El pasado 10 de junio de 2025, la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, encabezó un acto en Avellaneda con el fin de agradecer o más bien premiar a las fuerzas de seguridad. Con tono triunfalista, anunció la entrega de 160 departamentos a efectivos federales. Pero detrás del telón del acto oficial y del discurso de “justicia habitacional” para quienes “nos protegen todos los días”, se escondía un despojo espantoso: las viviendas ya habían sido adjudicadas a familias en 2023, mediante el Programa Procrear.
¿Entrega o estafa?
Las 160 viviendas entregadas por Bullrich se encuentran en el predio Sagol, en el partido bonaerense de Avellaneda. En noviembre de 2023, mediante un sorteo transparente del programa Procrear, 136 familias fueron adjudicatarias legítimas de esas unidades, mientras que las 24 restantes fueron asignadas por la municipalidad en el marco del programa “Casa Propia”.
Todas estas personas habían iniciado los trámites con el Banco Hipotecario, enviaron documentación, abrieron cuentas y algunas incluso recibieron su tarjeta de débito. Sin embargo, en febrero de 2024, se paralizó todo: dejaron de llegar respuestas, el sistema del banco dejó de aceptar archivos y el proceso de adjudicación quedó en un limbo raro que hoy muestra que fue una maniobra para frenar las entregas y redirigir las propiedades.
Durante el acto del 10 de junio, Patricia Bullrich no hizo mención alguna a los beneficiarios originales. Su discurso giró en torno a la “recuperación” de viviendas supuestamente mal utilizadas por beneficiarios anteriores, aludiendo (obviamente que sin pruebas) que algunas habían sido puestas en alquiler a través de plataformas como Airbnb.
Esa narrativa es moneda corriente entre las estrategias libertarias, todo es o un “curro” o “está lleno de ñoquis”. En este caso usaron la primera para justificar lo que, para muchos especialistas y damnificados, constituye una estafa y un posible delito: el retiro arbitrario del derecho a la vivienda a personas que ya lo habían adquirido por sorteo legal.
De programa estatal a botín político
El Procrear fue uno de los programas más exitosos en materia de acceso a la vivienda en la última década. Nacido en 2012, durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, se sustentaba en un fideicomiso autosustentable alimentado por cuotas mensuales, deuda gestionada por la Anses y financiamiento internacional. Según Juan Pablo Negro, ex Subsecretario de Política de Suelo y Desarrollos Habitacionales, cuando la gestión de Milei asumió, muchas obras ya estaban en un 90% de avance y los ingresos mensuales por cuotas superaban los $20.000.000. Es decir que el programa era viable económicamente.
Sin embargo, la administración de Javier Milei decidió en noviembre de 2024 cerrar el Fondo Fiduciario del Procrear, y en junio de 2025 publicó la resolución 764/25 que ordena desviar esos recursos al Tesoro Nacional. En paralelo, el Ministerio de Economía cedió al de Seguridad las viviendas de Sagol, que Bullrich asignó arbitrariamente a efectivos de las fuerzas, sin reconocer los derechos de quienes ya estaban pagando sus viviendas.
Las familias afectadas
¿Qué pasó con las familias afectadas? Bueno, más de 60 familias se reunieron en la Defensoría del Pueblo de Avellaneda, donde presentaron oficios conjuntos al Ministerio de Seguridad, al de Economía y al Banco Hipotecario. Reclaman explicaciones y una audiencia urgente. En caso de no obtener respuesta, van a avanzar con un amparo colectivo.
“Acá hubo una estafa y, me animo a decir, una asociación ilícita”, acusó Daniel García, Defensor del Pueblo de Avellaneda. También detalló cómo las familias fueron víctimas de un proceso de desgaste, silencio institucional y decisiones arbitrarias que culminaron con la entrega de las viviendas a otras personas.
El abogado Leonardo Herrera Martínez, que representa a 7 familias, explicó que los amparos presentados en la justicia federal están siendo sistemáticamente dilatados. Uno ya fue rechazado, a pesar de que el derecho a la vivienda está consagrado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. “Lo que hace Bullrich es un delito, es un incumplimiento de los deberes de funcionario público”, señaló.
Historias con nombre propio
Las víctimas no son números. Son trabajadores, madres solteras, profesionales, docentes, enfermeros, jubilados. Personas que cumplieron con cada paso, creyeron en las reglas del juego democrático y ahora se ven privadas de un derecho por una decisión que perciben como violenta, injusta y autoritaria.
“Somos trabajadores, ella de la salud y yo metalúrgico. Trabajamos hasta 12 horas al día para mantener un alquiler. No pedimos que nos regalen nada, solo acceder al crédito y pagar lo que correspondía”, cuenta uno de los damnificados.
“Tengo un hijo de 9 años, sostengo un hogar monomarental, trabajo en el sector público. El alquiler me lleva el 60% del sueldo. Nos sacaron algo que ya era nuestro”, dice otra adjudicataria que no quiere revelar su nombre por temor a la Ministra. “Soy una enfermera, madre de cuatro hijos. Nos arrebataron nuestras casas con un accionar oscuro, premeditado. ¡Nos traicionaron!”, denuncia otra de las mujeres afectadas.
Incluso dentro del propio Ministerio de Seguridad, empleados afectados se animaron a manifestarse. Paola, trabajadora administrativa de esa cartera, dijo: “Si nos echamos para atrás, ellos van a seguir vulnerando derechos. Ya estoy atravesando problemas por la discapacidad de mi hija, así que voy a todo o nada”.
Roban pero no hacen
Mientras el Procrear funcionaba bajo criterios de acceso equitativo y sorteos públicos supervisados, las viviendas ahora entregadas fueron reasignadas vaya uno a saber bajo qué criterios. No se conoce el mecanismo de selección ni la duración de las asignaciones. La entrega fue discrecional y se realizó en un acto rodeado por un fuerte operativo de seguridad. Las pocas familias que se acercaron fueron desalojadas del predio y ni siquiera se permitió el ingreso del Defensor del Pueblo local.
Más allá de las 160 familias damnificadas en Avellaneda, lo preocupante es que Bullrich anunció que esto es apenas el comienzo. Ya anticipó nuevas entregas en otros puntos del país: Ezeiza, Morón, San Martín, San Miguel, San Nicolás, CABA, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe y Tierra del Fuego. La lógica es la misma: viviendas construidas con fondos públicos, asignadas legalmente a familias, serán reasignadas a dedo. Su dedo.
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