En sintonía con las ideas de desregulación y achicamiento del Estado de Javier Milei, el Gobierno Nacional decidió disolver la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda. Por supuesto que la excusa habitual es que de esta manera el estado va a tener menos gastos y el privado se va a hacer cargo. Sin embargo, en medio de una profunda crisis habitacional en Argentina y en el mundo, la transferencia presenta graves consecuencias.
El déficit habitacional en Argentina
El problema es que el tema habitacional en Argentina no es un problema menor. Según datos de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), basados en el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022, el déficit habitacional en el país es de 3.24 millones de viviendas, de las cuales más del 60% corresponde a un déficit cualitativo, es decir, viviendas que no cumplen con los estándares básicos de calidad y servicios.
El déficit cualitativo se nota más que nada en el hacinamiento, el mal estado de las viviendas y la falta de servicios básicos, especialmente en sectores vulnerables o muy alejados de las ciudades. Después está el déficit cuantitativo que es el más evidente, es decir la falta de viviendas propiamente dichas, que afecta a miles de familias.
La crisis habitacional y el problema de alquilar
Otra de las decisiones del Gobierno Nacional que terminaron afectando gravemente la crisis habitacional fue la eliminación de la Ley de Alquileres. A partir de diciembre del 2023, con la implementación del DNU de Javier Milei, los aumentos en los alquileres de contratos renovados se dispararon, alcanzando hasta un 400% en algunos casos. Esto dejó a muchas familias en una situación insostenible ya que no podían afrontar los nuevos costos de tener un techo.
La gente se manejó como pudo: se mudaron a otras ciudades, volvieron a vivir con los padres o, incluso, a compartir hogar por un tiempo indeterminado. Otros, ante la imposibilidad de acceder a nuevos contratos, se enfrentan a la opción de irse a vivir a la calle o compartir espacio con familiares, como es el caso de algunos inquilinos que recurren a ex parejas o abuelos para sobrevivir a la crisis.
La cosa que empeora la situación son las condiciones en las cuales se manejan quienes arriendan. A veces pidiendo el costo en dólares o simplemente costos exacerbados que empeoran la capacidad de individuos de continuar con sus viviendas. Algunos sectores inmobiliarios ofrecen renovaciones temporales para aliviar la crisis, pero la falta de opciones asequibles y la constante amenaza de aumentos complican aún más la vida de los inquilinos.
La decisión de disolver la Secretaría
La disolución de la Secretaría de Hábitat y Vivienda entra dentro del manojo de decisiones que empezaron con la pizarra y el “afuera” de Javier Milei. En teoría, la decisión busca reducir la intervención del Estado en áreas sociales clave. Según el gobierno, esta reestructuración es parte de una política de descentralización, que otorga mayor responsabilidad a las provincias y al sector privado.
Pero esta es otra pesada mochila que le llueve a las provincias de un día para el otro. Junto con la salud y la educación, esta es otra de las obligaciones que ahora las provincias se verán obligadas a financiar luego de años de que el Estado Nacional financie y gestione estas responsabilidades. La situación es aún más compleja considerando el actual déficit habitacional.
¿Qué pasa con las provincias?
En el caso de Formosa, por ejemplo, el administrador general del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), Marcelo Ugelli, explicó en una entrevista cómo las obras de viviendas que estaban en marcha podrían paralizarse debido a la falta de financiamiento nacional, aunque aclaró que la gestión formoseña las hará con fondos propios (está ya se hacía cargo del 90%). El Gobierno Provincial había firmado acuerdos con el gobierno anterior para la construcción de cerca de 2.000 viviendas en 27 localidades, pero estos proyectos se encuentran actualmente en un limbo administrativo debido a la decisión del gobierno nacional de retirar su apoyo financiero.
Ugelli destacó que, aunque se había acordado un cofinanciamiento con la Secretaría de Desarrollo Territorial, el Gobierno Nacional había decidido reducir su participación financiera a menos del 10%, lo que dejaba a las provincias con la carga de financiar el resto de las obras. Sin embargo, este acuerdo no fue suficiente para garantizar la continuidad de las obras, y el nuevo escenario creado por la disolución de la Secretaría deja a las provincias sin un interlocutor claro para negociar la continuación de los proyectos habitacionales.
Pero el problema no es sólo la paralización de proyectos. El sector de la construcción se verá afectado por la pérdida de miles de empleos directos e indirectos. En Formosa, por ejemplo, se estima que entre 8.000 y 10.000 trabajadores dependen de la construcción de viviendas en el marco de los programas nacionales. Ni hablar de los sectores industriales y logísticos asociados a la construcción, como la producción de materiales y la venta de insumos.
La crisis habitacional y el Procrear
La respuesta más potente a la crisis habitacional argentina fue el Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Procrear), que permitió a miles de familias acceder a créditos para la construcción y adquisición de viviendas. Por supuesto que el Gobierno de Javier Milei decidió eliminarlo el año pasado. Algo de lo cual se olvidó Patricia Bullrich cuando le prometió casas a los gendarmes, pero eso es para otra nota.
Cuando cerró el programa, en las provincias se creó un limbo con las familias que habían iniciado la construcción de su vivienda a través del Procrear. Hubo una suspensión de los pagos a la par de una interrupción de las obras. Esas familias no son las únicas, hoy en día nadie sabe cómo continuarán las obras o qué sucederá con las construcciones.
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