La crisis habitacional es un problema grave a nivel mundial y en Argentina, el Gobierno de Javier Milei tomó la decisión de no entregar más de 18.500 viviendas ya terminadas y de paralizar más de 100.000 obras habitacionales en todo el país. Todo esto implica un costo millonario para el Estado Nacional y una profundización de la exclusión habitacional que hace que muchísimos argentinos no puedan acceder a una vivienda propia.
Según datos que la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) mostró ante la Comisión de Hábitat y Vivienda de la Cámara de Diputados, 18.556 viviendas se encuentran terminadas pero no fueron entregadas a sus beneficiarios. El motivo: el Gobierno Nacional no abrió ninguna convocatoria en lo que va del año. Las viviendas están listas para usarse, vacías y desgastandose minuto a minuto.
Millones en viviendas vacías
De acuerdo con un cálculo actualizado con datos de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), el valor de reposición de una vivienda (es decir, lo que costaría reponerla con los precios actuales de materiales y mano de obra) era de $577.313 por metro cuadrado en septiembre de 2024. Si tenemos en cuenta la inflación acumulada de 18,9% entre septiembre y abril, hoy el costo por metro cuadrado asciende a $686.373,36.
Si se multiplica ese monto por las 18.556 viviendas terminadas y no entregadas, el resultado sería exorbitante ya que solamente ese monto se aplica a metro cuadrado y las viviendas varían entre 25 y 120 metros cuadrados. Por ello, es aún mas inaceptable que viviendas listas para ser habitadas permanezcan vacías. Estos recursos públicos están paralizados, sin ningún uso o utilidad social, mientras miles de familias continúan en condiciones de hacinamiento, pagando alquileres imposibles o viviendo en situación de emergencia.
El cierre de la Secretaría de Hábitat
Pero esto viene de la mano con otra política habitacional del Gobierno de Javier Milei: la decisión de cerrar la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda. La Secretaría dejó de funcionar el 28 de febrero. El cierre vino con la disolución de organismos clave como las subsecretarías de Hábitat, Desarrollo Territorial y la flamante área de Integración Socio Urbana, que ya había perdido el 80% de su presupuesto.
Este cierre afectó programas como Procrear, Casa Propia, Fonavi y Casa Activa, herramientas fundamentales de acceso al suelo urbano, vivienda y crédito para sectores medios y populares. Estos programas aún tienen beneficiarios que pagan las cuotas mes a mes, pero el Gobierno Nacional decidió desmantelar las estructuras que los gestionaban. Según una fuente del propio organismo, “no tienen un plan para terminar lo que está en marcha. Son políticas con normativa vigente, pero no saben cómo proceder, ni a quién adjudicar lo construido”.
Viviendas a medio hacer: 103.000 obras en ejecución
La otra cara del problema son las 103.000 obras en ejecución que también están paralizadas. Algunas apenas llegan al 20% o 40% de ejecución, pero hay otras que están al 80% o incluso al 95%. Sin embargo, todas tienen en común que el Estado nacional suspendió los desembolsos, abandonó los proyectos y retiró la conducción que se requiere para terminarlas.
Otro problema importante es que las obras no son solamente nacionales, sino que involucran fondos federales y coparticipables, como las del plan Fonavi, construidas en articulación con provincias y municipios. Ahora, sin el financiamiento nacional, muchas jurisdicciones no cuentan con recursos para finalizar los trabajos, lo que podría derivar en “elefantes blancos”: casas sin techo, sin servicios, sin destino, invadidas por el deterioro y el abandono.
En la provincia de Buenos Aires, la situación es crítica: 16.000 viviendas fueron paralizadas por el gobierno nacional, según denunció la Ministra de Hábitat bonaerense, Silvina Batakis. De ese total, algunas tenían apenas un 10% de avance, pero otras estaban listas en un 95%. “El gobierno de Milei abandonó todas las políticas públicas de vivienda sin medir las consecuencias”, afirmó Batakis.
La emergencia habitacional en números
En un país con más de 8.000.000 de inquilinos, según cifras gremiales, el acceso a una vivienda propia es uno de los principales problemas de varios argentinos. Los valores del mercado inmobiliario, los salarios depreciados y la inflación en alquileres convierten la casa propia en un sueño casi imposible. En el último sorteo de viviendas de la provincia de Buenos Aires, se inscribieron 1.400 familias para solo 60 casas.
Como es costumbre, Milei justificó su decisión en base al objetivo de alcanzar el famoso equilibrio fiscal. Pero como señaló Batakis, “el problema es que este gobierno vino a desaparecer de la oferta pública. No mide las consecuencias sociales de lo que hace”.
El ajuste no solo impacta en viviendas. La coparticipación federal se redujo un 20% en términos reales, según informó la Ministra bonaerense. Las provincias pierden margen para sostener servicios básicos, mientras que Nación concentra recursos para cumplir con metas de superávit fiscal exigidas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que monitorea de cerca la reducción del déficit, incluso a costa del gasto social.
¿Qué pasa con los créditos y los adjudicatarios?
Otro de los graves problemas de esta decisión son las miles de personas que siguen pagando cuotas de sus viviendas, sin recibir nada a cambio. Se trata de beneficiarios de créditos Procrear y Casa Propia que no tienen certezas sobre la entrega ni la finalización de las obras. Tampoco hay definiciones sobre cómo se van a manejar los contratos vigentes o qué pasará con quienes ya fueron sorteados pero no tienen asignada vivienda.
Los trabajadores del área también enfrentan un futuro incierto: 500 empleados quedarían sin funciones con el cierre de la Secretaría. Parte serían despedidos y otros pasarían a disponibilidad. Desde ATE declararon el estado de movilización permanente.
“La vivienda es una necesidad básica, y el mercado no la resuelve. Hay familias que pueden pagar un alquiler de $400.000 pero no pueden acceder a un crédito ni una casa”, explicó Batakis. Sin intervención del Estado este problema se va a seguir agravando.
A largo plazo, el costo social será aún más alto que el económico. La decisión del gobierno nacional de no entregar las viviendas terminadas, paralizar obras en curso y cerrar organismos clave de la política habitacional es una combinación peligrosa. En síntesis: millones en viviendas vacías, miles de proyectos en pausa, miles de créditos en el limbo y una emergencia habitacional que afecta con más fuerza a las familias argentinas.
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