (@andres20ad) May 9, 2025
Dos modelos, dos visiones
La diferencia entre los enfoques colombiano y argentino refleja visiones económicas y sociales profundamente diferentes. Mientras Colombia apuesta por la expansión de derechos como motor del crecimiento económico y la formalización, Argentina prioriza la reducción de «rigideces» laborales como estrategia para estimular la inversión y el empleo.
Los resultados de ambos experimentos serán cruciales para el debate sobre políticas laborales en América Latina. Colombia, con una informalidad que afecta a 13,3 millones de personas de un total de 23,5 millones de ocupados, pone a prueba la hipótesis de que más derechos pueden generar más y mejor empleo. Argentina, por su parte, mantiene la apuesta por la flexibilización como receta para reactivar un mercado laboral en crisis.
La sanción de la reforma colombiana marca un punto de inflexión en el debate regional sobre el futuro del trabajo, ofreciendo un modelo alternativo basado en la expansión de derechos y la formalización, en contraposición a las políticas de flexibilización que dominan la agenda de otros gobiernos latinoamericanos.
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