Recientemente, la Diputada Gabriela Neme (Nuevo País) aseguró públicamente que el Gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, se encuentra imputado en una causa federal por presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos. Sin embargo, esa afirmación fue desmentida: no existe imputación alguna según los datos oficiales del expediente, que aún está en etapa preliminar. El fiscal simplemente solicitó información bancaria para avanzar en la investigación. Una vez más, Neme convirtió una causa judicial en construcción en una fake news, en lo que ya parece ser su marca registrada: instalar escándalos sin pruebas sólidas para ganar espacio en la agenda pública.
La actual Diputada provincial construyó su carrera política sobre una estrategia que combina confrontación, victimización y un uso sistemático de denuncias públicas que, en demasiadas ocasiones, terminaron siendo falsas o desmentidas por organismos oficiales. Hoy se posiciona como candidata para integrar la próxima Convención Constituyente que redactará la nueva Carta Magna.
Las denuncias falsas: un habitué de Neme
Uno de los episodios más significativos que marcaron su accionar fue la falsa denuncia sobre embarazadas originarias escondidas en el monte de El Potrillo, durante la pandemia. Esta historia (altamente difundida por medios nacionales) fue desmontada no solo por autoridades provinciales, sino también por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que determinó la inexistencia de pruebas y concluyó que las medidas cautelares fueron otorgadas en base a una operación mediática sin sustento; por la farsa se vinculó a una militante de la Diputada. Ninguna mujer estaba oculta ni estaba sin atención médica. Lo que sí existió fue una construcción deliberada para escalar en visibilidad nacional.
Neme también protagonizó controversias que rozan lo ético y lo institucional, como cuando presionó públicamente a una docente para que apruebe a una alumna, cruzando los límites de la separación entre los poderes del Estado. Y en otra línea de denuncias, acusó al sistema sanitario de perseguir y despedir empleados, cuando lo que en realidad ocurrió, según lo aclaró el propio Ministerio de Desarrollo Humano de Formosa, fue la finalización de contratos temporarios.
Otras de sus denuncias sobre el presunto desvío de fondos por parte de la Asociación de Magistrados de Formosa también fueron rotundamente desmentidas: los documentos que presentó fueron calificados como «apócrifos» por el propio Presidente de la entidad, que anunció acciones legales por calumnias e injurias.
La denuncia y victimización como estrategia electoral
Detrás de cada acusación sin pruebas hay una constante: la estrategia de Neme se apoya en la búsqueda del conflicto, la viralización de videos, la foto provocadora y la narrativa de la oposición perseguida. Este patrón le permitió ganarse un lugar en los medios y posicionarse como figura de referencia para ciertos sectores de la oposición.
Neme también fue protagonista de una escena en la que fue «detenida» por la Policía de Formosa en plena pandemia. Sin embargo, su exaliado político, Daniel Suizer, reveló públicamente que ella misma planificó ser detenida, y que incluso le comunicó previamente su intención de que el hecho se viralizara. Según el ex policía «todo estaba armado, yo la acompañaba en sus locuras, pero no había resultados concretos». Esa teatralización, afirmó Suizer, formaba parte de una estrategia de exposición personal, no de una genuina defensa de derechos al público.
Internas con otros representantes de la oposición en Formosa
En paralelo, su carrera política también carga con múltiples denuncias internas: fue acusada de traición por otros referentes del Frente Amplio Formoseño, y señalada por ex aliados de haber montado operaciones mediáticas, manipulado boletas y exigido pagos en dólares para asegurar candidaturas. Su imagen pública ha pasado de ser la de una dirigente disruptiva a la de una figura rodeada de escándalos y contradicciones.
Hoy, Gabriela Neme busca integrar el órgano que definirá los principios constitucionales de nuestro país. Resulta legítimo preguntarse: ¿puede una candidata que ha utilizado la mentira como estrategia, representar los valores de verdad, transparencia y legalidad que deben regir la redacción de una Constitución?
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